La custodia compartida deberá estudiarla el juez siempre que la solicite algún cónyuge
Casi tres años después del registro en el Parlamento vasco de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 85.000 firmas de ciudadanos vascos, la Ley de custodia compartida será una realidad el martes 30 de junio. Entonces se aprobará definitivamente en pleno del Parlamento tras prosperar en comisión gracias al respaldo de PNV, PP y UPyD. Estas formaciones han apoyado el dictamen de la ponencia sobre corresponsabilidad parental y responsabilidades familiares. El PSE de momento se ha abstenido y EH Bildu ha votado en contra del texto.
El acuerdo alcanzado por los partidos se sintetiza en que el juez aplicará la custodia compartida a petición de parte, siempre que alguno de los cónjuges lo solicite, no podrá negarse a estudiarlo. No se determina, eso sí, no de forma general y preferente, tal y como aspiraban los impulsores de la norma, la Asociación de Padres y Madres Kidetza. Los cónyuges podrán recurrir a la mediación familiar si una de las partes lo desea antes de pleitear y contarán con servicios públicos de orientación para resolver los problemas posteriores a la ruptura matrimonial. La diferencia estriba en que ahora con la ley que se aprobará en martes, este proceso está regulado mientras que hasta el momento eran los jueces los que decidían, en función de la casuística pero sin tener una referencia legal a la que agarrarse, si aplicaban o no este régimen de separación.
El uso de la vivienda
Uno de los puntos más debatidos era determinar qué cónyuges se quedaba a vivir en el piso. Finalmente se tendrá en cuenta la situación de necesidad de los cónyuges. Según recoge el documento aprobado el juez otorgará el uso de la vivienda al progenitor a quien corresponda la guarda y custodia de los hijos e hijas comunes si es lo más conveniente para el interés de estos y podrá atribuir el uso del inmueble a aquel progenitor que, aunque no tuviera la guarda y custodia de los hijos, tuviera mayores dificultades de acceso a otra vivienda.
Lo que queda pendiente de resolver en el pleno es el carácter retroactivo de la aplicación de la norma, reflejada en la disposición transitoria segunda de la ley. PNV y PP se dan de plazo hasta el próximo martes para llegar a un acuerdo. Mientra los jeltzales apuestan por un planteamiento abierto, el PP es partidario de introducir algún tipo de condicionamiento para reabrir los procedimientos. Han de ponerse de acuerdo en la formulación para permitir que parejas en las que han cambiado sus circunstancias puedan acogerse a la nueva normar y replantearse los términos establecidos por el juez tras la ruptura.
Entre los grupos favorables, la portavoz del PNV Amaia Arregi ha manifestado que con las enmiendas presentadas se ha mejorado el texto original. “Tras estudiar los distintos posicionamientos y mantener varias conversaciones y encuentros con el grupo proponente Kidetza y con varios agentes contrarias al planteamiento, todos hemos cedido y se ha sacado una buena norma”.
El interés prioritario del menor
Este régimen permite, a juicio de la representante popular, Laura Garrrido, hacer compatible el interés del menor con el principio de igualdad entre los progenitores.
El representante de UPyD, Gorka Maneiro, ha manifestado su satisfacción al considerar que se ha logrado “una buena ley”. Considera que se está defendiendo el derecho de los menores a relacionarse en igualdad con ambos progenitores y se prima el interés prioritario del menor. “Tomando en consideración siempre el interés del menor se alternará el ejercicio de los derechos y obligaciones por períodos de tiempo igualitarios en la medida de los posible”.
El PSE, que se ha abstenido en la votación del articulado, se ha reservado su posicionamiento final para el pleno del próximo martes. Mari Carmen Gallastegi ha advertido que el sentido de su voto puede cambiar. “Tras la precipitación con la que se ha realizado el último proceso, con el contenido del texto definitivo y de las enmiendas reservadas no es posible conocer el alcance de la norma”, ha reprochado.
Prácticamente desde los inicios de la tramitación desde EH Bildu han rechazado la regulación propuesta. Diana Urrea considera que el texto final “responde a la ideología del patriarcado” y ha insistido en que no existe, a su juicio, una solución única para todos los casos. “Es necesario un traje a medida y no establecer un único modelo para todos los casos. Siguen prevaleciendo los intereses de los progenitores al interés superior del menor”, ha declarado Urrea. La parlamentaria ha insistido en que la igualdad no se promoverá por este tipo de custodia sino por una corresponsabilidad desde el nacimiento del hijo. “Se han de buscar fórmulas previas a la ruptura”. Ha recordado informes de Emakunde que reflejan que desde el 2008 a actualidad las peticiones de custodia compartida se ha elevado de un 7% a un 11%. “No necesitábamos ninguna ley de este tipo”.
