La denunciante del 'caso De Miguel', ¿testigo protegido en el juicio?
Después de la segunda sesión consecutiva en el juicio del 'caso De Miguel' de apenas una hora de duración, la noticia ha saltado no en los interrogatorios a los ertzainas que siguen desfilando sino al término de la vista. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, ha comunicado a los presentes que iban a recibir una notificación importante. Y así ha sido. La Fiscalía ha solicitado para la denunciante de esta trama de corrupción, Ainhoa Alberdi, la consideración de testigo protegido por ser víctima de graves delitos. Esta consideración podrá suponer que Alberdi no tenga que comparecer físicamente en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Álava, que la espera los días 5, 6 y 14 de marzo.
En diciembre de 2009, Alberdi empresaria y abogada urbanista, acudió a la Fiscalía de Álava con 24 grabaciones sonoras y un puñado de correos electrónicos. Estaba asociada en la empresa Urbanorma Consulting con el constructor Jon Iñaki Echaburu, que había abandonado la sociedad. Urbanorma Consulting había recibido recientemente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano, a las afueras de Vitoria, Cuando Echaburu -afiliado al PNV y contratista habitual de los Departamentos de Seguridad y Educación- salió de la compañía, dos dirigentes políticos del partido, Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, le ‘recordaron’ que tenía que “pasar por caja” por haber recibido ‘a dedo’ la adjudicación de Miñano. Hasta su padre había recibido la visita de los ‘burukides’. 100.000 euros era el ‘peaje’ y Kataia Consulting la asesoría sin actividad que se utilizaría como empresa pantalla para la operación.
Desde entonces, Alberdi ha ratificado su testimonio en varias ocasiones. Lo hizo al trasladar su denuncia al juez Roberto Ramos después de que el fiscal Josu Izaguirre presentara como propia su denuncia y también en la comisión de investigación que sobre la materia se realizó en el Parlamento.
La denunciante, en estos años, siempre se ha mantenido en un segundo plano por decisión propia. De hecho, llegó a activar un proceso penal contra el diario 'El Mundo' por la publicación de su fotografía. Asimismo, cuando le tocó participar en la comisión parlamentaria, la sesión se celebró de manera extraordinaria en la comisaría de la Ertzaintza en Vitoria y no en la Cámara.
Tras la petición de la Fiscalía en nombre de Alberdi, la sesión del jueves del juicio del 'caso De Miguel' incorporará un nuevo punto en su orden del día. El tribunal preguntará a las partes personadas si aceptan la especial protección para la denunciante. Algunos abogados de los imputados ya han manifestado su rechazo a semejante medida, aunque la última palabra será del tribunal, quien también tiene potestad para establecer la fórmular para garantizar la intimidad y seguridad de Alberdi.
El ministerio público remarcará que el Estatuto de la Víctima obliga al tribunal a adoptar de oficio algunas cautelas por el simple hecho de que su presencia en la sala podría obligarle a coincidir en la entrada con las personas acusadas de haberla coaccionado. “Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada”, reseña esta normativa.
Además de Alberdi, la semana próxima están citadas otras dos personas que soportan la versión de la abogada urbanista. Son su padre, quien mantuvo contactos con De Miguel y Tellería, y su colega Beatriz Vicinay. En ambos casos se trata de testigos ordinarios.
