La propuesta de reforma de la renta de garantía de ingresos, el salario social vasco para quienes no tienen recursos o acreditan sueldos o pensiones exiguas (conocido por sus siglas RGI), que fue esbozada en el Parlamento el miércoles por la consejera Beatriz Artolazabal (PNV), es solamente eso, una propuesta. Pero el debate en torno a algunos de sus puntos más polémicos ya está muy vivo. ¿Es justo que se limite a una la prestación por vivienda cuando hay muchas personas que comparten piso? ¿Qué ocurrirá con las cuantías planteadas en el futuro si no se vinculan con el SMI o, como defendía hace unos meses el propio Gobierno, con el IPC? Prácticamente todas las voces consultadas por eldiarionorte.es coinciden en señalar que las medidas propuestas “suponen un cambio de escenario”, una nueva manera de entender la RGI diferenciada del modelo alumbrado en 2008 y que se ha ido modulando desde entonces, sobre todo en lo que a recortes de cuantías se refiere. Otras opiniones, en cambio, resaltan aspectos positivos como la mayor progresividad en las cuantías para 'premiar' a las familias con hijos.

Pedro Sánchez es trabajador social y fue director de prestaciones sociales en el Gobierno vasco entre 2009 y 2012, con la socialista Gemma Zabaleta como consejera. A su entender, la propuesta presentada en la Cámara tiene “conclusiones preocupantes”. A su entender, limitar a una prestación por vivienda y hacer que los ingresos de todos los ocupantes de la casa computen a la hora de calcular si se tiene derecho o no a la ayuda hará que “en la mayor parte de los casos no haya ni siquiera una RGI en la vivienda, sino cero”. “Te obligan a estar de acuerdo con un señor con el que no tienes nada que ver”, asegura Sánchez sobre la posibilidad de que varias personas que compartan un alquiler tengan que compartir también una fuente de ingresos y todas las obligaciones que conlleva la RGI, como la disposición a trabajar o aceptar cursos de formación o las limitaciones para realizar determinados gastos que se consideran superfluos o viajes. 

Durante su etapa en el Ejecutivo, se decidió restringir el derecho a dos RGI por vivienda. Sánchez, que reconoce que en aquellos años del PSE-EE “hubo recortes”, explica que ellos valoraron articular excepciones para que los servicios sociales municipales autorizaran una tercera prestación por domicilio en casos especiales. Ahora, en vista de la propuesta del PNV, recuerda cómo una importante institución municipal dirigida por los nacionalistas y con un gasto millonario en ayudas avisó de que iba a dar la orden de que la excepción se convirtiera en norma y no se aplicara el límite de dos RGI por hogar. La entonces portavoz en la materia del PNV en el Parlamento, Eider Mendoza, ya aseguró que era un recorte inaceptable.

“Puede conducir a ingresos en negro”

El exresponsable de la RGI duda también de si el sistema incentivará o no el empleo, de si se cumplirá el deseo teórico de que sea mejor trabajar, aunque sea en precario, que quedarse en casa a vivir subsidiado. Por ejemplo, el máximo a percibir en concepto de “estímulos al empleo” se fija en 400 euros, que es la cantidad que complementaría a los sueldos precarios. Es cierto que ahora se propone que no sea un sistema temporal, sino que el que lo necesite pueda tener este ingreso 'extra' vía RGI de manera indefinida. “¿Te vas a poner a trabajar por un empleo por horas de 100 ó 200 euros cuando automáticamente vas a tener un tope de 400 euros?”, se pregunta Sánchez, que subraya que la modalidad básica de la ayuda, sin más ingresos, es de 650 euros, “suficiente” para vivir según ha dicho en Radio Euskadi la consejera Artolazabal. “Esto puede conducir a ingresos en negro”, valora Sánchez.

“suficiente” para vivir según ha dicho en Radio Euskadi la consejera Artolazabal

Desde el ámbito sindical también han sido muchas las voces que han valorado la reforma de la RGI. El secretario general de ELA, 'Txiki' Muñoz, ha denunciado que los cambios planteados por el Gobierno de PNV y PSE-EE vienen a satisfacer viejas reclamaciones del PP, el partido que más ha “criminalizado” la prestación. Se refería a la polémica suscitada en su momento con el que fuera alcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien vinculó el fraude y los abusos con la población magrebí y que acompañó esas reflexiones con una campaña de recogida de firmas para promover una reforma parlamentaria a través de una iniciativa legislativa popular (ILP).

Desde ESK-Argilan, Josu Balmaseda pide abiertamente la dimisión de Artolazabal, quien a su juicio ni siquiera supo responder a las dudas que manifestó la oposición tras la presentación de su decálogo de propuestas. “Hay un cambio de escenario. La filosofía del primer ingreso mínimo de inserción (IMI) era acabar con la pobreza, como ocurría en las sucesivas leyes a lo largo de los años. Pero ahora cambia. Ahora dicen que quieren gastar X y acabar con el máximo de pobreza con ello. Han cogido la calculadora”, reflexiona. 

“Debería duplicar el presupuesto de RGI”

Según los datos de esta central, que presta asesoramiento en materia de prestaciones sociales, “a pesar de la RGI” hay “123.000 personas” en Euskadi que “siguen siendo pobres”, la mitad porque no acceden a la prestación por no cumplir los requisitos y la otra mitad porque aun cobrándola no tienen recursos suficientes. “Hoy se gastan 517 millones contra la pobreza y para acabar con ella harían falta 1.150. El Gobierno vasco debería duplicar su presupuesto y no gastar menos dinero, como se plantea”, abunda Balmaseda.

Sobre la propuesta de limitar a una las RGI por vivienda, ESK-Argilan reconoce que “seguro que existen parejas que no deberían cobrar dos ayudas al simular que están separados”, que es el motivo oficial de este cambio, pero añade que son “una minoría” frente a quienes se ven abocados a compartir viviendas por el alto coste de los alquileres. “Es como cuando un alumno monta un cristo en clase y castigan a todos”, ironiza. Hay unos 6.000 casos de RGI dobles en una misma vivienda, el 10% del total de beneficiarios.

Pero no todo son críticas a la reforma planteada por el Gobierno y en la que el Ejecutivo ha estado trabajando varios meses apoyado, según indicó Artolazabal, por agentes sociales. Desde Save the Children, una portavoz ha manifestado en la Cadena Ser que es un avance que la RGI se convierta en una prestación más progresiva. Hasta ahora cobraba lo mismo una pareja con un niño que con cinco y el Ejecutivo está dispuesto a modificar ese sistema. “Nos parece insuficiente pero no hay que dejar de reconocer eso”, ha indicado esta organización de apoyo a la infancia.

Expertos que han colaborado con el desarrollo del plan de reforma de la RGI coinciden también en la importancia de dotar al sistema de “mayor progresividad”. Sobre las restricciones por vivienda, insisten en la importancia de esperar a que se “desarrollen excepciones” antes de valorar sus posibles efectos negativos en determinados colectivos. Y, finalmente, en torno a la no vinculación de la RGI con el SMI, estas fuentes insisten en que ese indicador es tan “arbitrario” (lo fija el Gobierno central) como lo será el sistema actual, por el cual será el Gobierno autonómico el que establezca libremente las cuantías en los presupuestos de cada año. 

Un mes para estudiar el plan

A partir de ahora, la pelota sobre la reforma de la RGI está en el tejado del Parlamento, donde se prevé que se constituya una ponencia para dar forma a una reforma legislativa imprescindible si se quieren implementar la mayoría de los cambios. Fuentes parlamentarias explican que los partidos disponen de un mes aproximadamente para valorar el documento presentado por la consejera Artolazabal y que será entonces cuando se fijen los plazos y el plan de trabajo para hincar el diente a un asunto espinoso. Los precedentes no son halagüeños: la pasada legislatura se crearon sendas ponencias para reformar el Estatuto y para la refundación de EiTB y en ambos casos los grupos de trabajo no llegaron a ninguna conclusión y han tenido que volver a retomarse en esta legislatura.

La oposición, en todo caso, ya adelantó el propio miércoles su frialdad ante el plan del Gobierno. El PP sostuvo que llega tarde y que se queda corto en algunos puntos -no retirar la RGI a los extranjeros sin permiso de residencia, por ejemplo- y criticó que se plantee que “prescriba” en dos años la obligación de devolver pagos indebidos. EH Bildu denunció recortes y emplazó al Ejecutivo a que decida si quiere sacar adelante una reforma progresista con la izquierda o con el PP. 

Elkarrekin Podemos, finalmente, ha ofrecido una rueda de prensa para mostrar su enfado con algunos de los cambios planteados. Tinixara Guanche ha lamentado que con un fraude bajo (“del 0,29%”) se planteen tantos mecanismos de control y se “criminalice” a los perceptores. “Están desvirtuando un derecho y las restricciones en la RGI son la otra cara de la moneda del pacto con el PP”, ha dicho Guanche sobre los acuerdos presupuestarios del Gobierno de Iñigo Urkullu con el partido de Alfonso Alonso.