El sector naval español gana la batalla del antiguo ‘tax lease’ a la Comisión Europea
El Tribunal General de la UE ha fallado en contra de la Comisión Europea y a favor de los recursos que fueron presentados por España, por Pymar –la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles– y LICO. La sentencia anula la decisión de la Comisión Europea de 17 de julio de 2013, que fue el resultado de un procedimiento iniciado en junio de 2011 y que afectaba a 273 transacciones por un valor total de 8.727.997.332 euros, el cual culminó considerando ayuda de estado incompatible con el mercado interior al antiguo sistema de ‘tax lease’ aplicado en España entre los años 2007 y 2011.
El Tribunal ha determinado que el denominado sistema español de arrendamiento fiscal no constituía ayuda de estado, tal y como defendió España y Pymar desde un primer momento. El Tribunal considera que este sistema no tiene carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema.
Como consecuencia de esta sentencia, quedará anulada igualmente la orden de recuperación de las supuestas ayudas concedidas a través del referido sistema, proceso que el Ministerio de Hacienda y Administración Públicas ya había iniciado por petición de los servicios de competencia de la Comisión Europea. La sentencia condena asimismo en costas a la CE.
La Consejera Delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, ha expresado su satisfacción por la sentencia: “Ha quedado probado ante la justicia europea que todo lo que hicimos desde España con el antiguo sistema de ‘tax lease’ era totalmente legal y ajustado a derecho”. Considera que el resultado obtenido hoy es fruto de una “ejemplar estrategia de unidad y coordinación” entre todos los agentes del sector en España y de un “infatigable” trabajo jurídico. En este sentido, ha querido resaltar que “la sentencia favorable a España nunca se habría producido de no ser por la cohesión con la que se ha actuado frente a un tratamiento discriminatorio por parte de la Comisión y ante una sentencia arbitraria e injusta”.
La sentencia condena asimismo en costas a la CE
López del Pozo recuerda que los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, junto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, el Gobierno Vasco, los grupos parlamentarios europeos, los sindicatos y Pymar, en representación de los astilleros privados, se trasladaron juntos a Bruselas hace ya dos años y medio “para impedir una decisión errónea de la Comisión Europea. Ese es el espíritu que hoy nos ha permitido que se haga justicia”.
Debido a la incertudumbre jurídica provocada por este proceso, los astilleros españoles han venido sufriendo suspensión y pérdidas de contratos. La Consejera Delegada ha asegurado que Pymar estudiará todas las posibilidades legales para que se reparen los daños y perjuicios causados al sector naval privado español en términos de empleo, económicos y reputacionales, que se ocasionaron al sector de los astilleros privados. López del Pozo ha manifestado que es hora de que se acabe el trato discriminatorio de la Comisión Europea al sector naval privado español.
Asociaciones regionales del sector, Aclunaga y Foro Marítimo Vasco, presentaron hace más de dos años una denuncia contra el sistema de ‘tax lease’ holandés. La Comisión Europea, a día de hoy, no ha abierto procedimiento.
Apertura de investigación bajo el mandato de Almunia
La apertura del expediente de investigación se produjo en un duro contexto de crisis económica, bajo el mandato del entonces Comisario de Competencia y Vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Supuso la inmediata paralización de pedidos de nuevas construcciones en España y conllevó un drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos devastadores para la industria naval.
La competencia de los astilleros privados españoles, fundamentalmente los astilleros holandeses, artífices y firmantes de las denuncias que provocaron el inicio del procedimiento de investigación por parte de la Comisión, vieron incrementarse vertiginosamente su cartera de pedidos, alcanzando un nivel de contratación sin precedentes que en 2013 fue un 80% superior al de 2010. Este trasvase de pedidos que se produjo desde España a Holanda, se materializó especialmente en la cartera de buques offshore. Según información publicada por Clarksons, España pasó de contar con 27 unidades en cartera en 2010 a tan solo 8 en 2014, mientras que Holanda disparó su cartera entre esos mismo años, de 7 en 2010 a 55 en 2014.
