Un estudio oficial certifica la existencia de más de 4.100 denuncias de torturas en Euskadi

Un informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad pública vasca certifica que entre 1960 y 2014 se han denunciado un total de 4.113 casos de torturas en Euskadi. De ellas, un 17% lo han sido en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que denunciaron torturas es de 3.415, según el documento, encargado por el Gobierno vasco dentro de su plan de Convivencia. El documento, que cuenta con el aval explícito del Ejecutivo que lidera Iñigo Urkullu, constata además que las cifras de los casos de malos tratos se quedan cortas y “se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados”.

El informe da veracidad a las denuncias en base a la “prueba testifical, la prueba documental y la prueba pericial con más de 26.113 documentos analizados, según se apunta en el documento, presentado públicamente esta tarde en San Sebastián.

El estudio, dirigido por el prestigioso forense Francisco Etxeberria y encargado en 2014 por la Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo autonómico -que lidera Jonan Fernández-, ha sido realizado por un equipo multidisciplinar creado en torno al Instituto Vasco de Criminología de UPV.  El equipo ha incluido a expertos en criminología, psicología, derecho, medicina forense e informática y la participación también de tres observadores internacionales. El proyecto recogió 500 testimonios directos de víctimas de tortura y malos tratos, a los que se suma el material documental de testimonios recogidos anteriormente y recopilados por esta investigación en audio y en vídeo son en total más de 1.027 testimonios.

“La investigación ha establecido un censo de 4.113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) que han denunciado de forma pública o judicial haber sido objeto de malos tratos o torturas por parte de funcionarios públicos policiales. De ellas, un 17% lo han sido en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que denunciaron torturas es de 3.415. Estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados, ya que al menos en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solamente hemos podido registrar 1.081 (son el 26,4% del total de los registrados), mientras la práctica generalizada de la tortura en esa época señala que su dimensión fue mucho mayor”, se afirma textualmente en el informe oficial. Más del 70% de los casos certificados en la investigación se produjeron ya en democracia.

Los responsables de la investigación han constatado un “descenso paulatino de las denuncias” a partir del año 2004, y el informe revela que no existe “ningún caso registrado en nuestro poder el 2015 y 2016”. La Policía Nacional estaría implicada en 1.792 casos de tortura y la Guardia Civil sería responsable, según el informe, de 1.985 casos. La Ertzaintza (policía vasca) estaría involucrada en otros 336 casos.

¿Qué tipo de torturas? El informe señala que los métodos de tortura fueron evolucionando a partir de principios de los años 90 desde el daño físico (asfixia en una bañera, aplicación de electricidad y palizas, entre otros) hasta otro tipo de malos tratos “más difíciles de detectar en exámenes forenses” como “maniobras de asfixia como la bolsa, posturas forzadas o ejercicios extenuantes, amenazas y humillaciones, desnudo forzados y vejaciones sexuales”.

El 43% de las personas que denunciaron malos tratos y torturas, según el informe, fueron dejadas en libertad, el 35,6% sin cargo y el 6,4% en libertad provisional. La media de días de incomunicación fue de 4,9 días. El mayor número de detenciones se produjo en los años ochenta (35% de la muestra) y a partir del año 2000 (31% de la muestra). “La distribución de estos casos sigue la misma tendencia que la muestra general de denuncias de los 4.113 casos”, apuntan.

El PSE, no comparte el informe

El estudio incluye un apartado cualitativo legal en el que se analizan las sentencias judiciales dictadas por los tribunales (Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo con condenas firmes en casos producidos entre 1979-1992) sobre las denuncias de torturas. “En dichos casos”, revela el estudio, “se demostró la práctica de torturas brutales contra personas detenidas, y que se dieron en los mismos centros de detención, tanto de la Policía como de la Guardia Civil”. En total se han producido 20 sentencias firmes del Tribunal Supremo, con 9 sentencias condenatorias que corresponden a la Policía Nacional y 11 a la Guardia Civil, condenando a 49 funcionarios (1 mujer y 48 hombres) por hechos cometidos contra 31 personas (4 mujeres y 27 hombres) bajo régimen de incomunicación.

El documento constata que no se ha dictado “ninguna condena” contra la Ertzaintza por estos tribunales. Con todo, el principal sindicato de la Ertzaintza, ErNE, ha criticado con dureza el documento gubernamental, basado exclusivamente en las denuncias de los afectados“ y no en condenas judiciales, y dice que ”no refleja la realidad de los hechos“. ”No podemos entender cómo 314 casos (310 de la Ertzaintza y 4 de las policías locales) puede ser incluidos y avalador por el Gobierno vasco como casos claros de torturas o malos tratos cuando no existe ninguna resolución judicial condenatorio“, critica. Los socialistas vascos, socios del PNV en el Ejecutivo autonómico, tampoco comparten el resultado del informe. ”No vamos a respaldar las propuestas que plantea, ni como partido ni como parte del Gobierno vasco, porque adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas“, han señalado en una nota. El partido que lidera Idoia Mendia cree un ”error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada“.

El objetivo del estudio, encargado en 2014 por el Gobierno vasco dentro de su Plan de Paz y Convivencia, era acercarse “a la realidad objetiva del fenómeno de la tortura en nuestro contexto recogiendo los antecedentes y elaborando un censo a lo largo del tiempo entre 1960 y 2014”. Además, los autores han presentado una serie de “medidas de reconocimiento, reparación y prevención” dentro del apartado de conclusiones. Entre las conclusiones se defiende la necesidad de investigar las denuncias, se rechazan los indultos a agentes condenados por malos tratos o torturas y el régimen de incomunicación, entre otras. Los investigadores señalan en su informe las sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, contra España por no investigar las denuncias de torturas. Hasta ocho condenas suma el Estado español por no investigar este tipo de denuncias desde que firmó el Convenio Europeo de Dererechos Humanos. 

En ese sentido, Jonan Fernández, secretario general de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno vasco, ha destacado en la presentación del documento que el informe demuestra que la tortura y los malos tratos “han tenido una presencia importante en Euskadi desde 1960 y que buena parte de las denuncias ”no fueron suficientemente investigadas y estuvieron principalmente vinculadas a periodos de incomunicación“.

El informe hace suya la propuesta de una ley vasca de prevención de la tortura, planteada por el profesor José Luis de la Cuesta con el objetivo de “prevenir y reparar a las victimaciones por torturas y otros malos tratos”.