La explotación laboral acaba con un proyecto de investigación contra el cáncer en la Universidad vasca

La explotación laboral ha provocado el cierre de un laboratorio y la disolución del grupo de investigación de Oncología Traslacional de la Universidad del País Vasco (UPV). Antonio García Blesa, un investigador postdoctoral en Inmunología, denunció en su día las malas condiciones laborales que le imponía la responsable del grupo, como obligarle a realizar jornadas de “hasta 12 y 13 horas diarias”. García Blesa estaba contratado a tiempo parcial por la UPV con un 70% de dedicación proporcional a una semana laboral de 35 horas.

El caso es que García Blesa, contratado en diciembre de 2015 y centrado en la investigación del cáncer de vejiga, denunció pasados unos meses su situación y la del personal docente e investigador laboral del grupo ante la Inspección de Trabajo. Esta institución investigó la denuncia y recomendó a la UPV adoptar una serie de medidas para acabar con la explotación. La UPV a su vez trasladó a la Fundación Ikerbasque (responsable de la contratación de la investigadora principal) la situación y las medidas a adoptar, pero como pasado el plazo de tiempo concedido por la Inspección todo seguía igual, la UPV optó por clausurar el laboratorio y disolver el grupo el pasado 19 de enero.

Desde la Universidad del País Vasco puntualizan que la Fundación Ikerbasque (dependiente exclusivamente del Gobierno vasco) es la institución responsable de la contratación de la investigadora principal y responsable del grupo de investigación. “Cuando tuvimos conocimiento de lo que pasaba le planteamos una serie de medidas a Ikerbasque, pero al no cumplirlas se ha disuelto el grupo”. La Fundación Ikerbasque se dedica, entre otras cuestiones, a la contratación de investigadores de reconocido prestigio para liderar proyectos y los pone a disposición de la UPV (o de otras instituciones). La Universidad, a su vez, pone un equipo alrededor de ese investigador principal (en el caso de Oncología Traslacional estaba formado por cuatro personas). Así, la nómina de Antonio García Blesa sí dependía de la UPV, pero la de la responsable del grupo era competencia de Ikerbasque. La ventaja de esta fórmula de colaboración entre la UPV e Ikerbasque es que la Universidad puede contar con reputados investigadores de una manera rápida y ágil sin tener que pasar por farragosos y burocráticos procesos de contratación.

Varias medidas

La Inspección de Trabajo y el propio Servicio de Prevención de la UPV habían planteado a Ikerbasque varias medidas:

1-Ajustar la duración de la jornada a lo dispuesto en el contrato de trabajo

2-Evitar el envío de correos electrónicos a equipos privados para dar consignas laborales

3-Evitar conductas hostiles y generadoras de estrés

4-Establecer pautas de trabajo que reduzcan la carga mental y física

5.Facilitar a todo el personal adscrito al grupo de investigación el instrumental, equipamiento y formación que precise.

Ikerbasque

Desde la Fundación Ikerbasque, aseguran que activaron el Protocolo de Gestión de Conflictividad Interpersonal tras recibir una serie de “indicios” el 20 de septiembre de 2016. El objetivo de este Protocolo es “establecer un procedimiento de actuación garantista para todas las partes en el caso de que se den indicios de comportamientos que conlleven conflictividad interpersonal en el ámbito laboral”.

Así, este protocolo ha conllevado la constitución de una comisión de investigación cuyas recomendaciones “Ikerbasque se encuentra en proceso de implementación”.

Antonio García Blesa asegura que el exceso de horas de trabajo del personal docente laboral resulta “extrapolable” a muchas universidades españolas. Sin embargo, lo ocurrido en la UPV es “una de las pocas veces en que una universidad clausura un laboratorio” debido al trato que recibe el personal docente investigador. El investigador llegó a ser cesado por la UPV el 7 de marzo de 2016 cuando se encontraba de baja laboral. Días después, la propia Universidad dio marcha atrás y revocó el cese.