El fiscal ve un posible delito de encubrimiento de Corres en el 'caso Epsilon'
Julián Sánchez Alegría, expresidente de los parques tecnólogicos del País Vasco, es el primer alto cargo político imputado por el conocido como 'caso Epsilon', el fallido proyecto automovilístico que impulso el Gobierno de Ibarretxe y que supuso la pérdida de 48 millones de euros de ayudas públicas. Pero el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, también ha puesto la lupa en la actuación del presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, José Miguel Corres Abasolo, durante la investigación de la Fiscalía alavesa, porque podría tener implicaciones penales: en concreto la supuesta comisión de un delito de encubrimiento que ahora investigará un juez tras la decisión de Izagirre de deducir testimonio al juzgado decano para que se abra un procedimiento penal por los delitos de encubrimiento, falso testimonio, infidelidad en la custodia de documento y falsedad documental .
Durante la investigación, Corres, responsable también del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Álava (PTA), fue requerido por la Fiscalía para que remitiera toda la información -informes legales, correos electrónicos, etc- que pudiera haber entre el PTA y el bufete de abogados que asesoraba al parque (Uría-Menéndez) en relación, entre otros asuntos, a la operación de la cesión de rango del crédito hipotecario por valor de 16 millones de euros a Kutxa y Caja Vital sin contraprestación alguna que limitara el quebranto económico y el “perjuicio patrimonial” para el parque si, como ocurrió, la operación fallaba.
Izaguirre responsabiliza a Sánchez Alegría de la operación por la cual se facilitó a los promotores de 'Epsilon' el acceso a ese crédito de 16 millones para adquirir unas instalaciones en el Parque Tecnológico de Álava, en una decisión que la mayoría de partidos vascos han interpretado como un 'aval encubierto'. Aquella decisión incluía el compromiso de que en caso de que 'Epsilon' no pudiera hacer frente a la devolución del préstamo, las instituciones vascas asumirían ese pago y se quedarían con la propiedad de las instalaciones. Finalmente fue esto lo que sucedió y las instituciones tuvieron que pagar el crédito de 'Epsilon'.
Informes del Gobierno y del bufete Uría-Menéndez
Pero hubo varios informes oficiales del Gobierno de la época (etapa del lehendakari Juan José Ibarretxe) y del bufete que asesoraba al PTA que desaconsejaban la operación, la tildaban de ayudas de Estado y subrayaban que excedía del objeto social del parque tecnológico y comprometía el futuro financiero del parque. Incluidos unos correos electrónicos entre el bufete y los responsables del parque tecnológico sobre el tema. El fiscal solicitó toda esa documentación a los responsables del parque el 24 de febrero de 2014. Ante la “insuficiencia de la documentación remitida”, la volvió a pedir, esta vez al presidente Corres, el 13 de junio de 2014.
La contestación de José Miguel Corres el 19 de junio fue que no constaban “en los archivos de la sociedad informes o notas internas emitidos con carácter previo a dicha fecha”. El Fiscal volvió a pedirle la informacion el 9 de julio de 2014 a lo que el presidente reiteró que “una vez analizada toda la información de que se dispone, indicar que no nos consta que entre las reuniones del Consejo de Administración del PTA de 26 de noviembre de 2008 y de 16 de marzo de de 2009 se emitiera informe alguno por organos del PTA o por entidades externas sobre las operaciones de cesión del rango hipotecario y/o asunción de las deudas de Kutxa y Caja Vital”. Y en la declaracióin que prestó Corres en calidad de testigo ante el fiscal Izagirre el 11 de septiembre de 2014 el presidente del parque reiteró que había “hablado mil veces de ello” [con Uría y Menéndez] y que “no le dicen que exista un informe escrito”, y “preguntado si Uría y Menéndez le han dicho alguna vez que exista algún correo sobre este tema, manifiesta que nunca”.
Inasequible al desaliento, el fiscal optó por pedir al día siguiente esa información directamente al Parlamento vasco, en concreto a la comisión de investigación abierta en la Cámara vasca sobre Epsilon y las ayudas de las instituciones públicas al citado proyecto. Y es de esa institución desde la que se le envía al fiscal Izagirre los informes del gobierno, el elaborado por el bufete y la correspondencia entre el despacho de abogados y el Parque Tecnológico de Álava, “cuya existencia había sido negada por escrito y de palabra por el señor Corres con plena conciencia de que faltaba a la verdad y la voluntad de impedir o, cuando menos, retrasar la investigación de la Fiscalía Provincial de Álava”.
