Calparsoro reclama que los fiscales estén en la apertura de fosas del franquismo
Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco sigue poniendo deberes a su jefe, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Tras la petición de una Fiscalía Anticorrupción para Euskadi, apoyada por el Consejo Fiscal en su reunión de la semana pasada, Calparsoro ha elevado otra reclamación al fiscal general: que los representantes del ministerio público estén presentes en las exhumaciones de las fosas comunes de represaliados o desaparecidos de la dictadura franquista.
La petición viene recogida en un informe de 15 páginas incluido en la Memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2013, que en principio el propio fiscal superior tiene previsto presentar públicamente en los próximos días, previsiblemente este miércoles.
“Creemos conveniente que se aborde una directriz o instrucción sobre intervención y presencia del Ministerio Fiscal en las excavaciones y exhumaciones de presunta fosa común o de algún lugar donde presuntamente podrían estar enterradas personas desaparecidas”, se reclama en el documento incluido en la memoria de la fiscalía referente al pasado año.
En el informe se recuerda que España es parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas hecha en Nueva York el de 20 diciembre de 2006. El Instrumento de Ratificación por España se publicó en el Boletín Oficial del Estado con fecha 18 de febrero de 2011. Calparsoro basa su defensa de la intervención de los fiscales en las exhumaciones precisamente en las obligaciones que tienen los Estados que han firmado.
El artículo 2 de la Convención define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Dificultades
La petición del fiscal superior surgió de una recomendación que le hicieron los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las desapariciones forzadas o involuntarias en una visita que giraron a España en otoño del pasado año. Los miembros del citado comité de la ONU mantuvieron encuentros también con el propio Fiscal General, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y con el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, entre otros. “Ellos recomendaban que en estos casos estuvieran presentes los fiscales de guardia, y de ahí surge mi petición al fiscal general”, explica Calparsoro.
El fiscal superior no oculta las dificultades para que, en este caso, la Fiscalía General del Estado haga suya esta reclamación. Calparsoro, conocedor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las investigaciones de los delitos cometidos durante la dictadura, sabe que ese tipo de delitos están prescritos, que sus autores son desconocidos y además está la Ley de Amnistía que impide investigar este tipo de hechos si se han producido antes de 1977. Pero la misma sentencia del Alto Tribunal que marca la citada jurisprudencia abre la vía a algún tipo de diligencias judiciales en el momento en el que se encuentra una posible víctima del franquismo en una fosa.
“Desde el primer minuto”
“Se puede investigar la causa de la muerte, efectuar una autopsia por parte de un forense, incluso intentar identificar a la víctima. Lo lógico es que los fiscales estemos desde el primer minuto presentes en las exhumaciones”, apunta Calparsoro a el diarionorte.es.
La petición del fiscal superior surgió de una recomendación que le hicieron los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las desapariciones forzadas o involuntarias en una visita que giraron a España en otoño del pasado año. Los miembros del citado comité de la ONU mantuvieron encuentros también con el propio Fiscal General, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y con el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, entre otros. “Ellos recomendaban que en estos casos estuvieran presentes los fiscales de guardia y de ahí surge mi petición al fiscal general”, explica.
La petición de Calparsoro casa bien con lo defendido por Pablo Greiff, relator especial de la ONU, en su informe sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El modelo vigente de “privatización” de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las insituciones estatales...“, apunta Greiff. Además, censura con dureza las ”interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía“ que ”no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación“.
