Imputado por fraude y malversación un exasesor del presidente del PNV
El llamado caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que cobró durante tres años de una empresa pública cerca de 200.000 euros sin ir a trabajar, tiene más novedades. Un juzgado de Barakaldo ha iniciado una investigación formal y, además de a Juan Cruz Nieves, imputa los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación a un exasesor del actual presidente del PNV, Andoni Ortuzar. El imputado es Iñigo Camino, destacado miembro del PNV, quien entre abril de 2008 a septiembre de 2009 estuvo también como como adjunto a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra sin acudir en ningún momento a su puesto de trabajo. Durante ese periodo fue uno de los princiapes asesores de Ortuzar y diseñó la ideología de los peneuvistas para los próximos años.
Como ha venido informando desde enero el diarionorte.es, la Inspección de Trabajo de Bizkaia, que inició una investigación hace casi un año, ha sancionado tanto a Juan Cruz Nieves, (quien fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao) como a la empresa pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao.
El informe, elaborado el pasado mes de marzo, constata que el alto cargo ha percibido desde febrero de 2011, cuando se adscribió como adjunto a la gerencia de Ibarzarharra, cerca de 59.000 euros brutos anuales, a lo que se une un variable anual de otros casi 12.000, sin realizar ninguna actividad, ni siquiera externa. A ello se añade el hecho de que Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.
Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de eldiarionorte.es, se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido y todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad. Pero no ha devuelto los cerca de 200.000 euros.
Investigación de la Fiscalía
El informe de la Inspección de Trabajo, debido a la gravedad de los hechos, fue trasladado a la Fiscalía, que en marzo inició una investigación oficial. El acta de Trabajo no proponía sanciones para el exasesor Iñigo Camino al haber prescrito los hechos en el área laboral. Pero la Fiscalía ve delitos penales, por lo que le ha incluido en la investigación.
De hecho, la Fiscalía tenía un plazo para su investigación, en la que debía confirmar las irregularidades o archivar el caso. Pero antes de que terminase ya ha remitido el caso a un juzgado en el que imputa a Nieves y Camino de los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación al tratarse de dinero público. La investigación está en manos del juzgado de instrucción número 2 de Barakaldo.
Camino, ex director de Radio Euskadi y del diario Deia, afín al PNV, cobraba 58.000 euros brutos anuales, lo que supone en ese año y medio que tuvo nómina de la sociedad pública Ibarzaharra cerca de 80.000 euros percibidos. En ese periodo, entre abril de 2008 a septiembre de 2009, Camino ejerció el cargo de asesor del entonces presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar. De hecho, en ese año y medio fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década. El contrato que tenía con Ibarzaharra establecía un régimen de exclusividad. En ningún momento apareció por las oficinas de Ibarzaharra durante ese año y medio. El exdirector de Deia trabaja ahora como asesor del PNV en las Juntas Generales del territorio.
Este caso ha llegado a las instituciones, pero tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Bizkaia (accionistas junto al Ejecutivo central de la sociedad pública) han evitado aclarar el asunto. Incluso en la Cámara vasca fue defendido por los peneuvistas. “Fue un trabajo real y no ficticio”, aseguró en abril pasado el parlamentario peneuvista Luke Uribe-Etxebarria al debatirse una moción presentada por UPyD que reclamaba aclarar la labor realizada durante los tres últimos años por Nieves.
