El dueño del gigantesco vertedero de Alonsotegi denuncia en los tribunales a la Diputación
El caso del gigantesco basurero en Alonsotegi creado hace 10 años por la Diputación de Bizkaia ha llegado ya a los tribunales. El dueño del solar, que alberga casi dos millones de metros cúbicas de tierras y residuos de todo tipo y lleva seis años de pelea con este asunto, ha demandado a la institución foral por la creación del vertedero ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Los propietarios han decidido acudir a la Justicia tras la falta de respuesta de las autoridades. La Diputación de Bizkaia se ha negado a actuar y el Gobierno vasco le ha protegido al aducir que no se puede determinar el autor del depósito de los residuos. Este vertedero fue creado la década pasada por la institución foral para acoger los residuos de la construcción de la autovía del Cadagua, Pero ha ido albergando todo tipo de desechos sin autorización, de lo que los propietarios culpan a la Diputación. Bizkaia asegura que la ocupación temporal terminó en 2008, pese a que existe una autorización dada por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco en diciembre de 2010 a Interbiak, la sociedad foral de carreteras, a continuar con el depósito de residuos en el vertedero. Este documento, cuya existencia ha sido reconocida por el propio Gobierno vasco, no ha sido entregado por Medio Ambiente pese a las peticiones de los dueños del solar.
El vertedero está en el municipio vizcaíno de Alonsotegi e iba a ser el lugar donde se iba a ubicar la polémica fábrica de pisos del grupo Afer, un proyecto frustrado tras el enfrentamiento de su promotor, Jabyer Fernández, con el diputado general de Bizkaia José Luis Bilbao. En 2004 (cuando no existía ese proyecto de fábrica) la Diputación vizcaína realizó una ocupación temporal de 80.000 metros cuadrados de superficie de propiedad privada para los movimientos de tierras en la construcción de la autovía del Cadagua, que une Bilbao con la comarca de las Encartaciones. La carretera se abrió en 2008 pero los vertidos continuaron con todo tipo de materiales: desde escombros y útiles domésticos hasta neumáticos y metales, como se aprecia en la documentación gráfica del expediente.
Incumplimiento de la recuperación paisajística
La Diputación vizcaína ha negado que se hayan depositado residuos diferentes a lo autorizado, que los vertidos de otros materiales no son de su responsabilidad y que es “muy improbable el acceso de camiones para realizar cualquier tipo de vertidos incontrolados”. El Gobierno vasco, que abrió una investigación en enero, comunicó el pasado 26 de mayo que no iba a intervenir contra la Diputación: “No resulta posible determinar si el vertido de residuos se realizó” durante el periodo que “la Diputación foral de Bizkaia ocupó temporalmente estas parcelas”. Por lo tanto “no resulta posible requerir al órgano foral la adopción de medida alguna al respecto”. Pero tampoco aclaraba que haría con el gigantesco basurero: dos millones de metros cúbicos en una superficie de ocho hectáreas. Su propietario, que presentó la denuncia de los residuos ilegales ante el Gobierno vasco, se encuentra con su solar inutilizado por el basurero. Ya ha ganado un pleito en los tribunales, que condenaron en 2010 a la Diputación de Bizkaia a devolver la ocupación temporal del suelo.
El pasado 18 de noviembre, los propietarios presentaron una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, en la que demandan a la Diputación de Bizkaia por no cumplir las exigencias de la ocupación temporal de sus terrenos. La denuncia asegura que se utilizó el solar “para depositar otros residuos” y que se incumplió la recuperación paisajística del solar. “Dicha Administración no sólo no ha devuelto los terrenos acondicionados como prometió en sus informes sino que los mismos se han convertido en una escombrera ilegal de todo tipo de vertidos (desechos, residuos, escombros, vertidos domésticos y elementos similaes, inertes y/o peligrosos”.
En la demanda se destaca que la Diputación incumplió el acuerdo de mantener la ocupación del suelo al seguir menos hasta 2013, cuando debía haberla abandonado en 2008, y que en los expedientes no aparecen documentos como la petición al Gobierno vasco, por parte de la institución foral, de realizar nuevos vertidos en 2010.
