Vera: “Siempre he sido consciente de la ilegalidad de los GAL”
Una cosa es lo que se dice en un documental y otra bien distinta lo que se responde ante un fiscal. Sobre todo cuando por medio está la comisión de un posible delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas. Rafael Vera, que fue secretario de Estado para la Seguridad en el Gobierno de Felipe González y condenado por su participación en el secuestro de Segundo Marey, la primera acción reivindicada por los GAL, había destacado la utilidad de las acciones de este grupo terrorista para forzar, por ejemplo, la colaboración francesa contra ETA.
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, investiga si el excargo socialista ha podido incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas previsto en el artículo 578 del Código Penal por las declaraciones efectuadas en un documental. La Fiscalía le tomó declararación el pasado 23 de julio a Vera en Madrid, quien en todo momento apeló a que sus palabras más que una reflexión personal, hacían mención a una “realidad histórica” que se vivió en relación al terrorismo y no eran “fruto de una reflexión propia”, según consta en la declaración. Vera fue condenado a 10 años de cárcel por su participación en el secuestro de Segundo Marey, una de las primeras acciones terroristas de los Grupos Antiterrorista de Liberación (GAL).
En un reportaje emitido en TVE el pasado mes de marzo, el que fuera secretario de Estado para la Seguridad en el Gobierno de Felipe González aseguró que “la guerra sucia” contra ETA pudo ser una “equivocación legal”, pero que, desde “el punto de vista práctico, tuvo su papel”.
En su declaraciónte ante la Fiscalía en julio pasado, el excargo socialista condenado por terrorismo reconoció que para él los GAL fueron una ilegalidad. “Siempre he sido consciente de la ilegalidad de los GAL”, contestó al representante del ministerio público que le tomó declaración.
Vera apuntó en el citado documental, que molestó profundamente en el País Vasco a políticos de diferente signo y a las víctimas de la guerra sucia contra ETA, que el GAL “contribuyó notablemente a la colaboración francesa”, y aseguró que, “si no hubiera pasado esto”, en alusión a los atentados de la organización terrorista auspiciada y financiada por el Estado, el país galo “no hubiese corrido tanto en colaborar”. “Alguna utilidad tuvo”, insistió en el documental.
Guerra sucia del Estado
Las palabras del excargo socialista soliviantaron a Pilar Zabala, hermana de Joxi Zabala, secuestrado, asesinado y enterrado en cal viva por los GAL junto a José Antonio Lasa en 1983, quien decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía vasca al entender que dichas aseveraciones eran una humillación a las víctimas de la guerra sucia del Estado contra ETA -como es su caso- y podían incurrir también en el delito de enaltecimiento del terrorismo.
Rafael Vera respondió el pasado 23 de julio ante la Fiscalía en Madrid al cuestionario planteado por el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que abrió diligencias de investigación. El máximo representante del ministerio público en Euskadi quería saber el sentido del testimonio de Vera y ver si sus palabras eran merecedoras de un reproche penal por haber incurrido en un posible delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas previsto en el artículo 578 del Código Penal.
Vera declaró en calidad de investigado, pero no consideró necesarió acudir con abogado a la declaración, pese a tener derecho a ello. La estrategia seguida por Vera en su declaración parece la de apartarse de cualquier intencionalidad de humillación a las víctimas del terrorismo o de enaltecer a una banda terrorista. Precisamente, en ambos delitos, para tener un recorrido penal en los tribunales, se debe probar el dolo por parte de la persona que ha realizado las declaraciones. Todo apunta a que finalmente la investigación abierta por el fiscal vasco quede archivada.
Vera fue indultado parcialmente en 1998, junto al ex ministro del Interior José Barrionuevo y otros condenados por, por el Gobierno del PP que lideraba José María Aznar, que dio cauce a la propuesta del Tribunal Supremo de perdonar dos tercios de las penas impuestas a 10 de los condenados por el secuestro de Segundo Marey. Habían ingresado en prisión para cumplir la pena el 10 de septiembre de 1998 y fueron indultados con una extrema rapidez, saliendo de prisión las navidades de ese mismo año.
