“Debemos ser mucho más tajantes en el ostracismo a los maltratadores”
María Naredo Molero es jurista e investigadora especializada en género y derechos humanos. Coordinó en España la campaña de Amnistía Internacional 'No más violencia contra las Mujeres' y recala estos días en Vitoria-Gasteiz para repasar junto al tejido asociativo la aplicación efectiva de la Ley Integral de Violencia de Género tras diez años de vigencia. Es un taller englobado en la programación de La Escuela para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, en el que se tratan los avances y retrocesos en la atención integral a las víctimas, desde las acciones en el ámbito el ámbito sanitario, la obtención de justicia o el derecho a la reparación. En su análisis esta experta reclama “menos postureo, menos discursos” y “más voluntad social y política traducida en euros para combatir la violencia de género”. Se pregunta cómo a estas alturas es posible la impunidad social frente a los agresores y en ese sentido exige ser “mucho más tajantes en el ostracismo a los maltratadores”.
Según los último informes, 14 de los 15 casos mortales en los que las mujeres habían interpuesto una denuncia, la Policía no halló indicios de peligro en su situación. De hecho, tenían una valoración de riesgo bajo o no apreciado. ¿Qué está fallando?
La valoración del riesgo se está realizando con unas metodologías que no son en absoluto fiables. Pero esas herramientas se pueden modificar. Lo más preocupante es que si en lo Policial se realiza la evaluación del riesgo en una parte de los casos, que no llega a ser nunca el 100%, en el ámbito judicial se realiza en una escasísima minoría de los casos. Esto es realmente grave. Nos podemos equivocar en la valoración del riesgo pero si ni siquiera hacemos valoración del riesgo, dónde vamos. El estado está fallando de manera evidente. La Ley integral con la creación hace diez años de los juzgados especializados quiso poner de relieve que estos casos son muy complejos. A menudo la única testigo es la víctima. Hay un déficit de pruebas importante que debe ser sustituido por una diligencia mucho mayor en los informes periciales, en recabar testigos y otra serie de pruebas periféricas que tiene que ayudar a esclarecer los hechos y a evidenciar las necesidades de protección de la víctima. No se ha ido haciendo porque se le sigue dando una importancia menor a los casos de violencia de género. La Ley no ha combatido este prejuicio. Los casos de violencia de género se siguen considerando como casos menores. A menudo se observa la capa o el barniz, un empujón o unos insultos pero no lo que esconden, verdaderas situaciones de maltrato de enorme gravedad tanto psicológico, como sexual como físico. El sistema judicial no profundiza en lo que hay debajo de esos insultos o de ese empujón. La puesta en marcha de la Ley requiere una revisión a fondo.
“Las mujeres denuncian poco y por eso no se les puede ayudar”. Esas fueron las polémicas palabras de la exministra Ana Mato que fueron después apoyadas por la responsable del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona. ¿Trasladar así parte de la responsabilidad a las propias víctimas es un desatino?
Total. Tenemos que salir de esas lógicas, de esos discursos. Se vuelve a responsabilizar a las mujeres de lo que les está pasando. Hay que hacerse otras preguntas. El estado no son solo los jueces y la Policía. Las mujeres que luego fueron asesinadas y no denunciaron previamente ¿habían ido a su médica de cabecera?; ¿por qué no se las identificó como posibles víctimas?; ¿cuál está siendo el rol del sector sanitario?; ¿tenían hijos e hijas en edad escolar? y si es así ¿cuál es el rol de las escuelas con los hijos e hijas de las víctimas que muy a menudo evidencian también que la violencia a través de sus síntomas?; ¿cuál está siendo la implicación de otras esferas de lo estatal?. La Ley integral responsabilizó de manera muy importante al sector sanitario, porque hay datos que nos dicen que si bien sólo una cuarta parte de las víctimas interponen denuncia, el 100% acuden a su médico con dolencias sin especificar. Ante ellas, una profesional con formación puede identificar a una víctima que no confiese que está siendo maltratada. ¿Por qué los responsables políticos no hablan del rol de esos otros sectores y por qué no nos preparamos para coadyuvar desde ellos? Debemos reflexionar sobre todo esto para ofrecer respuestas más eficaces contra esta lacra.
Las que sí denuncian ¿tienen garantizada su protección?
Esa es otra pregunta clave. ¿Qué está pasando con las mujeres que sí denuncian? Cuando llegan a lo judicial han roto muchas barreras internas, de presiones familiares. “No destapes esto”, “no irás a meter en la cárcel a quien fue tu marido”, son las frases que les repiten. Estas mujeres rebasan todo esto y qué se encuentran después. Muchas no son creídas, o se archiva su caso o se absuelve al agresor por falta de pruebas en una instrucción que no ha sido completa. Tenemos que reflexionar como activistas y profesionales. En estos temas se insiste una y otra vez en la sensibilización, en la concienciación pero hay que poner más énfasis en la formación. Es absolutamente indispensable que estos profesionales que trabajan en estos ámbitos tan sensibles, un juez, un fiscal, un abogado... sean profesionales con suficiente formación.
Las campañas se dirigen mayoritariamente a las víctimas, no hacia los maltratadores. ¿Es acertado este enfoque?
Se está muy acostumbrado a decirle a las mujeres lo que tienen que hacer – como en tantos ámbitos- y a que sean las mujeres las que lleven la mochila sobre sus hombros. ¿Qué sucede con los potenciales agresores? Hemos de replantearnos la población diana, a quién dirijo el mensaje. Tenemos de aprender de los países escandinavos, de las numerosas campañas bien dotadas económicamente y dirigiendo los mensajes a la población masculina. Ese es otro de los retos pendientes. Pero por otra parte, el análisis de las campañas evidencia cuáles son las prioridades para el Gobierno. ¿Cuál es el gasto que el Gobierno central está dedicando a las campañas contra la violencia de género y a la evaluación de los resultados? Se dedica el doble del presupuestos a las campañas de reclutamiento del ejército y para la mejora de la imagen del ejército que para las campañas contra la violencia de género, que es quizás la mayor violación de derechos humanos que se comete en nuestro país. La cuantía nos dice algo respecto de las prioridades del Gobierno. Pero después analicemos la extensión de estas campañas. Frente a las campañas de seguridad vial u otras anuales, que se extienden del uno de enero al 31 de diciembre, las campañas contra la violencia machista no duran ni un mes, del 26 de noviembre a mediados de diciembre y no se dedica ni un euro a evaluar sus resultados.
Hay propuestas que plantean ponerles a los agresores el seguimiento, perseguirles a ellos puesto que para ellas es añadir a su padecimiento un señalamiento público, ¿qué opinión le merecen?
Hay un problema grave con agresores que continúan amenazando tras pasar un proceso judicial. Esto tiene que ver con el derecho de las víctimas a la reparación y con las garantías de no repetición de los abusos. Los agresores siguen ahí. Hay que poner algún tipo de remedio para que el coste de todo esto no lo sufran las mujeres. ¿Qué calidad de vida tiene las víctimas de maltrato incluso después de haber recorrido todo el proceso judicial? ¿Qué calidad de vida tiene una mujer que lleva ese GPS que le pita en numerosas ocasiones, que parece que es ella la controlada? Las mujeres nos hablan de lo 'revictimizantes' que pueden ser estas medidas para ellas. Hay que buscar una solución. Puede ser diversa pero, si esto no está funcionando y así nos lo hacen saber muchas mujeres, hay que plantearse otras vías y por supuesto, en los agresores penados, un sistema de seguimiento se impone.
¿El machismo sostiene la violencia?
Por supuesto. Hemos de seguir hablando de las raíces de esta violencia. Yo suelo poner como ejemplo el de un agresor, con orden de protección y denuncia interpuesta, que semanas antes de acabar con su víctima se jactaba de que la iba a matar en el bar mientras tomaba una cerveza. ¿Cómo es posible esa impunidad social? Debemos poner coto y ser muchos más tajantes en el ostracismo a los agresores. Cuando hablo de ostracismo no me refiero a empujar al maltratador a una isla desierta sino mantener una firme y unánime posición social frente al machismo en todos sus grados, desde el más leve hasta el más grave. Si el contexto social sigue siendo de tolerancia, la violencia machista va a seguir ahí.
Se oía en el Congreso hace dos días, en violencia de género no vale el 'postureo', ¿cree usted que hay 'postureo'?
Hay mucho discurso entre los políticos y en la sociedad en general pero la voluntad real para revertir esto y el compromiso real con las víctimas falla. Frente a las víctimas no puede haber permanentes juicios de valor, dudas ... tiene que haber un posicionamiento de cierre de filas igual que lo hay respecto a las víctimas de otros delitos o del terrorismo. Estamos acostumbrados demasiado a menudo a oír cómo se ningunea, cómo se crítica a las propias víctimas en sus actuaciones, en sus expectativas … y esto es un regalo a los agresores. Tiene que haber un cierre de filas y una voluntad política traducida en euros. No solamente en juzgados especializados sino en formación de profesionales y prevención, uno de los ámbitos que ha sido la hermanita pobre de la Ley.
