“Pongo la mano en el fuego: la incineradora no afectará a la población”

José Ignacio Asensio (Tolosa, 1966) vive en línea recta a menos de diez kilómetros de donde la Diputación de Gipuzkoa ha decidido construir una incineradora, entre las protestas de Bildu, Podemos y los ecologistas. Asensio (PSE-EE) entró en su actual puesto cuando las hogueras de San Juan ardían por todo el territorio. Ahora, socialistas y peneuvistas dan el banderazo de salida en la reunión de este miércoles del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) a la licitación para construir la incineradora, la mejor infraestructura para gestionar las basuras, un tema que, entre otros, llevó a Bildu a la oposición tras cuatro años de gobierno de la Diputación.

Los presupuestos son mareantes: una inversión de 220 millones de euros con un sistema público privado “necesario” porque GHK arrastra unas pérdidas por la “desastrosa gestión de Bildu superior a los 40 millones de euros”, lo que hace “implanteable” soportar el peso de la inversión en capital público, según Asensio.

“Igual algunos lo que nos querían llevar es al caos total que nos obligara a tener que abrir vertederos”, acusa el diputado de Medio Ambiente, en alusión a la política de la coalición independentista. Pero por ahí no pasa la Diputación, en todo caso se muestra abierta a “habilitar vertederos que ahora recogen residuos industriales” para que puedan recibir basura de los guipuzcoanos. Pero solo “temporalmente”.

Reconoce que este tema de la incineradora ha absorbido el 95% del tiempo de trabajo de su Departamento durante este año y también que hay que poner el acento en las políticas de reciclaje y de recogida selectiva, donde las tasas -en torno al 50%- están aún por debajo de la media europea.

Ha llegado el día que esperaban tanto ustedes como el PNV: la aprobación este miércoles en la Asamblea del Consorcio de Residuos (GHK) de la licitación de la incineradora. Ya no hay vuelta atrás, ni moratorias posibles.

Cumplimos lo que planteamos en campaña electoral y lo que aprobamos en el Consejo de Gobierno. Era muy importante que en este primer año diéramos el pistoletazo de salida a la licitación. Una infraestructura de este tipo necesita unos 30 meses de construcción. La paralización dejó al territorio sin ningún tipo de infraestructura para tratar los residuos que se generan.

Cifraron en 40 millones lo que ha implicado esa paralización decidida en 2011 por el equipo de Bildu.

Sí, incluso más. Pero por dar una cifra que es incuestionable por nadie recordaré que Bildu recibe GHK en números negros y lo deja, cuatro años después con 40,7 millones de números rojos, pérdidas vaya. Son sus propias cuentas. Es es la situación heredada.

Por eso hablan ustedes de manera reiterada en sus comparecencias públicas de “desastrosa gestión de Bildu”.

Exactamente. Es que han dejado un organismo público con la caja vacía y con unas pérdidas muy fuertes y sin infraestructuras, salvo que queramos volver a los vertederos.

La inversión para construir la planta es muy potente: 200 millones en la primera fase y unos 20 más en la segunda.

La primera fase será una planta de tratamiento mecánico biológico y la planta de valorización energética. 

¿Parece como si tuviera miedo a emplear la palabra incineradora?

No, no, utilizo el término valorización energética, que es lo que es, e incineración indistintamente. En algunas ponencias incluso las hemos titulado así, con el término incineración. Pero a lo que iba, al ser una iniciativa público privada, la inversión la tendrá que soportar el concesionario. Nosotros pagaremos un canon a cambio de todo ello.

¿Un canon de cuanto?

El precio de licitación máximo son 31 millones anuales: 29 millones en pago por disponibilidad, otros 2,6 millones de pago por tonelada y luego el ingreso por la venta de energía, que va a ser por cuenta y riesgo del concesionario, que será en torno a los tres millones de euros. Esto último es una estimación de ingreso aproximado a precio de mercado actual.

En el anterior proyecto, que fue paralizado y se rescindieron los contratos de las empresas adjudicatarias, había un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por valor de 195 millones de euros. ¿Cómo está ese tema?

En el 2011 se canceló. Se utilizaron 7,2 millones y lo que estamos ahora es pagando las cuotas. El resto del préstamo se perdió. En febrero de 2015, visto que no seguía para adelante el proyecto, se canceló.

¿Ha habido alguna tacha por parte del BEI hacia esa gestión?

Al BEI le gustaría que amortizáramos el préstamo al 100% ya. Pero la tacha no es tanto económica, la situación que nos genera es lo de “vaya ahora usted a pedir un préstamo al BEI”; hemos quedado muy mal las instituciones guipuzcoanas ante el BEI, aunque pagamos religiosamente las cuotas. Es una tacha políticamente importante para la Diputación.

Ahora están mandando parte de las basuras que se generan en el territorio a Cantabria. ¿Cuánto le está costando al ciudadano de Gipuzkoa?

El sobrecoste de ese servicio puede rondar un 40% en la factura a GHK, sumando el canon que hay que pagarles a los de Cantabria y el coste del transporte. Nos hemos ido a Cantabria porque más cerca no teníamos ninguna otra infraestructura. En millones puede rondar entre 7 y 8 de sobrecoste. El convenio llegará como máximo a diciembre de 2017, pero es verdad que aquí lo que se ha pactado es un derecho de vertido hasta un determinado volumen de toneladas. Este año eran 90.000 toneladas y 80.000 para el 2017, lo que quiere decir que el próximo año tampoco está cubierto al 100%, aproximadamente solo tenemos cubierto un 50% de nuestras necesidades.

¿Y, entonces, cómo van a lograr dar salida al problema de la basura? Porque la incineradora no estará en marcha antes de 31 meses desde que comiencen las obras a principios del año que viene.

Tenemos que habilitar infraestructuras dentro del territorio de Gipuzkoa.

¿Se refiere a vertederos?

Sí, pero no abrir nuevos vertederos, sino los que ahora tienen otros usos, como son los residuos industriales, habilitarlos para recibir residuos sólidos urbanos. 

Y a la vez estarán invirtiendo ya en cómo cerrar y sellar definitivamente los vertederos que siguen activos. En 2030 estarán prohibidos por Europa.

De hecho, ya se está haciendo, eso les corresponde a las mancomunidades. Yo en el Consorcio apelo a las mancomunidades para que en este periodo transitorio se habiliten infraestructuras en un periodo limitado para salir del paso. Pero el sellado de un vertedero tipo Sasieta no baja de 20 millones de euros. Además, ese terreno se inutiliza para los próximos 30-35 años, y tienes que estar vigilando las emisiones de gas metano o el control de lixiviados. 

¿Espera una reunión tranquila en el Consorcio GHK? Hay una campaña de protesta y sensibilización de lo que supone la incineración y hay dos partidos que están radicalmente en contra.

Espero que sea tranquila y que cada uno exponga sus opiniones. Hay dos mancomunidades que están en manos de Bildu: Tolosaldea y Urola Medio y las demás en manos del PNV y del PSE. Ambos partidos sumamos el 87% de la representatividad. Yo presido el Consorcio y dejaré que haya margen al debate, como no puede ser de otra manera.

He visto que en el nuevo plan se cambia la previsión de producción de basura en el territorio: en 2008 era de 213.565 toneladas de resto anuales y ahora 163.449 toneladas. ¿Dónde ha ido a parar la basura?

Actualizamos los datos a 30 años vista. Tras la crisis ha habido un cambio a la baja importante en la generación de residuos, más en los industriales que en los urbanos, relacionado sobre todo con el consumo. Y también los cambios de hábitos de los ciudadanos, hay una concienciación altísima sobre el reciclaje y la recogida selectiva.

Bueno, todavía en niveles por debajo de los europeos.

Es cierto, pero en torno al 50%.

Vidrio muy bien, con un 75,25% y papel y cartón, también (69,70%). Pero en biorresiduo se cae al 33% y en envases, al 51%. ¿No habría que incidir mucho más es el reciclaje, cambio de hábitos, control de envases...?

Sin duda, hay que incidir en ello totalmente. Biorresiduo es la gran asignatura pendiente. La tasa de recogida selectiva ha crecido un 2% en el último año y aquí lo que hay que hacer es que todos los pueblos que aún no tiene una infraestructura para recogerlo, la pongan. Nosotros vamos a defender el quinto contenedor, pero que haya alguna infraestructura. Lo que no puede ser es que municipios importantes no tengan ni Puerta a Puerta [PaP], ni quinto contenedor; en manos de Bildu, por cierto. Andoain, o en la mancomunidad de Debabarrena, Deba, Mutriku, Soraluze, en esa discusión que había entonces, no tenían ninguno de los dos.

No parece una situación pacífica, después de la 'guerra de las basuras' vivida en la anterior legislatura.

Pero también es verdad que en muchos municipios la gente de Bildu tiene una posición mucho más pragmática que antes. Lo que está claro es lo que quieren los ciudadanos: en todas las consultas se ha visto que el 70-75% ha apostado por el quinto contenedor y el 25-30% por el PaP. Lo que hay que hacer es incentivar sistemas amables y cómodos para el ciudadano.

¿Pone usted la mano en el fuego de que cuando la incineradora empiece a funcionar no va a haber ningún problema para la salud de los guipuzcoanos?

Por supuesto que sí la pongo. Una planta de valorización energética tiene un control constante de las emisiones en tiempo real, cosa que con un vertedero no tienes. Los ciudadanos se iban a enterar de las emisiones de los vertederos una vez que estuvieran contaminadas las aguas. Además, los controles medioambientales son completamente estrictos. Si comparas las exigencias medioambientales para el sector del acero, las cementeras, me da igual la industria que elijamos, los controles de una planta de este tipo son incomparables. Mucho más estrictos y exigentes. Es lo que hacen los países europeos, si me dijeras que en Europa se están cerrando incineradoras, pero es que en 2014 han abierto 33, ¿y en qué países? pues en países tan poco sospechosos como Alemania, Suecia, Dinamarca, Inglaterra... Cualquier otra alternativa actual genera más emisiones.

Lo pregunto porque la movilización ciudadana que hubo hace ya varias semanas quería visualizar esos riesgos uniendo en una cadena humana el Onkologikoa con la Diputación. ¿Creen que tienen ustedes ganada la batalla de la opinión pública?

Yo diría que sí. La movilización en contra ha sido muy escasa. La gente ya sabía lo que íbamos a hacer, hemos subido en votos y no hemos engañado a nadie. Que alguien tenga altavoces y se maneje bien en determinados medios pues...

Bueno, ustedes también han organizado un viaje con periodistas a Austria y Alemania para enseñar unas plantas de incineración similares a la que quieren poner en marcha aquí.

Lo que hemos querido hacer es que no solo el político, sino que los medios de comunicación más influyentes o de más difusión tengan acceso a esa información. La de Viena que hemos visitado era la más parecida a la nuestra, en tamaño. Allí el debate es otro, están pensando en la excelencia, la rentabilidad de las plantas, en que se provea no solo energía, también aire acondicionado. Es otra fase. El alcalde de Colonia, que estuvo en la visita, nos reconoció que no había oposición alguna y que él, de la CDU, estaba gobernando con los verdes. En Euskadi, el ciudadano no tiene ninguna duda, entre una planta de valoración energética o el vertedero, elige la primera opción. Igual algunos lo que nos querían llevar es al caos total que nos obligara a tener que abrir nuevos vertederos. Pues no.

La Fiscalía vasca está pendiente de decidir si presenta una denuncia por el quebranto económico para las arcas guipuzcoanas superior a los 68 millones de euros por todo lo relacionado con la incineradora: paralización, 'swaps tóxicas' por el préstamo cerrado en la anterior etapa, rescisión de contratos...

Nosotros pedimos dos informes, uno jurídico y económico para saber qué había pasado en esa gestión. Lo que ha habido en la gestión de Bildu son incumplimientos y, la mayoría de las veces, por decisiones políticas. Nadie que haga esta gestión dura cuatro años en la empresa privada, no sé por qué en la pública no hay que actuar de la misma manera. Hemos abierto un expediente dentro de la Diputación, lo decidió el consorcio, y se ha dado traslado a la Diputación para que vea las decisiones que han causado una serie de daños pero sin individualizar a los responsables de esas tomas de decisiones políticas. Y le hemos pedido a los servicios jurídicos que tipifique esas conductas, el delito y, en su caso, quién lo ha hecho. Juan Calparsoro, fiscal superior vasco, la última vez que le escuché hablar de este tema dijo que lo que había habido aquí era una “lapidación del patrimonio de los vascos” y que lo mínimo que había que hacer era estudiarlo. Comparto el análisis, veremos a ver qué es lo que hace.

Todas esas decisiones políticas lo que han llevado es a que GHK no pueda hacer una gestión directa de la infraestructura. Es implanteable en estos momentos el financiarlo directamente. Por eso apostamos por un sistema de concesión público privado

Es que lo que han hecho es privatizar el servicio.

Es un sistema concesional, la relación con los ciudadanos y las comunidades va a ser pública, pero GHK le va a encomendar a un concesionario que le dé un determinado servicio.

¿Si no hubiera existido esa situación patrimonial del Consorcio, habrían optado también por este sistema público privado también?

No lo sé, pero en estos momentos era inviable hacer una gestión directa. Aquí van a optar los cuatro o cinco grupos más importantes en cuanto gestores -de las españolas están todas Urbaser (ACS), Acciona, etc y, desde el punto de vista tecnológico europeos -Veolia, etc. Y también locales, Pero hubiéramos podido optar a que GHK estuviese dentro de la sociedad u otras, con esa situación de cuentas no ha podido ser.

¿Tienen una fecha concreta de arranque de la incineradora?

No. La licitación se publicará este viernes. Allá por noviembre estaremos adjudicando y en enero, aproximadamente, empezaría la construcción. El periodo máximo son 31 meses y uno de los factores de mejora que se va a puntuar es el periodo de ejecución. Si alguien viene con 27 meses tendrá más puntos.

Luego hay sorpresas, desviaciones al alza del presupuesto; lo barato sale caro, suelen decir.

No solo puntuamos el coste económico, también nos fijamos en la ejecución. El tiempo es importante para nosotros dado el coste que nos supone gestionar ahora las basuras. En ese contexto, el tiempo para nosotros -seis meses más o menos- no es baladí.