Las instituciones recuperarán parte del dinero dilapidado en Hiriko
Afypaida, la empresa matriz del fallido coche eléctrico vasco, Hiriko, deberá devolver al Ministerio de Economía y Competitividad 17,2 millones de euros, según el juzgado de lo mercantil de Vitoria encargado de su concurso de acreedores. El pasado marzo el juzgado alavés declaró a Afypaida en concurso voluntario y abrió la fase de liquidación de esta empresa, cuyos administradores eran Jesús Echave, Iñigo Antia -ambos vinculados al PNV-, José Luis Bengoechea y Fernando Achaerandio.
Paralelamente, un juzgado de Vitoria investiga el posible fraude en las subvenciones libradas, tanto por el Gobierno central como por el Ejecutivo vasco. La jueza del caso Hiriko, que investiga los posibles delitos de malversación de fondos públicos y fraude a la Administración apuntados por la Fiscalía en su querella en el proyecto del coche eléctrico impulsado por el Gobierno vasco, admitido el pasado mes de abril la querella presentada por el fiscal al apreciar de manera indiciaria la existencia que “parece evidente” de “un fraude de subvenciones”.
La jueza de Vitoria, que al abrir la causa censuró al fiscal Josu Izaguirre por haber definido con tanta rotundidad los delitos en su querella, investiga por un posible delito de “malversación” en su interpretación más amplia, sin perjuicio “de lo que pueda deparar la instrucción de la causa”, y por los otros cuatro delitos incluidos en la querella.
En un listado de acreedores actualizado a fecha de 30 de julio, el juzgado reconoce una deuda de 17,2 millones de euros con el Estado, que es el principal acreedor de Afypaida, a la que concedió ayudas millonarias para el desarrollo del coche eléctrico, según una información adelantada por El Mundo.
En esa lista figura la cantidad reclamada a Hiriko por las distintas partes implicadas, también los trabajadores, y la cifra que la administración concursal reconoce a cada uno. La deuda total de Afypaida asciende a 18,9 millones. El 92 % de esa cantidad corresponde al Ministerio, que reclama 17,2 millones. De ellos, 7,37 reciben la consideración de “privilegiada”, otros 7,37 son créditos “ordinarios” y los 2,45 millones restantes son deuda “subordinada”, es decir, la última que se tiene derecho a cobrar.
Otros acreedores
También reclaman dinero a Afypaida el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que pide 69.000 euros; la Tesorería General de la Seguridad Social, 25.000 euros; la Diputación de Álava, 7.225 euros; el Ayuntamiento de Vitoria, 51 euros; y la Agencia Tributaria, 48 euros.
En ese listado de acreedores también figura el Gobierno vasco, que a través del área de Justicia y Administración Pública reclama la devolución de 36.531 euros, aunque las ayudas que en su día el Ejecutivo autonómico dio al proyecto alcanzaron los 2,7 millones.
Sin embargo el Gobierno Vasco ha defendido en varias ocasiones que no encuentra motivos para reclamar ese dinero porque no ha detectado irregularidades en las ayudas concedidas dado que los objetivos de innovación y creación de patentes que se perseguían con ellas se cumplieron y además las cuentas fueron auditadas.
