Un intermediario del PP solicitó una comisión de 600.000 euros a cambio de una adjudicación en Vitoria

Un intermediario del PP solicitó una comisión de “100 millones de pesetas” (unos 600.000 euros) a cambio de una adjudicación del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria ocurrida en el año 2005, con el exministro 'popular' Alfonso Alonso como alcalde de la capital vasca e Idoia Garmendia como edil del ramo. Aquel concurso público tenía como objeto la gestión de la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) del vertedero de Gardelegi y presuntamente el pago de la mordida se canalizó a través de una empresa implicada en la trama Gürtel denominada Nige.

La grabación que prueba la existencia de este peaje para la obtención de un importante contrato en Vitoria está recogida en el libro 'Dentro de lo normal' sobre corrupción en el País Vasco, escrito por el periodista de eldiarionorte.es Iker Rioja Andueza, editado a través de Amazon y que será recogido también en la revista especial sobre el cuarto aniversario del periódico. “Nos dijo nuestro socio: ‘Si ponemos 100 kilos es muy probable que nos lo llevemos’. Se conoce que ése era el precio que tenía. Había un tío. Había un tío en Madrid. Entonces, hacemos ya las suposiciones, ¿no? Y que era el del PP. Ése fue el tema”, revela en el libro un empresario sobre los hechos ocurridos en 2005.

La adjudicación bajo sospecha de Vitoria tenía dos partes, la construcción de la planta de residuos en el vertedero y la explotación de la instalación durante 15 años a partir de su inauguración en 2007. Los beneficios se obtendrían (y se obtienen, porque sigue vigente) mediante la aplicación de un porcentaje de los residuos totales que entran a Gardelegi, lo que hacía muy atractivo inicialmente este contrato con la ciudad de Vitoria en plena expansión urbanística. No obstante, la crisis y la parada de la construcción no han hecho esta planta de RCD todo lo rentable que se preveía.

El concurso público presuntamente manipulado para recaudar una comisión se resolvió el 22 de abril de 2005 con la adjudicación del contrato a una UTE conformada por la empresa Sufi (un 50%) y por las compañías locales Escor y Lanbide. No obstante, ya desde el 13 de abril se podía dar por decidida la contrata. Y es que las otras cuatro UTE que participaron en el concurso habían sido excluidas por los funcionarios municipales que valoraron las ofertas al no llegar al mínimo de puntos en la valoración técnica, según consta en el expediente.

Se da la circunstancia de que el 11 de abril de 2005, antes de que se produjera la expulsión de las otras empresas, Sufi, beneficiaria del 50% de la adjudicación, abonó a una asesoría denominada Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial (Nige) una cantidad próxima a los 50 millones de pesetas (300.000 euros), un pago que se ajusta a las cantidades descritas por el empresario que admitió en la entrevista que había que pasar por caja. Teóricamente, el pago se correspondió con “trabajos de apoyo” para la elaboración del proyecto de Vitoria, pero no consta que Nige realizara asesoramiento alguno. El concepto de la factura de Sufi a Nige era exactamente “Honorarios devengados en concepto de trabajos de apoyo a la licitación de la planta de residuos de construcción y demolición de Vitoria”.

Nige es una empresa vinculada directamente a la trama Gürtel del PP. De hecho, su gerente Plácido Vázquez es uno de los imputados por haber actuado, presuntamente, como testaferro para el cobro de comisiones tras la adjudicación de contratos públicos en toda España. “Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto; si había éxito con la obra, él recibía una cantidad”, dijo en su momento Francisco Correa, quien da nombre a la trama.

Denuncia del excalde socialista Lazcoz

También están implicados en la causa los responsables de Sufi, Rafael Naranjo y su hijo, Gonzalo Naranjo. El padre reconoció haber pagado a un tercero desde una cuenta en Suiza a cambio de un contrato del Ayuntamiento de Madrid, si bien no se le ha juzgado por la Gürtel debido a su edad y a sus problemas de salud.

En 2013, el exalcalde y portavoz socialista, Patxi Lazcoz, denunció en una rueda de prensa el pago injustificado a Nige y también las trabas con las que se habían encontrado en el Ayuntamiento, que entonces como en 2005 está gobernado por el PP, para acceder a toda la documentación de este expediente de la planta de Gardelegi. Sin embargo, el Gobierno local emitió una “nota aclaratoria” en la que se aseguraba que era “FALSO” (con mayúsculas) que en el ‘caso Gürtel’ se estuviese investigando una rama en Vitoria. Este periódico se ha puesto en contacto con distintas instancias del PP -a nivel municipal y de la dirección del partido en Euskadi y en España- y estas fuentes se remiten a ese comunicado y rechazan con rotundidad cualquier acusación de corrupción.

Más sospechas de corrupción

Se da la circunstancia de que en 2005 se iniciaron los trámites para la adjudicación de otro contrato del área de Medio Ambiente, el de la limpieza de la ciudad. También sobre esa contrata, resuelta en 2006, pesa la sombra de la corrupción especialmente en torno a la figura del exconcejal primero de UA y luego del PP José Antonio Pizarro. Estos hechos también se explican en un capítulo de 'Dentro de lo normal'.

Asimismo, el 3 de noviembre de 2014, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, brigada más conocida como UDEF, entregó en la Audiencia Nacional un informe sobre parte de la documentación que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, había hecho pública. Entre esos papeles figuraba una carpeta de color verde sobre la compra y reforma de la sede central del PP vasco, sita en la Gran Vía de Bilbao y dotada fuertes medidas de seguridad por la amenaza de ETA. Bárcenas mostraba en sus anotaciones cómo parte de las aportaciones económicas que hacían empresarios al partido eran canalizadas a una caja específica llamada ‘Sede Vizcaya’. Con esos fondos, Génova hacía transferencias al partido en Euskadi para la adquisición del inmueble primero y para pagar las obras de remodelación después.