La jueza que investiga tráfico de influencias en Bermeo lleva nueve meses sin recibir un informe clave
La jueza que investiga un supuesto tráfico de influencias del exalcalde de Bermeo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) en la reclasificación de un solar para construir 40 pisos lleva nueve meses esperando a un informe del caso y ya ha apercibido a una consultora de un delito de desobediencia judicial. En concreto, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Gernika, que investiga el caso desde 2013, quiere conocer los autores del informe técnico que rechazaron la reclasificación del solar, una opinión que no fue tenida en cuenta por el Ayuntamiento de Bermeo. Ha pedido hasta tres veces esos datos, hasta ahora sin éxito.
La demanda presentada por un vecino sostiene que el Ayuntamiento cambió un terreno en el barrio bermeano de San Miguel de urbanizable a urbano sin informes técnicos que lo avalasen, lo que ha supuesto un beneficio de tres millones de euros. Se implica también a un constructor que promovió las viviendas “con quien tiene relaciones de amistad” el ex alcalde y que Goienetxea hizo “notas manuscritas e indicaciones que se elevaron a definitivos” en el Plan General de Urbanístico que avaló el cambio. El Ayuntamiento, gobernado por Bildu, defiende esta operación. Esta investigación motivó en octubre pasado la renuncia de Goienetxea (quien fue alcalde de Bermeo durante 16 años) a su cargo de concejal de Urbanismo que ocupaba en el Ayuntamiento de Bermeo, aunque proclamó su inocencia.
El denunciante es propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado y en 2008 pidió que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.
La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales. Hasta que en 2012 logró la modificación urbanística.
La jueza se está encontrando con problemas para avanzar en la investigación. En septiembre de 2014 pidió por vez la toma de declaración del autor del informe de la consultora Estudios K, la que asesoró en la elaboración del plan general urbanístico de Bermeo. Al no obtener respuesta, se realizó un segundo requerimiento el 16 de enero de este año, sin contestación. El último ha sido el 12 de mayo, en una nueva providencial judicial en la que incluye “el apercibimiento de que podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”.
La Audiencia de Bizkaia ya avaló, el pasado 31 de marzo, la investigación de la juez al señalar que “existen datos que evidencian una irregular actuación urbanística”. El Tribunal intervino tras la petición de los dos imputados, el ex alcalde y el constructor, que rechazaban sus imputaciones y pedían que se levantase la paralización de las obras dictada por el juzgado. La Audiencia aceptó que continuasen las obras al estimar que, en caso de sentencia condenatoria, se podrían derribar las viviendas pero rechazó, como sostenían los imputados, que “no existen indicios de delito”. El alto tribunal afirma que además de los “indicios de una ilegalidad administrativa consistente en haber cambiado la clasificación de suelo urbanizable a urbano sin reunir los requisitos y condiciones para ser suelo urbano”, la modificación urbanística se realizó “en contra de lo informado” por la asesoría urbanística externa del Plan General y “sin que se tenga constancia de la existencia de previo informe técnico jurídico” que lo avalase.
Los dos imputados pidieron, tras esta resolución de la Audiencia, el archivo de la causa, lo que fue denegado por la juez en una providencia dictada el pasado 5 de mayo “de acuerdo con lo dispuesto por la Audiencia Provincial”.
