El juez sentará en el banquillo a 26 imputados por el 'caso De Miguel', 20 de ellos ligados al PNV
El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria ha decidido encausar a 26 personas por la presunta trama de corrupción creada “en torno” al exnúmero dos del PNV de Álava Alfredo de Miguel y a otros antiguos dirigentes y cargos institucionales del partido jeltzale, cuyo objetivo estaría dirigido a la obtención de contratos públicos de forma “irregular” y al cobro de comisiones presuntamente ilegales.
Este auto abre la vía para la apertura del juicio oral en torno al llamado 'caso De Miguel', destapado en 2010, y por el que también han sido procesados otros antiguos dirigentes del PNV de Álava, como Aitor Telleria, Luis Felipe Ochandiano y excargos institucionales como el viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, el exgerente del Parque de Miñano Alfonso Arriola o el antiguo presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi Julián Sánchez Alegría.
En su auto, Ramos encausa a 26 de las 28 personas inicialmente imputadas en este proceso, la mayoría de ellas vinculadas o pertenecientes al PNV en la época de los hechos investigados. El juez decreta el sobreseimiento provisional y archivo para Pablo Larrabide y para Asier Arzalluz.
Tráfico de influencias
El responsable del Juzgado de Instrucción número 4 estima que “los hechos investigados en esta causa son presuntamente constitutivos de varios delitos”.
Ramos aprecia indicios sobre la presunta comisión de delitos de prevaricación, de omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público y/o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.
En el auto se indica que “ha quedado indiciariamente acreditado a los efectos de esta resolución y en grado de probabilidad la existencia de una trama organizada en torno a Alfredo De Miguel Aguirre, quien contando con la ayuda o colaboración de otros imputados, alguno de los cuales tenía u ostentaba responsabilidades políticas y/o administrativas, lideró un entramado societario” con diversos objetivos supuestamente delictivos.
Contratos “irregulares”
Entre dichos objetivos, se encontraría el de “obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el Partido Nacionalista Vasco (PNV)”.
Asimismo, la supuesta trama trataría de “solicitar y/u obtener, en algún caso, el pago de comisiones de las personas jurídicas o mercantiles que obtuvieron adjudicaciones de contratos de diversos entes públicos”, así como “solicitar y/u obtener el pago de cantidades dinerarias en base a negocios jurídicos o contratos simulados y que no se ajustaban a la realidad”.
El juez señala que “las actividades de tal entramado u organización se llevaron a cabo actuando de común acuerdo, en conjunto o en colaboración con otros imputados, caracterizándose por la extensa relación de personas, tanto con cargos o responsabilidades públicas, como sin ellos, que participaron en la estrategia diseñada, así como por las diversas entidades públicas afectadas por las conductas investigadas”.
