Urkullu ignora al Parlamento y evita recuperar el dinero de las informaciones pagadas
La estrategia del lehendakari, Íñigo Urkullu, en el caso de las informaciones pagadas al Grupo noticias hasta ahora era la de ganar tiempo, tras la reprobación del presidente hace tres meses por toda la oposición parlamentaria. Y ahora, la estrategia pasa también por escudarse en la acción de la justicia, que investiga un posible delito deEl 'caso Grupo Noticias', las informaciones pagadas con dinero público del Gobierno del lehendakari Urkullu al grupo afín al Ejecutivo del PNV, tiene dos ramificaciones. La primera tiene que ver con la investigación judicial abierta por una juez alavesa a instancias de la denuncia de UPyD. Y la segunda está relacionada con el mandato parlamentario de toda la oposición por el que se reprobó al lehendakari por este caso
En la sesión de julio pasado -la próxima semana se cumplen tres meses- en la que se reprobó al lehendakari por este tema, la mayoría de la Cámara acordó requerir al Gobierno para adoptar “cuantas medidas y actuaciones sean necesarias para restablecer la legalidad vulnerada y recuperar el dinero público que se ha destinado a publicidad encubierta”. Justo una semana después, los socialistas registraron una batería de iniciativas parlamentarias en las que preguntaban al lehendakari, Íñigo Urkullu, por las medidas que había tomado para recuperar el dinero público regalado al Grupo Noticias para comprar informaciones para difundir propaganda gubernamental.
En una de las respuestas del lehendakari al portavoz socialista, José Antonio Pastor, Urkullu deja claras las intenciones de su Gobierno en relación al cumpliimiento del mandato parlamentario en relación con la recuperación del dinero inyectado al Grupo Noticias a través de informaciones pagadas: no actuará hasta que lo ordene la jueza que investiga el caso.
La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros. Aunque el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, llegó a cifrar en más de 90.000 euros el montante de dinero utilizado por tres Departamentos del Gobierno de Íñigo Urkullu y la propia Lehendakaritza para comprar informaciones cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta y de propaganda a favor del Gobierno vasco o en contra del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la magistrada ha decidido por el momento acotar la investigación a dichos contratos.
Contratos del Gobierno socialista
Urkullu anuncia, en una respuesta fechada el pasado 15 de septiembre, que “estando el asunto en vía judicial, y por respeto a las decisiones judiciales, las medidas que, en su caso procedan, están a la espera de la conclusión de las actuaciones judiciales”. Es decir, que el mandato parlamentario pasa a segundo plano y para el lehendakari las siguientes actuaciones las fijará la juez, no las resoluciones adoptadas por toda la oposición en la Cámara vasca. Fuentes de Lehendakaritza consideran que ahora mismo el Gobierno no puede denunciar unos contratos legalmente establecidos con los periódicos y las radios del Grupo Noticias. Entre otras cosas, porque esas empresas adjudicatarias de los seis contratos adjudicados por los Departamentos de Educación (cuatro por valor de 20.415,64 euros), Salud (uno por 14.520 euros) y la propia Lehendakaritza (uno por 11.797,50 euros) podrían llevar a los tribunales al Gobierno.
La evolución judicial de esta investigación preocupa al Gobierno. En el seno del Ejecutivo se han valorado las posibles imputaciones que se puedan a lo largo de la instrucción judicial y también han supervisado contratos del anterior Gobierno, en manos de los socialistas, por comprobar si han incurrido en actuaciones similares, según fuentes conocedoras de los movimientos del Ejecutivo en este escándalo. Además del delito de malversación, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, investiga “la posible comisión” de los delitos de prevaricación y de fraude a las administraciones públicas, según precisó en el auto por el que admitió a trámite la denuncia.
Aunque la denuncia fue dirigida inicialmente contra el Secretario de Comunicación de Lehendakaritza y hombre de confianza del lehendakari, en realidad, las personas que realmente pueden ser responsables de los delitos investigados son los miembros de las diferentes Departamentos o de Presidencia que firmaron los contratos, lo cual no siempre coincide con los responsables de comunicación de cada consejería. El Ejecutivo lo que sí ha empezado a hacer es remitir la información solicitada por la jueza. En concreto, la magistrada reclamaba a Lehendakaritza y a los Departamentos de Salud y Educación que remitieran las resoluciones administrativas, los contratos y las facturas libradas a los medios del Grupo Noticias objeto de la investigación (la editora del Diario de Álava (Ediciones Izoria), Eusko Media (la empresa que regenta Onda Vasca), Urgull 2004 SA (editora del Diario de Noticias de Gipuzkoa) y Ediciones Iparraguirre (Deia).
