El macrojuicio del 'caso De Miguel', la trama corrupta que salpica al PNV, arrancará en enero
El macrojuicio del 'caso De Miguel' arrancará finalmente el 8 de enero de 2018 y se prolongará al menos hasta septiembre, nueve meses, según ha podido saber eldiarionorte.es de fuentes judiciales y de las defensas de los imputados. La envergadura del procedimiento, que se inició en diciembre de 2009 cuando una empresaria denunció con grabaciones una presunta trama corrupta que salpicaba a destacados dirigentes del PNV de Álava y que ha acumulado varios retrasos, ha obligado a realizar reformas en el Palacio de Justicia de Vitoria y a habilitar una sala específica para los medios de comunicación. Además de los 26 imputados (políticos, empresarios y sus supuestos testaferros y colaboradores), se prevé que comparezcan ante el tribunal que presidirá el magistrado Jaime Tapia alrededor de 150 testigos.
El 'caso De Miguel' es el mayor sumario de corrupción de los que se encuentran abiertos en la actualidad en Euskadi. Según la Fiscalía, se trata de una trama de tráfico de influencias y cobro de comisiones articulada en torno al que fuera 'número dos' del PNV de Álava y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), Alfredo de Miguel, conocido como 'Txitxo' y que capitaneó una compleja red de sociedades mercantiles a nombre de terceros (Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Diru Kapital, Eskalmelo, etc.). El expolítico se enfrenta a una petición de 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo) por hasta 21 delitos relacionados con la corrupción y también serán juzgados sus compañeros en la Ejecutiva alavesa del PNV (Araba Buru Batzar) Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, entre otros excuadros del partido.
La empresaria Ainhoa Alberdi, socia de un constructor cercano al PNV y contratista habitual del Gobierno vasco, Jon Iñaki Echaburu, denunció en 2009 que De Miguel y Tellería la estaban presionando para que les abonase una comisión de 100.000 euros por la adjudicación 'a dedo' del proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano, cerca de Vitoria. Alegó que incluso estaban extorsionando a su padre para que “pasara por caja”.
A partir de ahí, la compleja investigación ha puesto de manifiesto una trama mucho más compleja y con distintas ramificaciones. Un informe de la Ertzaintza, por ejemplo, reveló en 2011 que Echaburu había abonado a las empresas de De Miguel en otras dos ocasiones una cantidad equivalente al 4% de los contratos que le fueron adjudicados por instituciones dirigidas del PNV, los ayuntamientos de Zigoitia y Lapuebla de Labarca. Este empresario manifestaba a Alberdi en las grabaciones del caso que las mordidas estaban “dentro de lo normal”.
Los pagos se disfrazaban de supuestos asesoramientos que no consta que se realizaran. Asimismo, quedaron al descubierto los planes de De Miguel para impulsar a distintos niveles una macrorrecalificación de suelo en la pequeña localidad de Zambrana. Sus promotores catalanes, que abonaron sustanciosas cantidades al entorno del político, esperaban lograr 65 millones de euros con el proyecto de un polígono industrial en esa zona pegada a Miranda de Ebro (Burgos) y a distintos nodos logísticos. La investigación destapó también que el que fuera director de Juventud en los Gobiernos de Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, inyectó fondos con adjudicaciones directas a las sociedades de De Miguel por trabajos que no consta que realizaran.
Las operaciones económicas bajo sospecha suman unos 16 millones de euros, sin contar el fallido 'pelotazo' de Zambrana. Se estima también que las comisiones percibidas por el entorno de De Miguel rondarían los 700.000 euros, 800.000 euros si se suma la frustrada solicitud de 100.000 euros en Miñano denunciada por Alberdi.
Más complejo que el 'caso Urdangarín'
La dinámica del macrojuicio quedó definida en una reunión preparatoria que los jueces que compondrán el tribunal mantuvieron con los letrados de acusaciones y defensas y con el ministerio fiscal. La cita tuvo lugar el pasado viernes en el Palacio de Justicia de Vitoria y se repetirá en las proximidades del puente de diciembre para perfilar los últimos detalles.
En principio, la fecha elegida es el 8 de enero, cuando se empezarán a sustanciar las cuestiones previas, que serán muchas y requerirán tiempo para su debate y resolución. Habrá imputados que soliciten, por ejemplo, la anulación de pruebas clave incorporadas a los escritos de acusación al entender que no se obtuvieron de una manera regular. La idea inicial es que las declaraciones de los imputados no arranquen hasta el 19 de febrero y que se inicien con el esperado testimonio de Alfredo de Miguel. Todo apunta a que éste se prolongaría durante varias sesiones.
Tras los 26 imputados llegarán los 150 testigos. Habrá señalamientos hasta agotar las hojas del calendario antes de las vacaciones de verano. Tras el obligado parón de agosto, la previsión es que las sesiones se retomen en septiembre con las conclusiones de todas las partes. Según las fuentes consultadas, se trata de una previsión “conservadora” y ya se ha prevenido a las partes para que liberen al máximo sus agendas durante todo 2018.
El acuerdo alcanzado por las partes implica celebrar sesiones de mañana y tarde durante tres días por semana y dejar otros dos libres para que el Palacio de Justicia despache otros asuntos y para que los letrados puedan atender al resto de sus clientes -muchos son de bufetes pequeños-. Queda pendiente concretar si el juicio será de lunes a miércoles, como prefieren la mayoría, o de martes a jueves, como plantean los abogados de los imputados catalanes, los promotores de Zambrana, que tendrán que desplazarse a Vitoria desde Barcelona.
En principio, el tribunal parece favorable a organizar las sesiones por “bloques”, es decir, diferenciando las diferentes ramificaciones del 'caso De Miguel'. De este modo, permitiría que los abogados no interesados en algunos cuestiones puedan ausentarse algunas jornadas siempre que deleguen su representación en un colega. Asimismo, no se obligará a los imputados a participar en todas las vistas para no entorpecer sus posibles compromisos laborales o personales.
El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha acometido una reforma en los juzgados vitorianos para poder dar cabida a semejante proceso una vez descartada la posibilidad de llevarlo al palacio de congresos Europa, ubicado más al norte en la misma avenida donde se halla la sede judicial. Uno de los acuerdos es habilitar también un espacio de trabajo propio para los medios de comunicación ante la previsible falta de asientos en la propia sala de vistas.
“Las previsiones son aterradoras, pero la sala ha hecho un esfuerzo en organizar todo de la mejor manera posible”, explica un letrado que asistió a la reunión preparatoria. Fuentes judiciales también reclaman “paciencia” porque el juicio será extremadamente complejo y habrá que ir realizando ajustes “sobre la marcha”. En este sentido, recuerdan que el 'caso Urdangarín', con menos imputados y menos delitos, duró cinco meses.
