“El sistema penal castiga y ese no es siempre el objetivo de la mujer maltratada que denuncia”
Dentro del encuentro de la red de defensorías de la mujer de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, Miren Ortubay, profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y miembro del Fórum Feminista María de Maeztu, ha realizado una valoración de la aplicación la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta experta, tras reconocer el avance que ha supuesto la asistencia y el reconocimiento de derechos de las mujeres víctimas de la violencia, así como la importancia del desarrollo de acciones de prevención y sensibilización- ahora muy mermadas por los recortes, eso sí- ha relatado algunas de las debilidades que padece a su juico la norma.
El propio concepto de violencia de género recogido en la Ley 1/2004 implica para Ortubay una visión más reducida del fenómeno que la contemplada en los acuerdos internacionales. Considera que debería estar incorporada no solo la del ámbito familiar sino la ejercida hacia las mujeres por extraños, que queda fuera de la tutela judicial. Ortubay han censurado también el excesivo protagonismo que se concede a la vía penal y las consecuencias que conlleva en la práctica para las mujeres víctimas de maltrato. “El acceso a las tutelas y derechos queda condicionado por la obtención de una orden de detención, requiere una denuncia penal. Es discutible que hay prestaciones que se realizan antes pero la 'credencial' de víctima exige una orden de protección y esto supone un problema para las mujeres”.
“Se anima a las mujeres a que denuncien”
La profesora de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco ha hecho hincapié en que el paso más difícil para estas mujeres es asumirse como víctima, tomar conciencia y reaccionar. “Todo esto implica procesos psicológicos muy complejos que nunca se cursan de una manera lineal, se prolongan en el tiempo”. Por este motivo ha insistido en que la denuncia debe ser el último paso. Ha de presentarse cuando la mujer se encuentre preparada para hacerlo pero en la práctica, asegura Ortubay, se anima a las mujeres a que denuncien “sin garantizarles una información exhaustiva y completa” de lo que supone dar ese paso. “El sistema penal es una maquinaria preparada para castigar y ese castigo no coincide en muchas ocasiones con el objetivo que busca la mujer maltratada, que aspira a retomar las riendas de su vida y no sienten que su pareja tenga que pasar por un castigo o que se tenga que estigmatizar como delincuente al padre de su hijo. Pero no se suele respetar la voluntad de las mujeres. El sistema penal trata a las agredidas como menores de edad. Se apropia de su conflicto y se les quita el protagonismo”.
De la misma opinión es la magistrada de la sección primera de la Audiencia de Gipuzkoa, María José Barbarín, que ha intervenido en las jornadas para incidir en la respuesta judicial a la violencia de género. Barbarín se ha referido a las prohibiciones de acercamiento imperativas, una fórmula que para nada convence a esta jueza. “Todas las víctimas no están en la misma situación, no tiene las mismas percepciones...Da la sensación de que el legislador entiende que los jueces somos idiotas. Esta medida implica desconfianza hacia nuestra capacidad de valorar lo que tenemos delante y hacia las mujeres, en cierto modo, también. No puedo entender que no sea discrecional, sujeto a una valoración ponderada y razonada donde se podrían establecer una serie de parámetros”. Otra consecuencia de estos alejamientos obligatorios impuestos por ley son las muchas órdenes de incumplimientos que se dan sistemáticamente, según el relato de Ortubay. “No hay policía capaz de controlar esto. Se suele castigar no a todo el que incumple, sino al que pillan”, revela.
Castigos similares a agresiones de muy distinta gravedad
Ambas conferenciantes han coincidido al señalar la necesidad de preparar cuidadosamente a las mujeres para la denuncia. “Las afectadas reprochan que en el proceso no se las escucha, no se las cree, se las trata como a incoherentes, cuando no de mentirosas”, ha declarado Ortubay. Para María José Barbarín es crucial que se las escuche otra vez con atención tras el primer relato si es que quieren ampliar la denuncia. “Muchas veces ocurrir, nosotros lo vemos, que quieren contar más cosas que inicialmente no han contado. Es necesario que se dé esa oportunidad. En ocasiones un primer momento no están en condiciones ni físicas ni psíquicas para poder contar y cuando pasa el tiempo y reciben una apoyo psicosocial continuado, absolutamente imprescindible a mi entender, entonces revelan aquello que inicialmente han ocultado”.
Otro de los inconvenientes detectados por Ortubay es la imposición de castigos similares a conductas y agresiones de muy distinta gravedad y significado. “Cualquier agresión en la familia ya siempre queda tipificada como delito, desde un tortazo a un empujón se convierten en delito ocasional. Esta modificación buscaba una serie de consecuencias positivas pero también genera perjuicios. Con este planteamiento un tanto perverso se diluyen, ocultan o banalizan los casos más graves, las violencias psicológicas con finalidad de dominio total sobre la mujer, que atacan a lo más íntimo y acaban con la dignidad de las víctimas. Es lo que denominamos terrorismo patriarcal”. Equiparar la penas entre distintos tipos de maltrato es muy arriesgado, según Ortubay, porque una bofetada o contusiones son fáciles de probar y se da preferencias a ese camino frente a otro mucho más difícil y complejo, acreditar una violencia psicológica prolongada. “Aunque ha habido avances importante con las unidades de valoración forense integrales, las condenas por violencia habitual continuada son absoluta minoría, no llegan al 2,5%”.
Ortubay ha cerrado su intervención con un llamamiento a la igualdad real, un avance pendiente e imprescindible para combatir la lacra de la violencia de género. “No se trata solo de sobrevivir sino de conseguir una vida autónoma para estas mujeres”.
También ha participado en el encuentro Eva Silván, de Save The Children Euskadi, con su intervención titulada “En la violencia de género no hay una sola víctima” para reflejar las consecuencias que sufren los hijos e hijas de las mujeres que son víctimas de la violencia machista.
