¿Quién no quiere hacer memoria el próximo 10 de noviembre?

Las políticas de memoria se han convertido en los últimos años en un cóctel con muchos (demasiados) ingredientes en el que, la mayoría de las veces, las víctimas demuestran con sus iniciativas inclusivas estar tres pasos por delante de los partidos políticos. Y en la batalla por el relato que se libra en Euskadi desde que la organización terrorista ETA anunció el fin de la violencia hace casi ya cuatro años -el próximo 20 de octubre se cumplirá el cuarto aniversario del comunicado del “cese definitivo de su actividad armada- algunas estaciones que conducen al destino definitivo de la convivencia las llenan muestras de experiencias inclusivas. Auténticos aldabonazos en las puertas de los partidos.

Lo fue antes del fin de la violencia etarra la exitosa experiencia Glencree, aquel grupo de víctimas que tras cinco años de encuentros discretos asomaron la cabeza en junio de 2012 para, desde la atalaya de un mensaje ético de convivencia, invitar a la sociedad a hacer autocrítica de su pasado mediante “un compromiso ineludible con la verdad y la justicia”. La iniciativa nació en septiembre de 2007 de la mano de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, es decir, con el impulso de Maixabel Lasa y Txema Urkijo. “No representamos más que nuestra experiencia y no queremos que nuestra iniciativa sea utilizada por la política partidista”, se apuntaba en el texto firmado por ese grupo que entonces leyeron Asun Lasa, hermana de Josean Lasa, secuestrado y asesinado por el denominado GAL verde que lideraba el exgeneral de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, y Mari Carmen Hernández, viuda del edil popular de Durango Jesús Mari Pedrosa, asesinado por un pistolero de ETA de un disparo en la cabeza en 2000 tras el fracaso del Pacto de Lizarra.

La iniciativa Eraikiz en favor de una memoria inclusiva de un grupo de víctimas de la violencia de ETA, de los GAL o de los abusos policiales es de largo recorrido. No porque sus integrantes -una quincena de familiares a los que el zarpazo del terrorismo etarra, de la 'guerra sucia' del Estado o de los abusos policiales- hayan estado más de un año reuniéndose y poniendo en común sus experiencias y escuchando el dolor del de enfrente. Sino porque sus reclamaciones, de nuevo no partidistas, sitúan a los líderes políticos frente a su responsabilidad ante la ciudadanía en materia de víctimas.

Entre los firmantes del documento están familiares de víctimas de ETA como Marta y Sara Buesa, hijas del  que fuera vicelehendakari, el socialista Fernando Buesa; Andoitz e Ibai Korta, hijos del empresario Joxe Mari Korta; Josu Elespe, hijo del edil socialista Friolán Elespe; José Goikoetxea, hijo del ertzaina Joseba Goikoetxea; Mari Carmen Hernández, esposa del edil del Jesús María Pedrosa. Y también Inés Núñez de la Parte, hija de Francisco Javier Núñez Fernández, fallecido por abusos policiales; Mikel Paredes, hermano de Juan Paredes Manot, miembro de ETA que falleció fusilado en los estertores del franquismo, y Pili Zabala, hermana de la víctima de los GAL José Ignacio Zabala.

¿Y cómo coge esta iniciativa a los partidos? A algunos incapaces de realizar una revisión crítica de su pasado de apoyo a la violencia (EH Bildu) y a otros rehuyendo un espacio político parlamentario para construir memoria inclusiva y asentar la paz y la convivencia (PSE-EE, PP, UPyD) mientras la coalición soberanista no admita el 'suelo ético' y haga sus deberes en esa materia.

¿Y cómo le coge al Gobierno vasco? Pues con un discurso claro del lehendakari, pero con una actuación cuando menos sorprendente desde la Secretaría General de Paz y Convivencia. Urkullu reconoce, como hizo en el acto de entrega del mapa de la memoria a 130 alcaldes del pasado 4 de septiembre, que “la paz y la convivencia requieren el reconocimiento del daño causado y la dignidad de las víctimas, todas ellas merecedoras del derecho a la verdad, la justicia y la reparación”. Y les asegura a las víctimas no estar dispuesto a “pasar página sin clarificación, reconocimiento, ni crítica explícita de lo sucedido”. Pero su secretario de paz, Jonan Fernández, incluye en ese mapa de la memoria realizado para recordar y honrar en los municipios a las víctimas de las diferentes violencias casos de terroristas de ETA o de los comandos autónomos anticapitalistas muertos en circunstancias no aclaradas (suicidios, desapariciones o supuestas ejecuciones extrajudiciales no confirmadas judicialmente). El PP y UPyD han puesto el grito en el cielo y la líder popular Arantza Quiroga considera “injustificable” pretender reconocer la “trayectoria ejemplar (homenajear)” de esos terroristas.

“Pedimos que desde las instituciones se reconozca a todas las víctimas, cumpliendo los principios de igualdad, verdad, justicia, memoria, reconocimiento y reparación”, se recoge en el documento de Eraikiz. Y el 10 de noviembre, Día de la Memoria, puede ser un buen momento para que todas las formaciones se retraten.  

El llamamiento de Eraikiz a los partidos recuerda en parte a aquella salida del guión de la periodista Gemma Nierga en la multitudinaria manifestación de repulsa en Barcelona tras el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch a manos de ETA en noviembre de 2000. “Ustedes que pueden, dialoguen por favor”, dijo la periodista ante el entonces presidente José María Aznar, atónito por las palabras pronunciadas, ajenas al comunicado pactado entre los partidos.

Hoy, las víctimas de la iniciativa Eraikiz parecen también querer saltarse ese guión preestablecido en el que se encuentran los partidos vascos marcado por el desacuerdo en materia de Paz y Convivencia. Y lo hacen con tres exigencias: “Tenemos que oír a nuestros representantes decir al unísono que matar estuvo mal”, “todos los partidos deben reconocer a todas las víctimas sin discriminaciones de ningún tipo” y, finalmente, “les pedimos que activen la ponencia de paz y convivencia o algún espacio similar dentro del Parlamento Vasco para acordar los principios y valores sobre los que queremos asentar la convivencia”.

Durante la etapa del anterior gobierno socialista se fijó el 10 de noviembre como el Día de la Memoria. En 2010 se realizó la primera muestra de recuerdo a “las víctimas del terrorismo, sin excepción”. Entonces tampoco fue posible la unidad total por la discrepancia de Aralar y EA a suscribir un texto que no reconocía a “las víctimas de la violencia de motivación política”. Cinco años después, sin ETA en activo, y con la iniciativa de Eraikiz, Urkullu aspira al reencuentro de las cuatro familias políticas de Euskadi el próximo 10 de noviembre en torno a la idea de una “memoria crítica y constructiva”. Algunas víctimas empujan en esa dirección. ¿Qué harán finalmente los partidos?