El juicio mercantil de Hiriko arranca el 7 de julio con la vista puesta en los 18 millones dilapidados
El próximo 7 de julio se iniciará en Vitoria el juicio mercantil del ‘caso Hiriko’. Es el primero de los dos procedimientos judiciales abiertos en torno al fiasco que supuso el proyecto de coche eléctrico vasco, que se tragó alrededor de 18 millones de euros en ayudas públicas. Ese primer día, según fuentes judiciales, se concretarán las pruebas y los testigos, aunque se prevé que las sesiones se prolonguen durante varias jornadas ya que sólo la Fiscalía ha solicitado la comparecencia de 33 personas.
El procedimiento mercantil del ‘caso Hiriko’ se sigue contra la entidad “sin ánimo” de lucro Afypaida, sociedad sobre la que pivotaron las distintas empresas que participaron en el proyecto de vehículo eléctrico y que acabó en concurso de acreedores. Tras ella, el constructor Jesús Echave y también otros empresarios alaveses. En Hiriko participó también activamente el que fuera concejal del PNV Iñigo Antia. Este partido impulsó políticamente la concesión de subvenciones al proyecto, que se tradujeron en una lluvia de millones desde el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (dentro de uno de sus acuerdos con los nacionalistas en las Cortes Generales) y, en menor medida, desde las instituciones vascas. Sin embargo, la inversión privada fue mínima.
La administración concursal solicita la calificación de “culpable” para los promotores de Hiriko, lo que les obligaría a devolver a los acreedores, principalmente instituciones, el dinero que se les adeuda. También el Estado, personado en el procedimiento, reclamará la devolución de 18 millones de euros.
Pese al dinero público recibido, Hiriko, el coche llamado a ser la revolución en la movilidad urbana, no llegó nunca a ser una realidad. Aunque sí se realizó un importante trabajo de I+D, principalmente de la mano del MIT de Boston, nunca se fabricaron los vehículos eléctricos prometidos. De hecho, apenas se remató un prototipo que falló al arrancar en su gran presentación en Bruselas delante de las autoridades de la Unión Europea.
Además de la causa mercantil, la Fiscalía impulsó una investigación penal que ahora mismo sigue abierta en un juzgado de instrucción de Vitoria. Según el escrito del fiscal Josu Izaguirre, los empresarios detrás de Hiriko, que no tenían ninguna “experiencia” en el sector de la automoción, idearon un “plan” para “distraer” las subvenciones que lograron para la fabricación del Hiriko “en beneficio propio”. En total, se pudieron valer de hasta 22 facturas presuntamente falsificadas para lucrarse.
El 'modus operandi' descrito por el fiscal apunta a que las distintas sociedades mercantiles que formaban parte del consorcio Hiriko u otras beneficiarias del fraude se cruzaron facturas para poder justificar trabajos ante la Administración y poder recibir los fondos públicos. El ejemplo más claro de esas supuestas irregularidades es que Echave se autoalquiló el edificio Alas, que ya era suyo, para ser la sede de Hiriko. El empresario, asimismo, amplió su colección de vehículos clásicos y de competición con unos 650.000 procedentes del Ministerio de Ciencia. En total, según la investigación de la Fiscalía, las facturas presuntamente irregulares podrían cuantificarse en hasta 6,4 de los 18 millones de euros en ayudas recibidos por el consorcio Hiriko.
