10 millones de dinero público dilapidados para una inacabada planta de residuos animales
Otro fiasco empresarial que ha dilapidado más de 10 millones de euros de dinero público en Euskadi ha quedado visto para sentencia de los tribunales. Durante esta semana, un juzgado de lo mercantil de Bilbao ha dirimido lo ocurrido con la frustrada planta de residuos ganaderos en Carranza (Bizkaia), que ahora es solo un esqueleto de hormigón inservible. El principal responsable, según la investigación, es un ex alto cargo del Gobierno vasco del PNV durante la pasada década, Martin Ascasibar, acusado de montar este proyecto como “mero instrumento para captar las ayudas institucionales” y también están imputados el ex alcalde peneuvista en Carranza José Luis Portillo y un ex concejal. El caso está también bajo investigación penal.
La denominada planta de purines perseguía acabar con un problema medioambiental: los residuos ganaderos de Carranza que causaban contaminación en los ríos de la comarca. Pero durante el juicio se ha constatado más el interés privado por lucrarse que el general de resolver un problema.
La vista, que debe determinar si la quiebra de la sociedad promotora del proyecto fue fortuita o culposa, se ha celebrado por el empeño del consistorio de Carranza, ahora dirigido por un grupo independiente Karrantza Zabala, que descabalgó del poder al PNV hace dos legislaturas cuando el caso salió a la luz pública. Ni el Gobierno vasco ni la Diputación vizcaína, que aportaron 8 millones al proyecto que se han ido al garete, se han personado como acusadores, una actitud que se ha repetido en otros casos que han implicado a cargos peneuvistas. En cambio, el Gobierno central, que otorgó 2,2 millones de euros de ayudas, se ha personado a través de la Abogacía del Estado.
El juicio ha constatado el cúmulo de despropósitos del proyecto desde el inicio. Se compraron terrenos pagando 100.000 euros en una zona karstica, lo que obligó a adquirir otro suelo abonando otros 300.000 euros. Los 10,2 millones de ayudas recibidos entre 2006 y 2009 se tramitaron por trabajos sin comenzar, con formularios entregados en blanco, sobrecostes de 800.000 euros en facturas de dos millones o para proyectos como una planta de abonos que iba a aprovechar los residuos, que recibió un millón de euros y de la que nunca se supo nada.
Cúmulo de despropósitos
El juicio ha constatado el cúmulo de despropósitos del proyecto desde el inicio. Se compraron terrenos pagando 100.000 euros en una zona karstica, lo que obligó a adquirir otro suelo abonando otros 300.000 euros. Los 10,2 millones de ayudas recibidos entre 2006 y 2009 se tramitaron por trabajos sin comenzar, con formularios entregados en blanco, sobrecostes de 800.000 euros en facturas de dos millones o para proyectos como una planta de abonos que iba a aprovechar los residuos, que recibió un millón de euros y de la que nunca se supo nada.
El principal acusado, el exdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Agricultura y actualmente alto cargo de la constructora Altuna y Uria, Martin Ascasibar, ha mantenido en el juicio que sus superiores –en alusión sobre todo al consejero de Agricultura de entonces, el peneuvista Gonzalo Sáenz de Samaniego– estaban «evidentemente informados» y respaldaban sus gestiones. Calificó como “frecuente” que se pidieran ayudas con documentos en blanco porque “es una manera de estar los primeros (de la cola) para programas con créditos limitados, ya que se conceden por orden de llegada” y tildó de “normal” la petición de facturas por trabajos no realizados
La vía mercantil de este caso está basada en el contundente informe del administrador concursal, quien atribuye toda la trama al ex alto cargo del Gobierno vasco. “Fue un proyecto ideado por Martín Ascacibar, cuando estaba al frente del Departamento de Investigación Agropesquera y Alimentación del Ejecutivo autonómico» y que fue la persona que «adoptó la decisión de construir una planta que sería financiada en su totalidad con fondos públicos».
La involucración en el proyecto de los ganaderos de la zona (tuvieron el accionariado del 51% del capital de la sociedad gestora del proyecto Karrantzako Minda) fue «una cuestión de imagen», sostiene el administrador concursal, ya que esta entidad fue «un mero instrumento para captar las ayudas institucionales“.
El Tribunal Vasco de Cuentas realizó también una auditoría específica del proyecto y concluyó que no hubo “control suficiente” de las ayudas. “Se aceptan como justificantes gastos que no responden a inversiones realizadas, facturas que corresponden a anticipos y no a la ejecución de obras o gastos; certificaciones de obra emitidas con anterioridad al inicio de la misma y gastos no incluidos en el presupuesto”.
El juzgado de lo mercantil deberá dictaminar ahora si hasta ocho personas y tres sociedades tendrán o no que responder con su patrimonio por el agujero generado. Los afectados por el fracaso del plan demandan el pago de algo más de 20 millones de euros, de los que ocho millones son para cubrir las deudas generadas y otros 12 millones en concepto de daños y perjuicios.
