Garoña ya es (casi) pasado, las nucleares, no tanto

Los ecologistas, que este sábado saldrán a la calle en Madrid para protestar por la continuidad del negocio nuclear en España y por una firme apuesta por las energías renovables, se han encontrado por el camino de su lucha contra la central nuclear de Garoña un aliado inesperado: la eléctrica Iberdrola y su presidente, Ignacio Sánchez-Galán, que no solo ha dejado clara la inviabilidad económica de la central burgalesa, la más antigua del parque nuclear español, sino que ha cuestionado el futuro, a medio plazo, de la energía nuclear. Al menos, tal y como está concebido el sector en estos momentos en España. Es decir, si no se produce una reducción de la fiscalidad que soportan las plantas nucleares. Justo, además, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado un impulso a las renovables inédito desde la moratoria aprobada en 2012 por su ejecutivo: dos subastas sucesivas para adjudicar la instalación de más capacidad verde, en total 3.000 megavatios en mayo, otros 3.000 para verano y los 700 del pasado año.

Garoña es una planta que en diciembre de 2012, cuando entró en parada y se desenganchó de la red de producción de energía en España a principios de 2013, aportaba menos del 6% de la producción total de energía nuclear en España. La decisión adoptada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de autorizar con condiciones la reapertura de la central nuclear más antigua de España más allá de los 40 años es de una importancia crucial para el negocio de producción de energía vía uranio en este país. Pero en ese negocio, Garoña es residual.

Lo de menos es el objeto de la decisión del regulador: el futuro de la planta de Santa María de Garoña, situada en el valle burgalés de Tobalina, a escasos 60 kilómetros en línea recta de Vitoria-Gasteiz. O que la decisión haya sido tomada con el aval de cuatro (tres nombrados por el PP y una por el PSOE) de los cinco miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, ya que solo la exministra de Medio Ambiente en el gobierno de Zapatero (PSOE), Cristina Narbona, se ha opuesto a dar luz verde a la reapertura de la planta, hermana gemela de la de Fukushima (Japón), que sufrió un gravísimo accidente en 2011. O que para dar luz verde a la reapertura se hayan empleado artimañas de todo tipo para llegar al resultado favorable y  el CSN haya tomado la decisión incluso en contra de sus propias directrices.

En el  País Vasco el movimiento ecologista y antinuclear ha desarrollado una lucha sin cuartel desde que en 1976 se conocieron los planes para llenar la costa vasca de centrales nucleares -Deba (Gipuzkoa),  Ispaster y Lemoiz (Bizkaia)- y la de Tudela (Navarra) y se creara la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear. Y entonces algunos dirigentes del PNV -partido que ahora muestra su cara más antinuclear- soñaran con el autoabastecimiento energético vía uranio enriquecido en una Euskadi independiente. Luego vendría ETA a emponzoñarlo todo -el pasado 29 de enero, se han cumplido 36 años del asesinato del ingeniero de la central de Lemoiz José María Ryan,... pero esa es otra historia.

La construcción de la central de Lemoiz se detuvo como consecuencia de una moratoria nuclear aprobada en marzo de 1984, con los socialistas en el poder. Ahora, el PNV ha pactado con el PP en el acuerdo presupuestario la cesión de la titularidad de los terrenos donde está el esqueleto de la central a las autoridades vascas.

La cuestión aquí es básicamente económica. Y las principales eléctricas de este país están ya pensando en el universo que se les abre con esta decisión para extender la vida de las centrales que están en funcionamiento -las cinco centrales construidas en los años 80- hasta los 50 o incluso los 60 años, como se pretende con Garoña. Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, ha preferido no hablar sobre Garoña y las severas condiciones que les pone el CSN para reabrirla. De hecho, la central está parada desde 2012 y desde 2014, cuando Nuclenor solicita de nuevo la autorización para activar la planta engacharse a la red, las dos eléctricas conocen muchas de las actuaciones que deben implementar en materia de seguridad (cambiar todo el cableado de la central, modificar el techo del reactor, construir una torre de enfriamiento, etc) para reabrir Garoña. La exministra Narbona ha revelado que hace un año y medio el director técnico del Consejo envió una misiva a Nuclenor, diciendo que si esas actuaciones no se ejecutaban, “no se daría el informe” favorable del CSN.

Pero, al final, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sí dio luz verde. Y no han acometido esas inversiones en estos dos años. Iberdrola no lo ve nada claro -en abril de 2016, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ya les anunció a los sindicatos que la central de Garoña se cerraría “por motivos económicos”-   y Endesa, la eléctrica amiga de la anterior en este viaje, calla. Salvo para decir, como ha hecho su consejero delegado, José Bogas, que hay que “analizar” el informe del CSN para ver “si es rentable o no” la reapertura. Es decir, criterios económicos y de rentabilidad, los mismos que hacen prever que la planta de Garoña no se va a reabrir nunca. O las palabras del presidente de Endesa a finales de abril. Borja Prado rechazó tomar una decisión sobre Garoña antes del propio Gobierno. “No vamos a ser los precursores de cargarnos el sistema. Respeto mucho las decisiones del señor Galán, como espero que él respete las mías», explicó tras celebrar la Junta de Accionistas del grupo.

El 31 de marzo pasado, justo antes de la junta de accionistas de Iberdrola –cuando Galán escenifica públicamente su completo desacuerdo a abrir Garoña y cuestiona el parqué nuclear- la eléctrica vasca había mandado un burofax a Endesa para forzar una reunión de Nuclenor para “tratar la presentación del escrito de desistimiento de solicitud de renovación de la explotación de la Central Nuclear Santa María de Garoña”, situada en el valle burgalés de Tobalina.

“Garoña no es viable económicamente”

La reunión de Nuclenor se celebró el pasado 26 de abril… a cara de perro: los intereses de Endesa, en manos de capital italiano, e Iberdrola ya no van de la mano. En ese encuentro, los consejeros discutieron con las conclusiones de un informe interno encargado por Iberdrola a PricewaterhouseCoopersPwC sobre la viabilidad de Garoña. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, concluye que, “en el escenario más probable -actualizando los costes y aplicando una tasa de descuento para el cálculo del VAN del Ebitda del 10%- las pérdidas de la central de Santa María de Garoña ascenderían a 1.062 millones de euros, incluyendo las inversiones necesarias para alargar su funcionamiento hasta los 60 años”.

El informe externo apunta también que el precio a partir del cual podría ser viable la planta oscilaría entre los 65,7 euros por megavatio hora y los 69,5 euros. Estas cifras se sitúan muy lejos –según PwC- del promedio histórico (2013-2016) de los precios del mercado mayorista (44,10 euros/ MWh) y de las estimaciones futuras de OMIP para 2018 y 2019 (44 y 42,4 euros/MWh, respectivamente).

“Incluso en el escenario más conservador, con una tasa de descuento del 7,5% y los costes desactualizados, las pérdidas totales incluyendo inversiones serían de 916 millones de euros”, concluye la consultora externa.

Sin olvidar que la UE debe visar “el proyecto de inversiones” para la posible reapertura de Garoña, como recordó en su día en el Congreso de los Diputados el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el popular Miguel Arias Cañete. Pese a todo, Endesa defendió que no era el momento de tomar ninguna decisión por parte de Nuclenor y que lo correcto era esperar a que se pronunciara el Gobierno de Rajoy.

Lo que está en juego en España es el futuro modelo energético, ese en el que el oligopolio eléctrico hace y deshace en el mercado energético español Y la batalla en marcha realmente es si se va a extender la vida de las centrales más allá de los 40 años. Un ejemplo: Almaraz I, construida en los 80 en Cáceres, entró en servicio en 1981. Es la siguiente en la lista para plantear al CSN extender su vida útil más allá de los 40 años. Acaba de presentar esta misma semana la solicitud ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para seguir operando a partir de 2020 Si del total de la producción de electricidad en España, la vía nuclear aporta entre el 21-22%, Almaraz sumaba el 30% del total de energía producida por las centrales nucleares. Garoña menos del 6%. Iberdrola controla el 52,7% de Almaraz I, Endesa el 36,0% y Gas Natural el 11,3%. ¿Para qué iban a invertir los dos primeras cerca de 200 millones en una central obsoleta y que aporta tan poca energía a la producción energética española como Garoña? Sobre todo si ahora saben que el CSN ha abierto la espita de la vida útil del resto de las centrales nucleares que también controlan, en mayor o menor medida, ambas empresas eléctricas. 

La lista es larga:  tras Almaraz I vendrán Ascó I -100% propiedad de Endesa-, que entró en servicio en Tarragona en 1983; después Almaraz II, también de 1983; la planta valenciana de Cofrentes, en servicio desde 1984, la más potente de España con 1092.02 MW, y propiedad al 100% de Iberdrola; más tarde Asco II, de 1985 y controlada por Endesa (85%), Iberdrola (15%); luego le seguirá Vandellós, planta que lleva en servicio desde 1987 y está controlada por Endesa (72%), Iberdrola (28%) para acabar con Trillo (Gualadajara), controlada por Iberdrola (48%), Gas Natural (34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%) y en servicio desde 1988.

Rajoy ya anunció que el plazo para que su Gobierno tome la decisión sobre Garoña no termina hasta principios de agosto de este año. El calendario va pasando sus hojas. Garoña no tiene pinta de volver a generar electricidad. No está tan claro qué pasará con el resto de plantas nucleares en España.