Larga vida al negocio nuclear (sin Garoña)

A veces los árboles no dejan ver el bosque. Es lo que puede estar pasando con el futuro de la central nuclear de Garoña, una planta que en 2012 cuando entró en parada aportaba menos del 6% de la producción total de energía nuclear en España. La decisión adoptada esta semana por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de autorizar con condiciones la reapertura de la central nuclear más antigua de España más allá de los 40 años es de una importancia crucial para el negocio de producción de energía vía uranio en este país. Y en ese negocio, Garoña es residual.

Lo de menos es el objeto de la decisión del regulador: el futuro de la planta de Santa Maria de Garoña, situada en el valle burgalés de Tobalina, a escasos 60 kilómetros en línea recta de Vitoria-Gasteiz. O que la decisión haya sido tomadada con el aval de cuatro (tres nombrados por el PP y una por el PSOE) de los cinco miembros del Consejo de Seguridad Nuclear, ya que solo la exministra de Medio Ambiente en el gobierno de Zapatero (PSOE), Cristina Narbona, se ha opuesto a dar luz verde a la reapertura de la planta, hermana gemela de la de Fukushima (Japón), que sufrió un gravísimo accidente en 2011. O que para dar luz verde a la reapertura se hayan empleado artimañas de todo tipo para llegar al resultado favorable y el CSN haya tomado la decisión incluso en contra de sus propias directrices.

Y la aseveración anterior puede parecer chocante, sobre todo para la opinión pública vasca, que ha desarrollado una lucha sin cuartel desde que en 1976 se conocieron los planes para llenar la costa vasca de centrales nucleares -Deba (Gipuzkoa), Ispaster y Lemoiz (Bizkaia)- y la de Tudela (Navarra) y se creara la Comisión de Defensa de una Costa Vasca No Nuclear. Y entonces algunos dirigentes del PNV -partido que ahora muestra su cara más antinuclear- soñaran con el autoabastecimiento energético vía uranio enriquecido en una Euskadi independiente. Luego vendría ETA a emponzoñarlo todo -hace unos pocos días, el pasado 29 de enero, se han cumplido 36 años del asesinato del ingeniero de la central de Lemoiz José María Ryan,... pero esa es otra historia.

La cuestión aquí es básicamente económica. Y las principales eléctricas de este país están ya pensando en el universo que se les abre con esta decisión para extender la vida de las centrales que están en funcionamiento -las cinco centrales construidas en los años 80- hasta los 50 o incluso los 60 años, como se pretende con Garoña. Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, ha preferido no hablar sobre Garoña y las severas condiciones que les pone el CSN para reabrirla. De hecho, la central está parada desde 2012 y desde 2014, cuando Nuclenor solicita de nuevo la autorización para activar la planta engacharse a la red, las dos eléctricas conocen muchas de las actuaciones que deben implementar en materia de seguridad (cambiar todo el cableado de la central, modificar el techo del reactor, construir una torre de enfriamiento, etc) para reabrir Garoña. La exministra Narbona ha revelado que hace un año y medio el director técnico del Consejo envió una misiva a Nuclenor, diciendo que si esas actuaciones no se ejecutaban, “no se daría el informe” favorable del CSN.

Pero, al final, el Consejo sí ha dado luz verde. Y no han acometido esas inversiones en estos dos años, entre otras cosas, porque el desembolso para las dos eléctricas puede alcanzar entre 150 y casi 200 millones de euros, según diferentes estimaciones realizadas esta semana.

Iberdrola no lo ve nada claro - en abril de 2016, su presidente, Ignacio Sánchez Galán, ya les anunció a los sindicatos que la central de Garoña se cerraría “por motivos económicos”- y Endesa, la eléctrica amiga de la anterior en este viaje, calla. Salvo para decir, como ha hecho su consejero delegado, José Bogas, que hay que “analizar” el informe del CSN para ver “si es rentable o no” la reapertura. Es decir, criterios económicos y de rentabilidad, los mismos que hacen prever que la planta de Garoña no se va a reabrir nunca. Sin olvidar que la UE debe visar “el proyecto de inversiones” para la posible reapertura de Garoña, como ha recordado esta semana en el Congreso de los Diputado el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía Miguel Arias Cañete.

Pero lo que ha pasado completamente desapercibido es el aplauso generalizado de todas las eléctricas -el oligopolio que hace y deshace en el mercado energético español- a extender la vida de las centrales más allá de los 40 años. Y esa es la batalla en marcha. Un ejemplo: Almaraz I, construida en los 80 en Cáceres, entró en servicio en 1981. Es la siguiente en la lista para plantear al CSN extender su vida útil más allá de los 40 años. Si del total de la producción de electricidad en España, la vía nuclear aporta entre el 21-22% del total, Almaraz sumaba el 30% del total de energía producida por las centrales nucleares. Garoña menos del 6%. Iberdrola controla el 52,7% de Almaraz I, Endesa el 36,0% y Gas Natural el 11,3%. ¿Para qué iban a invertir los dos primeras cerca de 200 millones en una central obsoleta y que aporta tan poca energía a la producción energética española como Garoña? Sobre todo si ahora saben que el CSN ha abierto la espita de la vida útil del resto de las centrales nucleares que también controlan, en mayor o menor medida, ambas empresas eléctricas.

Y la lista es larga: tras Almaraz I vendrán Ascó I -100% propiedad de Endesa-, que entró en servicio en Tarragona en 1983; después Almaraz II, también de 1983; la planta valenciana de Cofrentes, en servicio desde 1984, la más potente de España con 1092.02 MW, y propiedad al 100% de Iberdrola; más tarde Asco II, de 1985 y controlada por Endesa (85%), Iberdrola (15%); luego le seguirá Vandellós, planta que lleva en servicio desde 1987 y está controlada por Endesa (72%), Iberdrola (28%) para acabar con Trillo (Gualadajara), controlada por Iberdrola (48%), Gas Natural (34,5%) Hidroeléctrica Cantábrico (15,5%), Nuclenor (2%) y en servicio desde 1988.

Este es el bosque nuclear que la central obsoleta de Garoña no permite ver, pero donde está el negocio real y la trascendencia de la decisión adoptada por el CSN esta semana.