La Ley de Seguridad facilitará la expulsión de inmigrantes
El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado por el Gobierno de Rajoy hace 10 días se ha convertido rápidamente en una de las más rechazadas de esta legislatura. A la oposición casi total en el Congreso hay que añadir la alarma del Consejo de Europa y la crítica generalizada entre organizaciones y colectivos sociales. En todos los casos se ha puesto el acento sobre el endurecimiento de las penas y sanciones económicas por actos de protesta y desobediencia y sobre el hecho de que limita el derecho de reunión. Lo que ha pasado desapercibido, sin embargo, es que la nueva norma también modifica la ley de extranjería para facilitar la expulsión de inmigrantes en situación irregular.
Se trata del texto incorporado en la disposición final primera del anteproyecto. En él se establece una modificación de la ley de Extranjería que actualmente está en vigor, concretamente en el apartado que determina las condiciones para proceder a la expulsión. La norma del año 2000 determina que se puede aplicar la expulsión en lugar de una sanción ‘en atención al principio de proporcionalidad’. En el nuevo articulado la sanción y el proceso de expulsión ya no son excluyentes y se ha eliminado esa referencia a la proporcionalidad por lo que incluso por el simple hecho de encontrarse en situación irregular los expedientes podrían llegar a prosperar.
A día de hoy la policía tiene tendencia a abrir procedimientos de expulsión en todos los casos, pero los tribunales les han quitado la razón en varias ocasiones. A partir de 2006 el Tribunal Supremo fue creando jurisprudencia basándose precisamente en esa referencia a la proporcionalidad, de tal forma que la multa impuesta a los extranjeros debía tener relación directa con la infracción cometida y reservando la expulsión sólo para los hechos más graves.
Esta redacción ha creado ciertos quebraderos de cabeza en las fuerzas de seguridad. De hecho, en 2007 la dirección de la Policía Nacional y la Guardia Civil envió una circular a las brigadas de extranjería precisamente con indicaciones sobre cómo plantear los procedimientos de expulsión de tal forma que no se vieran rechazados en los tribunales. Suprimiendo la referencia a la proporcionalidad y determinando la imposición de ambas medidas en todos los casos, el Gobierno podría estar eliminando la jurisprudencia creada sobre este problema de un plumazo.
Patxi de la Fuente, portavoz de SOS Racismo Bizkaia y abogado, alerta de que “si se mantiene la redacción del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana también se pretende colar una reforma encubierta de la ley de Extranjería”. De la Fuente cree que “el Gobierno quiere evitar el control que los Juzgados están realizando sobre el abuso que hace la policía de las órdenes de expulsión”. “Lo normal hasta ahora era que todo acabara en multa, al menos cuando las personas extranjeras ponían un recurso contencioso administrativo, pero el nuevo texto es muy raro jurídicamente y abre la puerta a otras interpretaciones”, explica el portavoz de la organización humanitaria. “Además, nadie se pone a reformar una ley orgánica anterior sin ningún motivo”, añade.
“Limitar el trabajo de los jueces”
Sin llegar a modificar directamente la ley de Extranjería, el nuevo anteproyecto también prevé legislar otros aspectos que teóricamente están dentro de su ámbito. Por ejemplo, el artículo 38 establece la pérdida del derecho a solicitar permisos de residencia o trabajo a aquellas personas que cometan infracciones graves o muy graves. Esta nueva sanción unida a que muchos actos de desobediencia o protesta se consideran ahora graves limitará mucho a los extranjeros en situación irregular. Por ejemplo, podrán perder este derecho las personas que ejerzan la prostitución, las que practiquen botellón, se opongan a su propio desahucio, se manifiesten frente a un Parlamento autonómico o cometan simples actos de desobediencia.
SOS Racismo cree que todo el texto del anteproyecto es un “enorme retroceso en el ejercicio del derecho de reunión y de protesta”. La organización humanitaria está “muy preocupada” porque ven “una tendencia a sacar del derecho penal y llevar al ámbito administrativo muchas infracciones, limitando así el trabajo de los jueces”.
