El nuevo plan de convivencia del Gobierno prevé un nuevo Consejo Interreligioso
El nuevo plan de paz y convivencia del Gobierno vasco, presentado este miércoles en Vitoria, ha sido rebautizado para el período 2017-2020 como “plan de convivencia y derechos humanos”. El documento, ya adelantado hace unas semanas en el Parlamento, continúa hablando de la gestión del final de ETA y, de hecho, remarca que por la “gravedad” e “intensidad” de su actividad terrorista merece un tratamiento específico, especialmente en este momento previo a la entrega de armas. Pero, según el secretario de Convivencia del Ejecutivo, Jonan Fernández, la “paz” entendida como ausencia de violencia ya ha sido asumida por la sociedad vasca y, sin embargo, es necesario hacer frente también a nuevos retos como la crisis de los refugiados, la pluralidad religiosa o el yihadismo. Por ello, el documento y sus anexos recogen varias reflexiones nuevas sobre cómo encara Euskadi el “terrorismo internacional”. Entre las medidas previstas, se plantea crear un Consejo Interreligioso que derribe prejuicios desde el diálogo.
“La diversidad cultural, religiosa, lingüística, étnica o de cualquier otra índole es sinónimo de libertad y de salud cívica. También de prosperidad. Las sociedades occidentales más prósperas son sociedades diversas e innovadoras, también en lo cultural y religioso”, recoge el plan gubernamental. Sin embargo, el documento alude a los “contravalores”, a “algunos acontecimientos puntuales que se han vivido en otras sociedades europeas en los últimos años” como “el fanatismo violento de inspiración supuestamente religiosa” y su derivada, “el racismo, la persecución o la discriminación contra determinados grupos religiosos y, en particular, la islamofobia”.
La oficina de Fernández defiende el desarrollo de un plan de seguridad específico contra el yihadismo (de hecho la Ertzaintza ya lo tiene), pero reclama una respuesta “multidimensional” contra este fenómeno (de hecho, se afirma que “desde el punto de vista operativo, el terrorismo internacional no tiene solución militar”). Alude, por ejemplo, al principio de integración, a evitar que perfiles de personas muy concretos caigan en el desarraigo: “[Hay que] seguir promoviendo políticas de cohesión e integración social, de educación en derechos humanos y de convivencia interreligiosa e intercultural”. En este sentido, el plan avisa de que “los delitos de odio representan formas emergentes de ruptura de la convivencia”. Euskadi acapara uno de cada cuatro delitos de estas características en España.
“Sin apuesta educativa, sin cultura de paz y convivencia, sin políticas sociales y de cohesión, sin inversión en valores que miren al medio y largo plazo, será difícil hallar una respuesta estratégica y global a los retos que nos plantean los retos emergentes de la convivencia”, abunda el plan del Ejecutivo.
En este sentido, la séptima de las 14 iniciativas del plan, llamada “gestión positiva de la diversidad”, plantea algunas medidas para operativizar esos objetivos genéricos. El segundo semestre de 2017, por ejemplo, se activará un “programa de trabajo interreligioso” que se articulará con un consejo cuya composición y funciones no se concretan por el momento. También se harán guías para difundir a nivel local la existencia de templos u oratorios. El plan de prevención de la radicalidad de la Ertzaintza, en todo caso, ya incluye la colaboración con la comunidad musulmana, lo que se ha traducido en que ertzainas de los servicios de Información acudan a mezquitas los viernes (el domingo del islam) para compartir charlas con los feligreses. En 2018 también está prevista también la presentación de una Ley de Centros de Culto.