La crisis obliga a más de 25.000 vascos a renunciar a la VPO que les había tocado
Más de 25.000 vascos han tenido que renunciar a la vivienda de protección oficial (VPO) que les había correspondido desde 2008 hasta 2014, es decir, desde que comenzó la crisis. Se trata de una realidad que hasta 2008 había pasado desapercibida, dado el bajo nivel de renuncias respecto a los contratos formalizados. Pero desde 2008, el número de adjudicatarios que no puede hacer frente a la compra de la VPO debido a que se ha quedado en paro ha crecido de manera exponencial. Las renuncias afectan tanto a la compra en propiedad como a los programas de alquiler.
En 2010 es cuando se registra el mayor nivel de incidencia de las renuncias, alcanzando el 59,7%. Es decir, por cada 10 contratos firmados en ese año se produjeron seis renuncias. Entre 2011 y 2013, el nivel de incidencia ha superado el 40%.
El Gobierno vasco (principal promotor de VPO) trabaja con varias opciones para dar salida al parque vacío de pisos oficiales: desde el alquiler con opción a compra, a la venta con pago aplazado, pasando por la creación de un parque de alquiler para universitarios.
En cuanto a los adjudicatarios que sí han accedido a su casa, el análisis de su situación laboral revela diferencias significativas en función del régimen de acceso. En el caso de compra, un 59% de los adjudicatarios tiene contrato fijo, proporción que se reduce al 19% entre las personas que han arrendado una vivienda protegida.
La situación de desempleo está mucho más presente entre las personas arrendatarias que entre las adjudicatarias de una vivienda en compra. Concretamente, un 26% de los casos de alquiler están parados, por el 13% entre las personas adjudicatarias de una vivienda de propiedad. La dedicación a las tareas del hogar o la percepción de ayuda social se mencionan con más intensidad entre las familias inquilinas del parque protegido que entre los casos con vivienda propia, según la última encuesta del Observatorio Vasco de Vivienda entre los propietarios de VPO.
Con relación a la dificultad de hacer frente a los pagos de la vivienda, el 23% de la población adjudicataria confirma que tiene problemas. Las dificultades para hacer frente a los pagos de la vivienda protegida en el momento actual son muy superiores entre los casos de alquiler (40%) que los de compra (9,5%).
