“En cuatro meses hemos cobrado solo 600 euros, no podemos seguir así”
Algunos de los vigilantes de Bizala, la empresa de seguridad que custodia las estaciones de Euskotren y algún tramo de las obras del tren de Alta Velocidad, TAV, no pueden soportar más la situación que arrastran desde octubre. Hace cuatro meses que 225 empleados no cobran sus salarios. Según aseguran solo han recibido en este tiempo 600 euros. “Sacar adelante una familia, con hijos e hipoteca, en una casa en la que solo entra ese dinero durante cuatro meses, es misión imposible”, denuncian.
La empresa para la que trabajan entró en concurso de acreedores a primeros de noviembre. Al mismo tiempo las cuentas de la compañía fueron embargadas por los consecutivos impagos con Hacienda. Las obligaciones pendientes con la Administración siempre son las primeras que deben abordarse en estos procesos concursales así el pago de las nóminas de los empleados pasó a un segundo plano.
Cuando la precariedad económica asfixiaba a las familias afectadas por el adeudo de las nóminas entra en escena el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao. El juez, a 31 de diciembre, da orden de levantamiento del embargo de la Hacienda Foral de Bizkaia que pesaba sobre la empresa, así como del dinero de la facturación postconcursal consignado por los clientes en el juzgado. La medida es oxígeno para los trabajadores. “El administrador concursal que lleva el caso de Bizala nos comunica al comité de empresa que se va hacer frente al pago de la parte que falta de Octubre y la nómina de Noviembre. Nos deben mucho más pero algo es algo”, declara Eloy Villanueva, delegado de CCOO y representante del Comité de Empresa. Los empleados de Bizala revisan cada día nada más ponerse en pie desde el uno de enero las cuentas en las que tienen domiciliada la nómina, pero aseguran que siguen sin cobrar.
Comparecencia en el Parlamento vasco, pospuesta
Les deben 2.800 euros y parte de las 270 horas extras que llevan acumuladas en 2014. Pese a ello, todos acuden religiosamente a su puesto de trabajo, todos, menos los que están de baja. “Algunos han caído en depresión por la situación que padecen y están medicados. Así no pueden velan por la seguridad de las instalaciones”, explican desde CCOO. Muchos han recurrido a los servicios de Cáritas para paliar la precariedad que les atenaza. No cobran pero tampoco aspiran a ayudas sociales porque esa indefinición laboral en la que están sumidos no les reconoce como perceptores. “Confiamos en que se dé una subrogación y mantener así nuestros puestos. O que cierren y nos manden al paro porque esta indefinición nos va a matar. En cuatro meses hemos cobrado solo 600 euros, no podemos seguir así”, confiesan desde el Comité de Empresa.
Además de las movilizaciones los trabajadores afectados tienen previsto acudir al Parlamento vasco para explicar su situación y reclamar la intermediación de los grupos políticos. “Íbamos a comparecer a petición de EH Bildu en una sesión de urgencia pero el PP y el PNV lo han frenado. Tienen que escucharnos y forzar para que el Gobierno vasco nos ayude. Algo tendrá que decir el Ejecutivo cuando la mayoría de los servicios de la empresa son para la Administración pública”, declara Villanueva.
