PNV y PSE-EE pactan el acercamiento de presos de ETA y la reforma del Estatuto en ocho meses
70 páginas ocupa el acuerdo alcanzado entre PNV y PSE-EE para gobernar en coalición Euskadi en los próximos cuatro años con Iñigo Urkullu como lehendakari y que recupera el espíritu de colaboración y “transversalidad” de la década de 1990. El documento, titulado “Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno”, no hace mención expresa a la fórmula de reparto de poder y ni siquiera cita a los partidos firmantes hasta la página 64, pero recoge importantes medidas de calado político. Se plantea, por ejemplo, un acercamiento de los presos de ETA para facilitar la “normalización de la convivencia” y plantea un desarrollo de la autonomía vasca en dos fases, la primera con la transferencia de las competencias pendientes del Estatuto de 1979 (entre ellas Seguridad Social, Prisiones y prestaciones de desempleo) y la segunda con un “texto articulado” de superación de ese marco con la posibilidad de debatir “el reconocimiento de Euskadi como nación” pero dentro de la legalidad constitucional.
PNV y PSE-EE, que firmarán el texto el martes a mediodía en el Parlamento, aprecian que tras el final de ETA “se han producido avances sustanciales en la coexistencia” pero defienden nuevos pasos hacia la “normalización de la convivencia”. En un listado de siete puntos, plantean primero la necesaria “disolución y desaparición definitiva de ETA” y un “proceso de reflexión crítica” por parte de quienes apoyaron el terrorismo, en velada referencia a la izquierda abertzale. También un reconocimiento para “todas” a las víctimas pero sin “equiparaciones” que infravaloren el papel jugado por ETA. Finalmente, se aprecia que hay principios de “humanidad” y “reinserción” que recomiendan “el traslado de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar”, pero siempre desde el principio de “legalidad” y “reconocimiento del año causado”.
PNV y PSE-EE se dan un nuevo intento de activar una ponencia parlamentaria en la que todos los partidos hagan una “apuesta compartida por una convivencia conciliada”. En la pasada legislatura, este foro quedó en vía muerta por el plante de PSE-EE, PP y UPyD toda vez que EH Bildu no asumió el 'suelo ético' pactado en 2012 contra el terrorismo por diferencias terminológicas.
Prisiones y Seguridad Social
Ese mismo principio de cumplimiento de la ley inspira el capítulo de autogobierno. En primer lugar, PNV y PSE-EE plantean dar “cumplimiento íntegro” a una Ley Orgánica del Estado como es el Estatuto de 1979. Los partidos plantean elaborar un informe con la lista completa de transferencias pendientes, aunque apuntan inicialmente una lista de 35 materias que el Estado debería ceder al País Vasco con carácter inminente. Sin embargo, “se reserva un lugar prioritario” a que Euskadi asuma “centros penitenciarios” (en España sólo cedidos a Cataluña) y la “gestión del régimen económico de la Seguridad Social”.
Este punto es inédito en el Estado de las autonomías y su cesión se ha frenado en anteriores intentos al entender que puede quebrar el principio de “caja única” de la Seguridad Social. El acuerdo matiza que se explorará con el Gobierno central un acuerdo “en los términos” del Estatuto, es decir, apelando sólo a la “gestión” de la Seguridad Social, a que el Gobierno vasco pueda ejercer de pagador de las pensiones en lugar del INSS. PNV y PSE-EE también dan importancia las “políticas pasivas de empleo”, esto es, a que Euskadi asuma también el pago de las prestaciones del antiguo INEM.
En segundo lugar, PNV y PSE-EE han pactado impulsar una reforma del Estatuto, aunque dentro del marco de la Constitución. La propuesta no partirá del lehendakari, sino que será abordada por los partidos en una ponencia del Parlamento (que ya ha funcionado sin éxito durante los últimos años). Este foro parlamentario se da ocho meses para formular un texto articulado desde su encomienda.
El autogobierno es el punto que más fricciones ha generado a la hora de cerrar este acuerdo. El PSE-EE sí asume el “reconocimiento de Euskadi como nación”, aunque en un sentido estrictamente cultural y no vinculado a una fuente de soberanía, como plantea el PNV. Por ello, los dos partidos, que ratificarán este lunes los términos del documento en sus respectivas asambleas, se reconocen mutuamente “libertad” para defender cada uno sus “postulados” concretos en materia de autogobierno, aunque sí han acordado que “una vez sustanciados los procesos de negociación, pacto, tramitación y aprobación” por parte de las “instituciones competentes”, esa reforma “será sometida a la decisión de la ciudadanía” para que la ratifique “mediante referéndum”. En realidad, no es ninguna novedad, ya que el procedimiento legal de reforma del Estatuto acaba en las urnas.
El texto, en principio, omite la “consulta habilitante” defendida por los nacionalistas, una suerte de referéndum previo a que el Estatuto pase a las Cortes Generales, como ocurría en la II República. Sobre el “derecho a decidir”, se incorpora como uno más de los temas a debatir en el Parlamento, sin que haya un consenso entre las partes. Ocurre lo mismo con la propuesta socialista de reforma constitucional en clave federal.
