La demanda de los bancos puede disparar el quebranto millonario por la incineradora de Gipuzkoa
El fantasma de la incineradora de Gipuzkoa ha hecho todo menos acabarse, como pensaban los gestores de la Diputación gipuzkoana, en manos de Bildu. Y no precisamente por la investigación abierta la semana pasada por la Comisión europea a la política de residuos que Bildu ha imprimido -en soledad y sin mayoría alguna para modificar lo aprobado en Juntas Generales en la anteriora legislatura- en el territorio donde gobierna. Una causa abierta en el juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián a iniciativa de los bancos que financiaron el anterior plan de residuos puede acabar en un quebranto millonario para las arcas pública.
Un agujero que no ha dejado de crecer en los últimos meses, según los datos desvelados por el PSE de esta provincia. Frente a los 8,1 millones de euros que reconoció el diputado de Medio Ambiente de Bildu, Iñaki Errazkin, en noviembre pasado, tras un acuerdo de rescisión con las empresas que él calificó de exitoso y que fue criticado por la oposición, el PSE de Gipuzkoa eleva ya el montante a los 13,2 millones. Esta decisión ha motivado otra demanda en la vía de lo Contencioso Administrativo.
“A esa cifra de 8,1 millones, que es correcta, hay que sumar el IVA, el pago del proyecto de la incineradora, que fueron casi tres millones de euros y otro tipo de gastos menores”, explica el socialista y presidente en la Mancomunidad de San Markos, Denis Itxaso, encargada de la gestión de los residuos en Donostialdea.
Cuando el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, Iñaki Errazkin, se felicitó a mediados de noviembre por el acuerdo alcanzado entre el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) y la UTE Gipuzkoa CGR, adjudicataria de la construcción de la incineradora de Zubieta en San Sebastián, para rescindir su relación contractual, y dijo aquello de que “el fantasma de la incineradora se ha acabado para siempre”, no preveía el movimiento posterior de los bancos que habían financiado el plan de residuos. Una inversión - financiada por el BEI, Banesto y La Caixa- planteada cuando se aprobó la política de residuos en la pasada legislatura con un horizonte para los próximos 25 años.
La Comisión europea ha reconocido que en febrero de 2013, la Diputación guipuzcoana informó verbalmente al BEI de su intención de no seguir adelante con las inversiones y de negociar con las empresas constructoras la rescisión de los contratos de obra. Pero el “BEI no ha recibido ninguna comunicación del prestatario en cuanto al resultado de dichas negociaciones”, admiten en Bruselas.
Los bancos que de manera concertada financiaron los nuevos planes para el tratamiento de residuos de Gipuzkoa han presentado una demanda en la jurisdicción mercantil donostiarra por el “impago de cobertura de los tipos de interés” que se cerraron con el acuerdo de financiación para los 25 años siguientes. “Todos los meses, ese acuerdo genera un pago de 300.000 euros”, explican fuentes de la Mancomunidad de San Marcos, y eso es lo que estarían reivindicando en los juzgados los bancos, entre los que se encuentra el Banco Europeo de Inversiones.
Un segundo recurso en los tribunales
Tras conocerse la investigación de las autoridades europeas a la política de residuos de la Diputación que gobierna Martín Garitano -gracias a una pregunta formulada por la eurodiputada del PNV, Izazkun Bilbao, los responsables de las mancomunidades de San Markos y Debabarrena, Denis Itxaso y Arcadio Benítez, respectivamente, anunciaron que recurrirán ante los tribunales el acuerdo suscrito por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa y las empresas constructoras.
Ambos criticaron esas indemnizaciones millonarias. “Desde hace años se abona al Consorcio una tarifa de 145 euros por tonelada de residuos, parte de la cual está destinada a sufragar unas inversiones que no se están realizando, sin que el Consorcio modifique esta cantidad ni ofrezca un desglose de la misma”, explicaron. “No es de recibo que mancomunidades y ciudadanos paguen religiosamente y que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa no cumpla con su parte, deje a Gipuzkoa sin infraestructuras y malgaste el dinero en indemnizaciones concedidas de espaldas a los ciudadanos” a las empresas a las que rescindió el contrato en noviembre, explica Itxaso.
