La Comisión de Ética reprueba al director de Presupuestos por no comunicar que está imputado
La Comisión de Ética del Gobierno vasco acordó el pasado 19 de julio un escrito de reprobación contra el director de Presupuestos del Ejecutivo, Hernando Lacalle, por un “cumplimiento insuficiente” del código ético firmado por todos los altos cargos del Ejecutivo del PNV. Lacalle no había comunicado a este organismo de control su imputación en el denominado ‘caso DenokInn’ por presunta prevaricación y malversación de caudales, en el que se investiga el supuesto desvío de 125.000 euros desde la Diputación de Álava, de la que formaba parte Lacalle antes de saltar al Gobierno, hacia la entidad sin ánimo de lucro DenokInn, vinculada al nacionalista Luis Miguel Macías y a polémicas como la del fracasado proyecto de coche eléctrico Hiriko. Lacalle sólo puso en conocimiento de la Comisión de Ética estos hechos luego de que fueran revelados por los medios de comunicación y de que la oposición los llevara al Parlamento.
La Comisión, presidida por el consejero Josu Erkoreka, ha ratificado en el caso de Lacalle su ‘jurisprudencia’ en relación a los altos cargos del Gobierno imputados, que ya son una decena a tenor de las resoluciones dictadas sobre esta cuestión entre 2015 y 2016. Indica que la sola citación para declarar en una causa penal no supone motivo de destitución para los miembros del Ejecutivo y reseña que supondría “una excesiva precipitación en la exigencias de medidas preventivas de carácter profiláctico” cuando sobre los acusados opera la presunción de inocencia y, además, España ha modificado el término “imputado” por el de “investigado” para reducir su carga peyorativa.
“Cultura de buenas prácticas”
Pero matiza que la situación del colaborador del consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, muestra una diferencia respecto a las otras resoluciones: “El cargo público no ha formulado su consulta a esta Comisión de Ética Pública […] hasta tres semanas y un día después de evacuado el trámite [de declarar en el juzgado por el ‘caso DenokInn’]”. De hecho, afea que Lacalle sólo se dirigiera a este organismo después de que la oposición (Igor López de Munain, exparlamentario de EH Bildu) realizara una pregunta en el Parlamento al propio Erkoreka. “Ello permite inferior que su decisión de someter el asunto a conocimiento de esta Comisión de Ética Pública no ha sido, como debía, un fruto espontáneo de su voluntaria adhesión a las pautas de conducta recogidas en el código ético, sino algo inducido por la acción parlamentaria de la oposición”, concluye la resolución de este comité.
Y añade: “Todo lo anterior evidencia que nos hallamos ante lo que el apartado 3.2. del código ético califica de ‘cumplimiento insuficiente de las normas éticas y de conducta previstas’”. Hay que “consolidar”, se lee en el documento, “algo tan importante” como una “cultura de buenas prácticas entre los altos cargos que forje hábitos saludables y genere convicciones”.
Un “cumplimiento insuficiente” del código ético no es motivo de dimisión pero sí de reprobación. Por ello, la Comisión acordó publicar este ‘castigo’ a Lacalle en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), al modo de lo que hacen las Haciendas con los grandes morosos. Sólo si el ‘caso DenokInn’ “desemboca en la apertura de juicio oral”, se “recomienda” el “cese cautelar” de Lacalle.
337.000 euros, 125.000 sin justificar
El ‘caso DenokInn’, según informó ‘El Mundo’, tuvo su origen en una auditoría ordinaria anual de las cuentas de la Diputación de Álava a cargo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Este organismo, al hallar anomalías contables en el convenio de I+D valorado en 337.000 euros con la entidad dirigida entonces por el exviceconsejero del PNV Luis Miguel Macías, que participó también en el proyecto Hiriko, remitió el expediente al Tribunal de Cuentas del Estado, con competencia jurisdiccional. Sin embargo, se apreció que había algo más que irregularidades contables y el asunto acabó en la Fiscalía de Álava por un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales e incluso de estafa.
Además de Lacalle y de un funcionario, está imputada la que fuera diputada de Promoción Económica con el nacionalista Xabier Agirre, Arantza Zenarruzabeitia. De su oficina dependía Álava Agencia de Desarrollo, la sociedad pública que suscribió el polémico contrato con DenokInn.
El convenio, vinculado al plan Deika, se firmó con una valoración económica de 280.000 euros tras una adjudicación ‘a dedo’ que contravino la normativa al no ser validada por las Juntas Generales. Además, DenokInn acabó llevándose 337.000 euros después de que, ya en funciones, el Gobierno del PNV autorizara el pago de otros 57.000 euros. La Fiscalía, apoyada en un informe económico de la Ertzaintza, sostiene que alrededor de 125.000 de esos 337.000 euros no estarían justificados al incluir, por ejemplo, una factura de unos 80.000 euros para un proyecto de DenokInn en Bizkaia sufragado a cargo de una subvención en Álava.
