La Fiscalía pide hasta 11 años de cárcel para tres excargos de la Sanidad en Euskadi por el desvío de 6,8 millones
La Fiscalía de Bizkaia, una vez concluida una larga investigación judicial, ha constatado que dos altos cargos del Departamento de Sanidad cuando el consejero era Gabriel Inclán y el lehendakari Juan José Ibarretxe (PNV), en concreto el ‘número dos’, Rafael Cerdán, y el director territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la legalidad para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, y que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández.
El quebranto económico para el Gobierno vasco se estima en 6,8 millones de euros y el ministerio fiscal, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, ha solicitado este lunes penas de hasta once años de prisión, además de la restitución de todo el dinero público desviado, al entender que los hechos son constitutivos de delitos de “prevaricación en concurso medial con malversación”, “fraudes ilegales contra la Administración” y “negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos”.
Fue el pasado mes de marzo cuando la juez instructora de este procedimiento, conocido como ‘caso Margüello’, puso fin a la investigación, propiciada en 2009 cuando el socialista Rafael Bengoa relevó al frente de Sanidad al nacionalista Gabriel Inclán. Ahora la Fiscalía de Bizkaia, comandada por Carmen Adán, ha dado el paso de presentar su escrito de acusación contra los cuatro imputados, Cerdán, Elorriaga, Fernández y el propio Margüello, de cara a la próximo celebración de un juicio.
El documento reseña que éste era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces. Sin embargo, apunta a que al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. No obstante, en ellas figuraba como administradora Fernández. “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.
Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.
Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.
“Favorecimiento” a Margüello
El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu.
El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.
La Fiscalía concluye: “Con la comisión por los acusados de los hechos narrados se produjo un favorecimiento en las adjudicaciones públicas que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos. Todo ello con lesión de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia y con un perjuicio económico por un importe total que asciende a 6,8 millones de euros derivado de las adjudicaciones señaladas y contratos celebrados, bien por su innecesariedad bien por el aumento de las cuantías y subidas de precios y tarifas de los servicios prestados”.
Se da la circunstancia de que en 2011 otro juzgado de Bilbao archivó una causa paralela abierta sólo contra Elorriaga por prevaricación en la autorización como contratista de Gestión de Recursos Sanitarios XXI. Según el juez que analizó ese asunto, “no puede asegurarse que la autorización a Gestión de Servicios Sanitarios XXI constituya una contradicción notoria, patente e incuestionable de la legalidad por omisión de trámites esenciales del procedimiento o por el contenido sustancial de la autorización”. El PNV argumentó entonces que “la exculpación de Elorriaga desmonta el argumento sobre la existencia del trama Margüello”, extremo que viene a contradecir la Fiscalía.
