El Gobierno vasco pasa de puntillas por el duro escrito de la Fiscalía en el 'caso Margüello'
El Gobierno vasco ha pasado de puntillas sobre el contundente escrito de la Fiscalía de Bizkaia en el que solicita penas de hasta once años de prisión para tres ex altos cargos de la Sanidad vasca con Gabriel Inclán, Rafael Cerdán, José Ramón Elorriaga y José Carlos Margüello, por formar parte de una trama que benefició a las empresas de éste último, dirigidas por una testaferro. Las contrataciones irregulares están valoradas en 6,8 millones de euros.
Josu Erkoreka, el portavoz del Ejecutivo, ahora una coalición de PNV y PSE-EE, ha asegurado en rueda de prensa que el escrito de acusación del ministerio fiscal no había sido comunicado hasta el momento a los letrados del Gobierno, que están personados en el proceso judicial conocido como ‘caso Margüello’. “Cuando conozcamos el documento, si hay que hacer algún pronunciamiento, lo haremos”, ha despachado Erkoreka. Y ha añadido sobre la información de eldiarionorte.es: “No sé cuál es la fuente. A lo mejor accede de manera privilegiada a información judicial aun no siendo parte [del procedimiento]”.
Erkoreka ha asegurado que el momento en el que el Gobierno debería pronunciarse es después de la resolución del juez con el cierre de la investigación. Ese trámite, sin embargo, se cerró en marzo de 2016. El paso dado ahora es el escrito de la Fiscalía previo al inicio del juicio, que se celebrará en los próximos meses.
Se da la circunstancia de que el PSE-EE, ahora socio del PNV, elevó el ‘caso Margüello’ al Parlamento en marzo, cuando se conoció el cierre de la instrucción. La socialista Blanca Roncal cuestionó al lehendakari, Iñigo Urkullu, por el efecto económico de estas irregularidades en las arcas públicas. Urkullu, entonces también, rebajó el alcance de este caso y aseguró que no tenía por qué afectar económicamente al Ejecutivo, ya que las contrataciones bajo sospecha no se pagaron por encima de los precios de mercado.
Roncal también denunció que el titular de Salud, Jon Darpón, ahora de nuevo en el cargo para una segunda legislatura, suscribió en 2011 un documento de apoyo a los imputados tras el archivo provisional de una causa contra uno de ellos, Elorriaga. Darpón, como otros antiguos gestores sanitarios del PNV, enfatizaron que para nada existía la trama Margüello.
Hecha la acusación por parte de la Fiscalía, el turno es ahora para el Gobierno vasco. Como parte personada, tiene el derecho de solicitar penas de prisión y, sobre todo, a reclamar la restitución de los 6,8 millones de euros que suman los dos contratos irregulares de los que se beneficiaron las mercantiles controladas por el doctor Margüello.
Lacalle continúa pese a DenokInn
Por otro lado, el nuevo consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha asegurado este martes que “por supuesto” que Hernando Lacalle continuará como director de Presupuestos en el Gobierno vasco. A pesar de los numerosos cambios introducidos por Azpiazu luego de que relevara a Ricardo Gatzagaetxebarria en el gabinete de Urkullu, Lacalle continuará en el equipo económico del Ejecutivo, según ha confirmado su superior directo.
Lacalle, como la exdiputada foral de Álava Arantza Zenarruzabeitia, ambos del PNV, está imputado en el llamado ‘caso DenokInn’. En 2010, cuando dirigían el área de Promoción Económica de la Diputación alavesa, suscribieron un convenio con la entidad DenokInn, cercana a cuadros del PNV como Luis Miguel Macías, por valor de 337.000 euros. La Fiscalía, la Ertzaintza y ahora un juzgado investigan el desvío de hasta 125.000 euros para gastos injustificados.
Se da la circunstancia de que la Comisión de Ética del Gobierno reprendió a Lacalle por “cumplimiento insuficiente” del código de conducta para los altos cargos del Ejecutivo. Lacalle no comunicó su imputación en este caso hasta que salió en los medios de comunicación. El Gobierno publicará en enero en el Boletín Oficial del País Vasco un escrito por este incumplimiento.
