El PNV alega que los pagos investigados a DenokInn estaban debidamente justificados
La hoy concejal del PNV en Vitoria y durante 2007-2011 directora de la sociedad pública de la Diputación Álava Agencia de Desarrollo, Itziar Gonzalo, ha comparecido este lunes en las Juntas Generales para dar explicaciones sobre el convenio que la entidad suscribió en 2010 con la asociación “sin ánimo de lucro” DenokInn, vinculada a excargos nacionalistas como Luis Miguel Macías, para el desarrollo del proyecto de I+D Deika. DenokInn se llevó 337.000 euros tras la adjudicación ‘a dedo’ y la Ertzaintza, la Fiscalía y los juzgados investigan ahora el presunto desvío de hasta 125.000 euros injustificados (el 37% del total). Gonzalo, pese a la insistencia de PP y EH Bildu en remarcar las irregularidades, ha insistido en que la Diputación pagó todas las facturas a DenokInn porque “la documentación justificativa exigible estaba aportada”.
El ‘caso DenokInn’ lo propició la auditoría ordinaria del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a los números de la Diputación. Detectó en primera instancia que se trataba de una adjudicación directa que tenía que haber pasado por las Juntas Generales. El expediente pasó al Tribunal de Cuentas de España, que tiene las competencias no sólo de fiscalización sino de enjuiciamiento de irregularidades contables, como se ha visto en los casos de San Antonio en Vitoria o del Bilbao Basket en la Diputación de Bizkaia. Sin embargo, la Fiscalía de este órgano vio que en esta ocasión se trataba de algo más y, al entender que podía ser un presunto delito, trasladó el caso a la Fiscalía de Álava.
Finalmente, el fiscal-jefe, Josu Izaguirre, acreditó con el apoyo de la Ertzaintza la existencia de pagos injustificados a DenokInn de hasta 125.000 euros y denunció a tres personas por malversación ante un juzgado de Vitoria. En concreto, se abrió una causa contra la exdiputada de Promoción Económica, Arantza Zenarruzabeitia, de quien dependía Álava Agencia de Desarrollo, contra su ‘número dos’ y ahora director de Presupuestos en el Gobierno vasco, Hernando Lacalle, y contra un funcionario.
Gonzalo, sin embargo, ha parecido rebajar un tanto el asunto. En primer lugar, ha dicho que “no hay ninguna imputación” a pesar de que los tres denunciados por la Fiscalía sí han tenido que declarar ante el juzgado en calidad de imputados, figura ahora llamada “investigado” tras la reforma aprobada por el Gobierno central. En segundo lugar, ha repetido que el Tribunal de Cuentas en ningún caso puso en cuestión que hubiese problemas en la justificación de los pagos a DenokInn, aunque sí lo ha hecho un contundente informe de la Ertzaintza que incluso alude a que parte del dinero aparentemente desviado de Álava (unos 80.000 euros) lo empleó DenokInn para abonar un proyecto de I+D en Santurtzi (Bizkaia), al que se han referido tanto PP como EH Bildu. Y, en tercer lugar, ha repetido que si la Diputación abonó todo el dinero pactado con el equipo de Macías es porque había justificación suficiente.
Es más, mientras Javier de Andrés (PP) se quejaba con la cabeza, Gonzalo ha insistido en que si se dio luz verde a los pagos era también porque había posibilidad legal de que fueran revisados “durante los siguientes cuatro ejercicios”, exactamente el período en que el PP y De Andrés dirigieron la Diputación. “El convenio indicaba que en los cuatro años siguientes se podía hacer [iniciar un procedimiento de reintegro de ayudas irregulares] y son los años en que estaba gobernando el grupo que tanto está hablando ahora de esta historia”, ha enfatizado Gonzalo, que ha subrayado que en ningún caso el PP hizo ese control.
Aunque Gonzalo no está imputada –no tenía “ni voz ni voto” en la comisión de seguimiento del convenio, ha dicho-, el PP criticaba especialmente que autorizara una ampliación de 57.000 euros del contrato original de 280.000 euros “en período electoral”, es decir, cuando las elecciones forales de 2011 ya estaban convocadas. De Andrés, de hecho, ha denunciado que la última factura recibiera el “visto bueno” de la gerente de Álava Agencia de Desarrollo el mismo día en que las Juntas Generales eligieron a De Andrés como nuevo diputado general.
Visiblemente disconforme con las explicaciones de Gonzalo, De Andrés ha llegado a convocar a los periodistas al término de la sesión. “Creo que las explicaciones han sido muy insuficientes. Ha venido aquí como si no fuera con ella el asunto”, ha manifestado ante los micrófonos el hoy líder de la oposición en Álava y antes diputado general.
Podemos, IU, PSE-EE y el ex de C's, sin preguntas
Patxi Martínez de Albéniz (EH Bildu) también ha realizado una muy dura intervención tras las palabras de Gonzalo. Le ha exigido sin éxito que respondiera a preguntas concretas que la hoy concejal ha dejado en el tintero, sobre todo lo relacionado con el dinero alavés que financió un proyecto en Santurtzi. El representante abertzale también ha sugerido que el convenio con DenokInn, justificado para impulsar el plan de I+D Deika, no era imprescindible y ha afirmado que la prórroga de 57.000 euros desde luego que no era necesaria.
Como DenokInn es una vieja conocida en casos como el de Hiriko, Martínez de Albéniz ha sentenciado que este caso puede ser “un presunto chanchullo”. Se da la circunstancia de que este mismo fin de semana el Gobierno foral (PNV y PSE-EE) y EH Bildu han alcanzado un acuerdo presupuestario para 2017.
Sólo PP y EH Bildu han aprovechado una comparecencia sobre una investigación por un delito tan grave como el de malversación de caudales para recabar información. Los representantes de Podemos, IU y el independiente Miguel Ángel Carrera (ex de Ciudadanos) se han inhibido por completo y han optado por no realizar preguntas. El PSE-EE, socio de Gobierno del PNV, tampoco ha tomado la palabra.
