Todos contra todos por la incineradora (paga la ciudadanía)
Cada partido político se ha retratado ante la sentencia que confirma los pagos millonarios que la ciudadanía de Gipuzkoa tendrá que seguir sufragando por una incineradora que ya no se va a construir en función de su papel en aquel proyecto. La sentencia del juzgado número 4 de San Sebastián ha desestimado la demanda que presentó el Consorcio de Residuos (GHK) contra La Caixa, el Santander y la consultora Price WaterHouse Coopers Corporate Finance por el contrato de cobertura de los créditos (swaps) aprobados en la pasada legislatura para financiar la incineradora.
No está cifrado aun el costo de los mismos, pero el propio consorcio en algún momento ha llegado a estimarlo en unos 68 millones de euros. Los intereses mensuales por este concepto suman 600.000 euros, según estimaciones del consorcio, dinero que se va a tener que seguir pagando pese a que esa infraestructura es papel mojado. El PP ha elevado esa cifra hasta los 80 millones. “Y seguirá sumando el contador del coste porque no hay alternativa”, ha advertido el portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano. El portavoz popular ha calificado de “pésima noticia” para los guipuzcoanos la desestimación de la demanda interpuesta por GHK contra los dos bancos y la consultora por el contrato de cobertura de créditos (Swaps) para la paralizada construcción de la incineradora de Zubieta y ha denunciado que “el capricho de Bildu nos ha metido en un pufo sin resolver el problema de los residuos sólidos”.
Los socialistas guipuzcoanos, por boca de su candidato a diputado general Denis Itxaso, han calificado de “temeraria” la actuación del consorcio. El también presidente de la Mancomunidad de San Markos ha anunciado que va a solicitar al fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que reabra diligencias informativas -archivadas provisionalmente- para que se “analice en profundidad el alcance de las posibles responsabilidades penales” de los miembros del Consejo de Administración del GHK en su “temeraria” gestión de en el territorio histórico.
La portavoz del PNV en este territorio, María Eugenia Arrizabalaga y el ex diputado jeltzale de Medio Ambiente, Carlos Ormazabal, han considerado que la sentencia sobre las 'swaps' indica que el producto financiero que se contrató para financiar la planta incineradora “era el único que se ajustaba a las exigencias del Banco Europeo de Inversiones (BEI)” y ha apuntado que la decisión judicial ratifica que “todo lo que se hizo en la anterior legisltura estuvo bien hecho”. Limpio de responsabilidades, según los peneuvisas, el partido que dirige Joseba Egibar en Gipuzkoa ha aprovechado para lanzar invectivas contra Bildu. “La actual Diputación de la izquierda abertzale ha perdido todos las litigios judiciales con la que ha tratado de enredar para desacreditar a los anteriores gestores”, han subrayado. A juicio del PNV, “donde había una solución, Bildu ha vuelto a meter a los guipuzcoanos en un callejón sin salida”.
“Cataclismo financiero”
¿Y qué dicen los actuales gestores del GHK? Su presidenta, Ainhoa Intxaurrandieta, no se ha salido de un guión en el que el malo de la película es el PNV, que a última hora y en el tiempo de descuento de la anterior legislatura cerró los acuerdos con los bancos para financiar la incineradora. Y que Bildu lo que ha logrado es amortizar el golpe al erario público al decidir no construir la citada planta. Y, sobre todo, que se ha ahorrado mucho dinero al contribuyente. Ha tenido que admitir que Gipuzkoa tendrá que seguir pagando los 'swaps' pero “aún así se ahorrará un dineral al evitar la construcción de la planta incineradora y dotarse de infraestructuras acordes con el reciclaje”.
A su juicio, “de haberse construido la planta incineradora estas cuotas se deberían abonar del mismo modo, por lo tanto la sentencia no conlleva un pago no previsto con anterioridad”. Intxaurrandieta cree que la resolución judicial “deja en evidencia la mala gestión de la anterior directiva de GHK, quienes a las puertas de un cambio de gobierno en las instituciones de Gipuzkoa, actuaron de forma precipitada e irresponsable con el dinero público”, con el fin de “imponer la incineradora a una sociedad que en innumerables ocasiones se había manifestado en contra”.
Ha recordado que el proyecto de incineradora de Zubieta “tenía un presupuesto total de 500 millones de euros y de haberse ejecutado el proyecto, además de las cuotas 'swap', habría que hacer frente a la amortización de los créditos, lo que hubiese supuesto un verdadero cataclismo financiero”. Pero lo que no ha aclarado es si recurrirán la sentencia de primera instancia.
