El 'alcalde' que se llevó 545.000 euros rebaja el saqueo a una “poco estricta llevanza de las cuentas”
Donde la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas del Estado y muchos testigos aprecian un saqueo indisimulado de las arcas públicas, el acusado lo rebaja a una “poco estricta llevanza de las cuentas”. Miguel Acedo Fernández, el ‘alcalde’ del concejo vitoriano de Arechavaleta ahora en paradero desconocido y que será juzgado próximamente por apropiarse de 545.454,74 euros de la cuenta corriente de ese pequeño pueblo de no más de 300 habitantes, mantiene como estrategia de defensa que “todas esas disposiciones dinero se hicieron para pagar cuestiones relacionadas con el funcionamiento” de Arechavaleta aunque las competencias de las juntas administrativas de los concejos del Ayuntamiento de Vitoria son mínimas.
Nunca hubo lucro personal, enfatizó su letrado en el juicio que ya se celebró en el Tribunal de Cuentas y en el que este organismo le condenó ya a devolver unos 500.000 euros. Como mucho, un gasto excesivo en fiestas, comidas u otras actividades para el pueblo. Pero nada más.
Ahora, Acedo se enfrenta a un proceso penal y la Fiscalía, como adelantó ayer eldiarionorte.es, solicita para él seis años de prisión al estimar en exactamente 545.454,74 euros el dinero que robó al concejo que él presidía entre 2004 y 2014. Los fondos tenían su origen en la venta de una parcela por 1,5 millones (estaba tasada en 200.000), una pequeña fortuna para una localidad cuya subvención anual para todas las competencias puede rondar los 3.000 euros dadas sus pequeñas dimensiones.
Al margen de poner en valor su inexperiencia como gestor para justificar la “poco estricta” llevanza de las cuentas, Acedo también alegó que no existen justificaciones de gran parte de los gastos de Arechavaleta porque un incendio de 2008 destruyó abundante documentación. Los informes periciales no han dejado claro que en ese fuego se destruyeran las cuentas y hay testigos que sostienen lo contrario y que nunca existieron los documentos que podrían exonerar a Acedo. En todo caso, el Tribunal de Cuentas ya le afeó que buscara como coartada un suceso que apenas cubre el desfalco cometido entre 2004 y 2008 cuando el imputado siguió valiéndose de las dos tarjetas de crédito municipales (de las que era el único titular) seis años más, hasta que un grupo vecinal opositor ganó las elecciones locales y destapó el fraude.
El papel del “fiel de fechos”
Los concejos, una institución tradicional alavesa, mantienen la figura del “fiel de fechos”, una especie de tesorero que supervisa las cuentas de la junta administrativa. Isidoro Rodríguez, el que acompañó a Acedo en esas funciones, también fue acusado en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, arguyó que en el caso de Arechavaleta el único autorizado para el manejo de la cuenta corriente era el alcalde-presidente. “Nunca tuvo firma en la cuenta, nunca tuvo poder, nunca sacó dinero y nunca realizó transferencias”, reflejó su letrado. Rodríguez ni siquiera está imputado en la vía penal por este motivo.
Uno de los cambios introducidos en el pueblo por la nueva junta administrativa ha sido apoderar a tres personas en la cuenta corriente y solicitar al menos dos firmas para cada operación. Acedo, sin embargo, usó libremente las tarjetas de crédito y realizó numerosas extracciones en cajeros automáticos durante muchos años.
“Los concejos están bien controlados”
Además de por este caso, el fiscal-jefe de Álava mostró su inquietud por las irregularidades contables detectadas en otros concejos, casos que se mantienen en investigación. En su reciente memoria, publicada en septiembre, reclamó más controles. En el caso de Acedo, en ninguno de sus 18 años de mandato entregó las cuentas a la Diputación, la institución competente para la tutela financiera de las entidades locales. El único mecanismo sancionador era retirar el 50% de la subvención anual, pero es evidente que poco importaban un par de miles de euros en Arechavaleta cuando en la cuenta corriente había 1,5 millones.
Miren Fernández de Landa es la presidenta de la asociación de concejos de la ciudad de Vitoria, que son 63 en total. En su opinión “éste es un caso aislado” que no debe hacer que se extienda una sombra de sospecha sobre estas instituciones históricas. “La hacienda de los concejos es un dinero muy bien controlado. Ya quisieran en muchos partidos políticos y administraciones tener solamente una oveja negra en sus organizaciones. Los concejos son una administración segura y fiable, y tienen una salud extraordinaria. Esto es ‘peccata minuta’ en comparación con lo que nos desayunamos todos los días”, argumenta Fernández de Landa sobre la corrupción en España.
