La juez abre juicio en el 'caso Margüello' y reclama una fianza de 6,8 millones
La juez de Bilbao Yolanda Paredes ha dictado el auto de apertura de juicio oral en el denominado 'caso Margüello', en el que se investigan irregularidades en la contratación de servicios sanitarios durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero de Sanidad vasco. Como solicitaba la fiscal-jefe de Bizkaia, Carmen Adán, la magistrada procesa a los cuatro imputados por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la corrupción y solicita que conjuntamente constituyan una fianza de 6,8 millones de euros bajo apercibimiento de embargo. Es la cantidad en la que la Fiscalía calcula el quebranto económico originado por los contratos irregulares.
La resolución judicial confirma que sólo Adán ejercerá como acusación contra los altos cargos de Inclán imputados por las adjudicaciones irregulares, el viceconsejero Rafael Cerdán y el responsable sanitario en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y contra el doctor José Carlos Margüello, titular de dos empresas beneficiarias de esos contratos. La fiscal reclama hasta 11 años de prisión para ellos y para la testaferro que utilizó Margüello en sus empresas. Mientras, los letrados del Gobierno vasco del PNV se han inhibido, renuncian a ejercer como acusación pese a la importante cuantía de los contratos bajo sospecha y simplemente reclaman una indemnización equivalente al quebranto económico que se pueda acreditar en la sentencia.
Aunque está más cerca, aún no hay fecha para el juicio. Ese trámite corresponde al tribunal que dictará sentencia, a la Audiencia Provincial de Bizkaia. A lo largo de 2017 también se deberían celebrar los juicios de otros casos como el 'caso De Miguel' (la trama de comisiones ilegales en torno al que fuera 'número dos' del PNV de Álava), el 'caso Kutxabank' (irregularidades en los pagos al exdelegado del Gobierno, el socialista Mikel Cabieces) o el 'caso Balenciaga' (el saqueo del museo del modisto en el que está imputado el exalcalde nacionalista de Getaria Mariano Camio).
Las acusaciones de la Fiscalía
El documento de acusación de Adán, que aspira a ser la nueva fiscal superior del País Vasco, reseña que Margüello era “facultativo del sistema vasco de salud”, en concreto responsable de la unidad de Calidad de Cruces. Sin embargo, apunta a que al mismo tiempo “constituyó y gestionó de manera efectiva” dos mercantiles, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. No obstante, en ellas figuraba como administradora María Nieves Fernández. “La acusada se prestó a aparecer frente a terceros y frente a la Administración como la titular y gestora de estas sociedades, realizando todos los trámites necesarios para la adjudicación de los contratos [irregulares]”, explica la Fiscalía sobre el papel de Fernández como testaferro de Margüello.
Entre las gestiones llevadas a cabo por la acusada, según el ministerio público, se halla una solicitud ante la dirección de Sanidad en Bizkaia realizada en febrero de 2006, recién constituida una de las sociedades, para que fuera dada de alta como contratista. Los técnicos denegaron ese plácet pero Elorriaga, en su condición de máximo responsable sanitario de la provincia, intercedió para que la firma de Margüello pudiese contratar con Osakidetza. La Fiscalía sostiene que lo hizo “obviando todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos” y que además no lo registró formalmente “en el sistema informático de Sanidad”.
Si el 19 de junio de 2006 Gestión de Recursos Sanitarios XXI obtuvo la autorización para contratar, el 26 de junio, sólo una semana después, el viceconsejero de Inclán, Rafael Cerdán, ya dictó una resolución por la cual la compañía obtuvo un contrato de gestión de las listas de espera. “Contra todos los principios que debían regir la contratación pública”, Sanidad utilizó un “procedimiento de emergencia” a sabiendas de que no era legal con tal de beneficiar a una empresa que, de nuevo, no estaba legalmente habilitada para ello. La compañía de Margüello facturó un total de 1,9 millones por este contrato entre 2006 y 2008.
El resto hasta 6,8 millones son irregularidades en otro contrato, en este caso vinculado a la rehabilitación de pacientes del área de Bizkaia. De nuevo, Elorriaga benefició a Margüello para adjudicarle a dedo el servicio. Primero anuló el concurso público iniciado para la adjudicación, como exige la Ley de Contratos, y después inició un “procedimiento negociado sin publicidad” con una única candidata, una UTE formada por las sociedades Gestión de Recursos Sanitarios XXI y Clínica Indautxu.
El presupuesto máximo del contrato eran 212.800 euros pero Elorriaga y Fernández elevaron el montante anual a 750.000 euros en 2007 y a 3,8 millones en 2008. En total, el Gobierno vasco abonó a esta UTE 4,8 millones.
