Euskadi encara un nuevo modelo policial tras el final del terrorismo
En 2011, el País Vasco era la región europea con más policías por habitante. Tenía un contingente de alrededor de 15.000 efectivos entre Ertzaintza (8.000), Policía Nacional (1.500), Guardia Civil (3.000) y cuerpos locales y forales (2.500) para poco más de dos millones de habitantes. Sin el terrorismo de ETA desde entonces, el contexto ha cambiado y hay cambios palpables en el día a día de la seguridad vasca que se notan en mayor o menor medida en todos los cuerpos. Pero esta transición hacia un nuevo modelo policial ha chocado de lleno con la creciente amenaza global que constituye el yihadismo.
Es cierto que la etapa anterior no está cerrada del todo y también lo es que ni la Ertzaintza ni las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) han disuelto del todo sus estructuras antiETA. La organización terrorista no actúa, pero no se ha disuelto formalmente ni entregado su arsenal de armas. Asimismo, quedan más de 300 crímenes sin resolver y algunas facciones del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) no acatan la estrategia no armada (o “militar”, según sus términos) y han llevado a cabo en este período pequeñas campañas de violencia callejera, aunque en ningún caso han causado daños personales.
La Policía vasca, a partir de 2011 y con especial intensidad desde 2013, acometió una reforma profunda en su estructura, lo que supuso la reconversión de la División Antiterrorista y de Información (DAI, antes UIA y mucho antes AVCS) en una nueva Oficina Central de Inteligencia de carácter más transversal y atenta a otras realidades criminales como el cibercrimen, las grandes bandas organizadas o, desde luego, el yihadismo. La nueva OCI tiene dimensiones más reducidas que la antigua DAI.
Otra expresión numérica de este cambio radical es que ahora sólo hay 154 ertzainas dedicados a seguridad personal (todos de Berrozi) cuando en el punto álgido de ETA llegó a haber 3.000 escoltados. “Hay la misma seguridad de personalidades que en cualquier país del entorno”, suelen repetir altos mandos de la seguridad vasca preguntados por la nueva situación.
ETA asesinó a los ertzainas Ana Isabel Arostegi y Francisco Javier Mijangos cuando regulaban el tráfico en la localidad guipuzcoana de Beasain. Fue en 2001 y supuso todo un punto de inflexión en la historia de la policía vasca. Tras la presión sindical, la Ertzaintza creó la llamada 'Instrucción 53', un catálogo de medidas básicas de autoprotección y protocolos antiterroristas. Las comisarías o ‘ertzain-etxeak’ (como los cuarteles de la Guardia Civil) empezaron a contar con muros blindados exteriores y agentes con arma larga las protegían.
La nueva etapa abierta en 2011 ha sido visible con la derogación de esa Instrucción 53. Desde entonces, la Ertzaintza ha recuperado las patrullas a pie por las calles de pueblos y ciudades y liberado recursos para otras tareas. Un documento elaborado por el Gobierno autonómico cuantificó en un 68,53% más las labores de prevención y en un 15,59% más esas patrullas de a pie, llamadas 'korrikas' en la jerga interna. Significativamente, también se ha presentado ya un plan de reformas de la comisaría vizcaína de Ondarroa, golpeada en 2008 por un potente atentado. El muro de seguridad que se construyó para blindar el centro policial de nuevas amenazas quedará derribado para lograr un espacio ajardinado “más amable” para el ciudadano.
La 'Instrucción 53' contra ETA se ha convertido en 'Instrucción 79' contra el yihadismo. La Ertzaintza ha vivido la paradoja de desembarazarse de una amenaza terrorista para golpearse de lleno con la realidad de una alerta europea de nivel 4 de 5 y que exige actuaciones tan concretas como la vigilancia de zonas estratégicas, patrullas con chaleco antibalas y armas largas o la recuperación de los vehículos blindados. En este sentido, es unánime en el País Vasco la denuncia sindical de que el Gobierno autonómico no está poniendo los suficientes medios materiales para hacer frente a esta nueva realidad. La consejera Estefanía Beltrán de Heredia se ha apresurado a negarlo.
¿Repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado?
Otro de los debates recurrentes tras el comunicado de ETA de octubre de 2011 es el del “repliegue” de las Fuerzas de Seguridad del Estado. La “desmilitarización” del País Vasco fue una de las exigencias tradicionales de la banda terrorista y de su entorno y periódicamente se celebran acciones de presión con el lema “Alde hemendik!” (‘Que se vayan’, en euskara) o similares. El Gobierno del PNV, por su parte, reivindica un “ajuste del despliegue” de Policía Nacional y Guardia Civil a sus competencias estatutarias. En su primera comparecencia en la correspondiente comisión parlamentaria la consejera de Seguridad lo colocó como uno de sus objetivos de la anterior legislatura.
En 1995 había destinados en el País Vasco 4.896 agentes de la Policía y la Guardia Civil. Tres años después pasaron a ser 4.365, en enero de 2012 había 4.580 y pasaron años después a unos 4.300 efectivos. Sin que el Gobierno de España haya puesto en marcha en ningún caso un plan de repliegue (o de ajuste del despliegue) específico, la realidad es que tras este lustro el contingente es algo menor, del entorno de 4.000, por la no cobertura de todas las vacantes.
Si en 2011 se estimaba en 3.000 unidades el contingente de la Guardia Civil, en 2016 el general Félix Blázquez habla de unos 2.500 funcionarios a su cargo. Lo que no ha variado es su estructura territorial, con bases en las tres capitales (Vitoria, Bilbao y San Sebastián) y en otras 20 localidades menores, además de en puertos y aeropuertos (más que la Ertzaintza).
La Policía Nacional, por su parte, mantiene el mismo catálogo de puestos de trabajo en 2016 que en 2011, un despliegue de alrededor de 1.500 unidades. “No se han eliminado las comisiones de servicio en las brigadas de Información”, apuntan fuentes internas sobre el personal adscrito a los grupos antiterroristas del cuerpo en el País Vasco.
Eso sí, la carga de trabajo asociada a ETA “ha bajado mucho” como también determinadas medidas de autoprotección en centros policiales (Vitoria, Basauri, Bilbao, San Sebastián e Irún) y actuaciones en la calle. Si en 2014 la media diaria de controles de carretera de las FSE en Euskadi era de nueve, en 2015 ya había bajado a cinco. “Recuerdo semanas de lunes a domingo trabajando de noche con cuatro o cinco controles diarios con el apoyo de la Unidad de Intervención Policial. Era de continuo. Y eso ya no existe”, explica un antiguo integrante de las unidades de Información de la Policía Nacional. Este cuerpo ha destinado parte de sus efectivos especializados en el MLNV a la lucha contra el yihadismo sin moverlos de Euskadi.
Pluses, sí; medallas, no
Los guardiaciviles, como los policías nacionales, siguen percibiendo en 2016 un complemento retributivo por estar destinados en el País Vasco y que surgió como compensación a la amenaza de ETA (que se llevó por delante a 161 miembros del instituto armado, por ejemplo). Técnicamente, no es un plus de “peligrosidad”, sino de “territorialidad”. Puede rondar los 500 euros mensuales y ya es más reducido que en otras zonas de España como Ceuta y Melilla. La “territorialidad”, aunque algo más baja, se abona ya también en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y no supone en ningún caso el diferencial económico que era para los funcionarios del Estado hace años.
En este contexto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) impulsó precisamente en 2011 un “reconocimiento” para el personal del Estado destinado en las comunidades autónomas vasca y navarra durante los ‘años de plomo’. La iniciativa del sindicato mayoritario de la Policía Nacional pasaba por que el Ministerio del Interior premiara con una cruz al mérito policial con distintivo blanco a todos los funcionarios con cinco años de servicio en esta zona y con distintivo rojo a los que acreditasen 15 años seguidos o 20 alternos. Esta condecoración está pensionada y podría suponer una pequeña subida salarial para un agente de escala básica de unos 140 euros.
El Gobierno del PP, sin embargo, nunca llegó a atender esta reivindicación a la que también se sumó en 2015 la AUGC de la Guardia Civil. “El reconocimiento pretendido no llegará a materializarse en algo tangible y nos sentimos defraudados por los políticos al ver de nuevo truncadas nuestras expectativas en esta materia”, denunciaron representantes de los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en un simbólico comunicado conjunto hecho público en 2015 después de cuatro años sin avances en este terreno.
