Una denuncia penal del principal sindicato de la Ertzaintza (ErNE) contra altos cargos del Departamento de Seguridad, incluido el ‘número dos’ de Estefanía Beltrán de Heredia, Josu Zubiaga, ha terminado por poner al desnudo los retrasos en los juzgados de instrucción de Vitoria, ya en el punto de mira de los operadores jurídicos desde hace varios meses. El próximo 3 de febrero se cumplirán seis meses desde que Erne registró la querella, el plazo máximo que marca la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para investigar cualquier delito, y el asunto ni siquiera se ha sometido a consideración, según han confirmado fuentes judiciales y sindicales a eldiarionorte.es.

En pleno verano, Erne se querelló contra Zubiaga y también contra el entonces viceconsejero de Administración y Servicios, Iñaki Gurtubai, y contra la directora de Recursos Humanos, Miren Karmele Arias. La central entiende que promovían el “enchufismo” en la Ertzaintza al asignar ‘a dedo’ determinadas plazas a personal de confianza. Estos funcionarios pasaban a estar adscritos directamente al viceconsejero de Seguridad con un código específico. “Son nombramientos ilegales”, remarcó en su día el sindicato en la primera iniciativa penal que había abierto en su historia contra el Gobierno.

Pero la causa judicial ha consumido más de cinco meses y medio en los tribunales sin que la investigación ni siquiera se haya iniciado. Primeramente, el 5 de agosto, un juzgado de Bilbao se inhibió al entender que el asunto debía analizarse en Vitoria, como capital del País Vasco y sede del Departamento de Seguridad. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Vitoria, que en tres meses ni dio registro a la documentación remitida desde Bilbao.

Finalmente, el 30 de noviembre, la magistrada María Eneida Arbaizar resolvió que no estaba de guardia cuando llegó el expediente y dictaminó que el órgano competente era Instrucción 2. Esta sala tampoco inició el procedimiento, incluso a pesar de que en diciembre Erne registró una ampliación de denuncia. Y, en un nuevo giro de los acontecimientos, el 16 de diciembre el caso regresó a las manos de Arbaizar. Empeñada en que el asunto no es de su competencia, esta togada ha elevado una consulta al decanato para que dictamine qué sala debe analizar la demanda sindical. Lo hizo el 11 de enero, casi un mes después de volver a recibir el expediente.

Entretanto, Erne ha remitido ya dos escritos de queja por lo sucedido. El primero ha llegado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, con el ánimo de que el asunto sea tratado en la Sala de Gobierno, el máximo órgano de la judicatura vasca. El fiscal superior, Juan Calparsoro, también está informado, al igual que el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre. “El sindicato espera que se resuelva el problema. Lo que es evidente es que aquí hay responsabilidades por parte de los jueces, de algunos jueces. En casi seis meses no han hecho nada. Es un escándalo y vamos a ir a por todas”, critican desde Erne, que valora igualmente elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el único órgano competente para imponer medidas disciplinarias contra los magistrados.

Otros casos de dilaciones

Este caso recuerda poderosamente a la denuncia presentada por UPyD en 2014 contra el Gobierno vasco, en aquella ocasión por supuestas irregularidades en la contratación de espacios publicitarios en ‘Deia’, Onda Vasca y el resto de cabeceras del Grupo Noticias. El expediente estuvo más de un año dando vueltas por distintos juzgados hasta que finalmente recayó en Instrucción 4.

Su titular, María Eneida Arbaizar, también ha sido objeto de duras críticas después de que emitiera un auto plagado de errores como cierre de la investigación del mayor sumario de corrupción en el País Vasco, el ‘caso De Miguel’ que afecta de lleno a exdirigentes del PNV de Álava. Arbaizar, que heredó el juzgado del impulsor de esa causa, Roberto Ramos, sólo tenía que recopilar las acusaciones de las partes y decretar las medidas cautelares de cara al juicio. Pero incurrió en 21 imprecisiones, algunas de calado. La magistrada corrigió su resolución judicial seis meses después, lo que ha dilatado aún más un procedimiento iniciado en diciembre de 2009.

En los juzgados de Vitoria tampoco hay noticias del ‘caso Hiriko’, la investigación en torno a la pérdida de unos 18 millones de euros en ayudas públicas para el impulso del coche eléctrico vasco. En este caso, Instrucción 3 tardó casi un año entero en dar curso a la denuncia de la Fiscalía y en citar a declarar a los imputados. Desde entonces, hace ahora once meses, no ha habido avances significativos. El ‘caso DenokInn’, vinculado al anterior, arrancó en primavera del pasado año y continúa en ‘stand by’.

Fuentes judiciales explican que los problemas también se están haciendo notar en asuntos ordinarios de delincuencia común. La Fiscalía, por ejemplo, solicitó que se ampliara el plazo ordinario de seis meses a año y medio para un asunto concreto y la Audiencia de Álava ha dado la razón al imputado y cerrado la fase de instrucción sin estar debidamente concluida ya que el juzgado respondió fuera de plazo a esa petición del ministerio público.

El decano va a intervenir

Pero no todo son malas noticias. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial premió al titular del juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria y decano de los jueces alaveses, José Luis Núñez, por dirigir la sala más eficaz de España. Este organismo valoró “un tiempo de respuesta extraordinariamente bajo y un elevado rendimiento” y la “labor, dedicación, esfuerzo y profesionalidad” del magistrado, con once años de experiencia en la plaza.

el Consejo General del Poder Judicial premió al titular del juzgado de Primera Instancia número 5 de Vitoria y decano de los jueces alaveses, José Luis Núñez

Y precisamente el decano tendrá en sus manos el futuro de la denuncia de Erne. Según ha explicado a este periódico Núñez Corral, el 11 de enero recibió la cuestión de competencia formulada por la titular de Instrucción 4 y espera resolver en breve. Sobre el fondo de la cuestión, el magistrado sostiene que “hay que velar escrupulosamente por la normativa de reparto entre juzgados” pero que “el servicio de Inspección del CGPJ ejerce con rigor sus funciones cuando detecta disfunciones”.