“La presión social puede parar y parará la aplicación del TTIP”

Gregorio Abascal es filósofo, vive en Ampuero, una pequeña localidad de Cantabria y ha presentado una denuncia nada menos que ante la Comisión Europea al ver vulnerado su derecho a la información. Comenzó a investigar sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión también conocido como Tratado de Libre Comercio, TTIP, que negocian Europa y EEUU. Pero se topó con un cerrojó, el de la institución de Bruselas que le negó, según su relato, el acceso a la información que reclama. Además de interponer la denuncia, sigue indagando sobre los peligros que a su juicio conllevaría la aplicación de este tratado y advierte sobre estos riesgos en su blog Economía Ciudadana y en cada conferencia que imparte. La última le ha llevado hasta Vitoria-Gasteiz donde ha llegado de la mano del movimiento de Justicia Económica Global, ATTAC. Ha animado a la ciudadanía a informarse sobre cómo puede afectar el tratado y manifestarse en contra antes de que sea tarde. Abascal considera que “la presión social puede parar y parará la aplicación del TIPP, como en su día ocurrió con el ACTA, Acuerdo comercial anti-falsificación, paralizado gracias al rechazo ciudadano”.

Ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea por sentir vulnerado sus derechos ante la falta de información sobre el TIPP. ¿No se siente un poco como David contra Goliat?

Sin lugar a dudas el hecho de pertenecer a una organización siempre te da un mayor alcance y podía haber acudido a esta fórmula, buscar el respaldo de un tercero, de una entidad para presentar mi denuncia. Pero creo que la base de las instituciones europeas y de la democracia es la soberanía de los ciudadanos. El hecho de que un ciudadano de a pie denuncie supone hacer valer sus derechos porque tiene el mismo poder teórico en la práctica que las instituciones para conseguir modificar asuntos que le conciernen y no le convencen. Quiero demostrar a la ciudadanía que las personas pueden influir en instituciones tan inmensas como la Comisión Europea. Si yo, un ciudadano residente en una pequeña localidad de 2.500 habitantes, puedo hacerlo, cualquier otro también puede como un ejercicio de defensa de sus derechos. Nosotros tenemos el derecho a la información reconocido por la Agencia de Derechos de la Unión Europea y ellos tiene el deber de ser transparentes a la hora de aportar esa información.

¿Cuándo y cómo se conoció que estas negociaciones habían empezado a desarrollarse?

En mayo del 2013 comenzaron a negociar pese a conocerse un informe encargado por le propio Parlamento Europeo que desaconsejaba este tratado. Las conclusiones de este trabajo venían a decir que el tratado, a priori, era totalmente desaconsejable porque era un tratado demasiado grande para los beneficios tan pequeños que iba a aportar a la Unión Europea. Pese a ello el Parlamento aprobó un mandato para echar a andar las negociaciones, que son secretas aunque las reuniones que se mantienen son semipúblicas, se conocen los días de la reunión, el calendario a corto plazo pero no el contenido y balance de resultados. En aquel momento no estaba accesible ninguna documentación, excepto elementos muy generales sobre el contenido de este tratado. A raíz de la filtración de WikiLeaks empieza a surgir um movimiento de alerta hacia los tratados de libre comercio. Posteriormente se filtró, a finales del 2014, un documento sobre la posición y estrategia de la Unión Europea. A partir de ese momento yo y otros muchos tomamos conciencia de que estamos ante un monstruo que va a cambiar para mal nuestras vida y que debemos paralizar.

¿Con esta filtraciones la estrategia de oscurantismo ha fracasado de algún modo?

Sí, pero como bien dices, solo de algún modo. Nunca se ha negociado en el marco de la UE un tratado de estas dimensiones que afecta a más de 600 millones de personas y que abarca todos los aspectos, no solo el económico, sino que trastoca el ámbito social, la sanidad, la compra pública o el medioambiente. Y me atrevería a decir que pese a ser un tratado de ese calibre, el 99,9% de los documentos del TIPP están calificados como secretos. Hay cuatro calificaciones en la Unión Europea, alto secreto, secreto, confidencial y restringido y otra categoría administrativa que no está legislada que se llama documento limitado. Los diputados solo pueden acceder a estos dos últimos tipos de documento y además tienen que firmar un documento de 17 páginas de confidencialidad que les impide ejercer su función- que no es otra que la de informar a los ciudadanos- bajo amanazas de cárcel, de suspensión, de multas ...

La Comisión Europea se esfuerza en asegurar que el Tratado de Libre comercio va a crear empleo mientras que los detractores hablan de destrucción de empleo. El ciudadano no sabe a quién creer y está desorientado. ¿Puede explicar el porqué de esta contradicción?los detractores

Se limitan a hablar de la creación de un millón de puestos de trabajo pero no hablan de la destrucción de empleo que lleva aparejado este proceso. De hecho, para ser exactos, hablan de transferencias, de flujos de empleo. Por nuestra parte, nos basamos en el modelo de Naciones Unidas, que valora en 630.000 los empleos que se perderán dentro de la UE. Los aranceles entre EEUU y la UE son rídiculos excepto en algunos sectores donde estamos hablando de un 3'5%. El sentido común nos indica que el tratado solo va a beneficiar a ciertos sectores.

¿Por ejemplo?

Es muy sensible el sector de la agricultura. En el modelo europeo el número de empresas agropecuarias es muchísimo mayor que en EEUU porque son mucho más pequeñas. No podrán competir con el modelo norteamericano basado en las grandes extensiones de terreno y centralizado en pocas explotaciones pero grandísimas. Entre los sectores beneficiados está el automovilístico, por ejemplo. Pero qué sucede, que si se pretende, como plantean, transferir empleados del modelo agropecuario a otro, este proceso requiere de un periodo de formación y por otro lado están los coste laborales. Resulta muchos más barato producir en Chequia o en Bulgaria que en Francia o España. Por lo tanto no descartamos que los trabajadores que hayan perdido su empleo en España tengan que moverse hasta Polonia para trabajar en un sector que desconocen. Mucha gente va a quedar descolgada porque no va a ser capaz de afrontar esta movilidad laboral.

Sorprende el posicionamiento de los partidos políticos del Congreso. La mayoría, en la última votación celebrada a este respecto, se mostraron partidarios al TIPP pese a todos los riesgos que supone, según usted, para el ciudadano. ¿Qué explicación le encuentra a esa postura?posicionamiento de los partidos políticos del Congreso

Estamos hablando del tratado de las corporaciones y de las transnacionales. Los políticos suelen estar muy pegados a las grandes corporaciones, a las grandes empresas. Así se explica. Además se transmite un idea absolutamente falsa al equiparar un aumento de comercio con creación de empleo y la mejoría de la situación general de los países participantes en ese tratado. No necesariamente la masa salarial aumenta con el crecimiento del comercio. Ellos van a intentar reduccir los costes laborales y sociales todo lo que puedan, para aumentar su riqueza. Pero después no necesariamente va a revertir en los trabajadores o en las empresas. Una inversión industrial requiere de un periodo de amortización amplio. Ante esto se van a decantar por acceder al mercado financiero para obtener rendimientos en un corto plazo y aumentar así su riqueza. Se genera con este sistema un modelo de nuevas corporaciones y mercados financieros que va a ir en contra de los intereses y bienestar de los ciudadados. Otra razón que explica la postura de los políticos es que no conoce el TTIP. Se limitan a repetir los argumentos de la Comisión Europea como una especie de mantra.

¿Cuál será la fórmula al someterlo a votación?

Se trata de un tratado mixto, que al contrario que los habituales, los bilaterales, que no modifican las legislaciones nacionales, este sí lo hace. Tiene que ser aprobado por el Consejo de Europa, después por el Parlamento Europeo y por los 28 países de la UE. Pero se sometará a votación con la condición de mantener el texto acordado inalterable, no se puede cambiar nada. La única respuesta posible en esa votación será sí o no. Ya hay países que van a decir que no, como Grecia, que así lo ha anunciado. Hay otros como Austria y Alemania en los que la oposición es muy fuerte y hay un debate público serio. Y luego países como España que actuamos ante el TTIP como meros corderos.

¿A los ciudadanos no nos queda mucho margen de maniobra, no cree?

Todo el mundo pensaba que era imposible la caída del muro de Berlín, o era impensable en el siglo XIX una jornada laboral de ocho horas. Todo eso que parecía inamovible, ha cambiado. Ahora podría ocurrir lo mismo. Aquellos que conocen el TTIP deben esforzarse en difundir las graves consecuencias que tiene su aplicación en diferentes ámbitos de los que nadie escapa. Los ciudadanos ven el tratado como algo lejano que solo concierne a EEUU y a la Unión Europea pero les va a afectar a todos. Deben ser conscientes de que con la llegada del Tratado de Libre Comercio en muchas empresas pueden ser despedidos o ver reducido su jornal o puede ser el fin de las vacaciones anuales pagadas. Les animo a levantarse del sofá, informarse, organizarse y protestar.

¿Tiene usted mucha fe en la movilización social?

Sí, la presión social puede parar y parará el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la Unión Europea. Ya pasado antes con el ACTA, (del inglés 'Anti-Counterfeiting Trade Agreement', traducido como Acuerdo comercial anti-falsificación). Ese tratado, que comenzó a gestarse en el 2008, sufrió un proceso parecido y en diciembre del 2012 definitivamente y oficialmente, la Unión Europea dijo que no iba a firmar el ACTA. Al conocerse poco a poco su contenido real, a través de filtraciones de documentos, la gente se organizó, sobre todo en el centro y norte de Europa, y lucharon y obligaron a la Comisión a rechazar, en contra de todos los pronósticos, el ACTA. Fue un gran triunfo social que esperemos que se repita ahora con el TTIP.