Los principales acusados piden la nulidad total del mayor caso de corrupción en Euskadi
- El Fiscal jefe pide más de 450 años de cárcel para los 26 encausados que se sientan desde este lunes en el banquillo en la Audiencia de Álava
Los abogados de los tres principales encausados en el 'caso de Miguel' -todos ellos altos exdirigentes del PNV en Álava en 2010- el mayor caso de corrupción en Euskadi, han solicitado la nulidad de toda la instrucción e investigación al entender que se han vulnerado derechos fundamentales como el de inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías y sin dilaciones indebidas. Esta petición de las defensas, que en parte ya fue analizada y rechazada en su día por el tribunal de la Audiencia de Álava, que preside el magistrado Jaime Tapia, ha marcado el arranque este lunes del macroproceso por el mayor caso de corrupción en Euskadi, que salpicó al PNV alavés en 2010 cuando este partido estaba dirigido por el actual lehendakari, Íñigo Urkullu.
La Fiscalía pide para los 26 encausados, muchos de ellos relacionados con el PNV orgánicamente o en cargos institucionales, más de 450 años de cárcel por diferentes delitos relacionados con prácticas de corrupción (cohecho, prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales) o coacciones y 119 años de prisión para los principales acusados. El Ministerio público pide 54 años para el supuesto cerebro de la trama corrupta, Alfredo de Miguel, Txitxo.
Gonzalo Susaeta, letrado de Alfredo de Miguel, principal imputado y supuesto cerebro de la red de empresas tejida para el cobro de comisiones ilegales a partir de los contratos obtenidos de diferentes instituciones controladas entonces por el PNV, ha llevado la voz cantante en la exposición de las cuestiones previas. En su intervención ha solicitado la nulidad total primero y parcial en relación a alguna de las pruebas de cargo básicas en la causa como las grabaciones aportadas por la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi, la persona que destapó ante la Fiscalía la causa de corrupción en noviembre de 2009. Se trataba en el inicio de una extorsión de 100.000 euros que sacó a la luz otros 700.000 euros en comisiones, 16 millones en operaciones irregulares y un `sueño´urbanístico de 65 millones de euros. 100.000 euros era la mordida solicitada y Kataia Consulting -la clave de bóveda de la supuesta red corrupta- la asesoría sin actividad que se utilizaría como empresa pantalla para la operación.
El letrado de Alfredo De Miguel, entonces diputado foral de Álava y número dos del PNV en el territorio alavés, ha apuntado en su exposición -a la que se han adherido posteriormente los abogados de los también dirigentes peneuvistas entonces Aitor Telleria y Koldo Ochandiano- que el juez instructor y los agentes que procedieron a las detenciones de los encausados y requisaron sus ordenadores y material informático y los ertzainas de la Unidad de Delitos Económicos que trabajaron en la investigación de la presunta red corrupta, vulneraron numerosos derechos fundamentales de sus defendidos. El abogado Susaeta, en concreto, considera que la investigación, desde su arranque, vulneró el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con garantías. “Los agentes realizaron una ocupación generalizada e indiscriminada” en los tres domicilios de los principales encausados de ordenadores y materiales informáticos sin “mandamiento, ni habilitación expresa del juzgado”, ha apuntado en su exposición, calificada como “brillante” por los letrados de Telleria y Ochandiano, los otros dos dirigentes del PNV que se sientan en el banquillo de los acusados.
El letrado entiende, invocando jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las pruebas logradas de manera “ilegal” por la Policia vasca -la teoría de los frutos del árbol envenenado- anulan todo el trabajo de investigación del juez instructor y de la Ertzaintza y la causa en su conjunto.
La otra gran causa de nulidad invocada por los letrados tiene que ver con las 24 grabaciones aportadas por Ainhoa Alberdi al fiscal jefe de Alava, Josu Izaguirre, contenidas en una grabadora marca Olympus en noviembre de 2009, cuatro meses antes de la operación policial por la que se detuvo a los principales implicados. El abogado Susaeta considera que la citada grabadora no ha tenido la custodia necesaria habiéndose roto la “cadena de custodia”, al tiempo que cree probado que hay “serios indicios de haber sido manipulado” su contenido.
En su exposición, el letrado de De Miguel ha indicado que no se sabe ni “qué grabadora, ni con que contenido” llegó a manos de la Ertzaintza para que realizara las transcripciones aportadas a la causa. “No se indicó ni el número de serie, ni la marca” al ser entregada inicialmente a la policía, en 2010, algo que el juez solo precisa “por primera vez” en una resolución del 6 de julio de 2011, ha explicado el letrado, que en todo momento ha dibujado el trasiego de la citada grabadora entre la Fiscalía, la Ertzaintza y el juzgado como si de un “deambular” sin control se tratara. “Es una prueba claramente contaminada y con serios indicios de haber sido manipulada”.
Que los encausados declaren al final
El resto de los abogados que han tomado la palabra en la primera sesión del juicio -los de los encausados Aintzane de Miguel, hermana del supuesto cerebro de la trama corrupta; el empresario constructor Jon Iñaki Echaburu, del que fuera gerente del Parque Tecnológico de Álava (Miñano) en 2006 y supuesto responsable de las irregularidades ocorruidas en las dos operaciones de la ampliación de Miñano, Alfonso Arriola, y de Julián Sánchez Robles, responsable de la red de parques tecnológicos del País Vasco en 2006- han seguido la estela marcada por el letrado Susaeta a la hora de pedir la nulidad total o parcial de la causa por vulneración de derechos fundamentales.
Todos los abogados defensores que han tomado la palabra para enumerar sus cuestiones previas han solicitado también que el tribunal acceda a situar las declaraciones de los 26 encausados al final, después de escuchados a los testigos y a los peritos propuestos por las partes. En definitiva, algo que ya pasó el año pasado en dos juicios muy mediáticos como fueron el de 'la manada' en la Audiencia de Pamplona -la violación a una joven en los Sanfermines- o uno de los juicios por el caso de corrupción Gürtell, que afecta al PP. Ambos pendientes aún de conocerse las sentencias.
