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“La reacción al chantaje terrorista de ETA fue muy tardía”

Florencio Domínguez, periodista y experto en terrorismo de ETA.

Aitor Guenaga

Florencio Domínguez (Caparroso, 1956) es probablemente el periodista que más sepa de ETA en España. Estudioso del fenómeno terrorista, este doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra analiza en esta entrevista la situación actual de ETA y desgrana el estudio que está realizando, junto a otros expertos, historiadores y economistas, de la incidencia de la extorsión etarra.

Ha muerto Charles Pascua. Con él al frente del Ministerio del Interior se inició el fin del ‘santuario francés’ de ETA.

Llegó al ministerio en 1986 con el gobierno de cohabitación de Chirac. Eliminaron el santuario francés, la situación de comodidad que había en Francia en donde los miembros de ETA no estaban escondidos, y lo hicieron con detenciones y expulsiones masiva: entre 1986 y los primeros meses de 1988 expulsaron a 189 miembros de ETA. Y obligó a ETA a dispersar a su gente por toda Francia, enviarla a América y, sobre todo, a hacerse más clandestina.

Algunas personas han vinculado esta reacción tardía del Gobierno francés con la actividad del terrorismo de los GAL en suelo francés. Hasta entonces ETA era un problema interno de España.

Hay una interpretación del que fue embajador francés en España Pierre Guidoni, que dice justo lo contrario. Sostenía que a finales de 1983 ya había un acuerdo entre los gobiernos español y francés para poner en marcha medidas policiales contra ETA. Y que la aparición de los GAL lo dificultó. Hubo además otro factor en esta política de mano dura de Pascua ajeno por completo al terrorismo de ETA: una campaña de atentados en París de un grupo libanés que creó una gran inquietud en la opinión pública francesa. El Gobierno no conseguía contener esa oleada terrorista y transmitió firmeza contra el terrorismo golpeando a otro cuyos miembros estaban a la vista en Francia.

En la retina de muchos aún perdura esa imagen de gente pagando el chantaje terrorista en bares de Bayona o San Juan de Luz a plena luz del día.

Es que lo del ‘santuario francés’ no era solo una imagen periodística, era una situación real que daba grandes facilidades a un grupo terrorista que en España estaba en la clandestinidad, pero al otro lado sus dirigentes operaban a la luz del día: se sabía dónde vivían, estaban registrados en las oficinas de empleo, cobraban ayudas sociales del gobierno, tenían trabajo. Organizaban cursillos de adiestramiento a los que iban hasta 30 personas simultáneamente a un caserío hasta 15 días.

Hoy en día parece impensable.

¡30 personas allí metidas! Les permitía dirigir los comandos, etc. Y sobre todo para la extorsión: no hacía falta más que cruzar la frontera e ir a determinados bares o domicilios para pagar.

La reacción social ante el terrorismo etarra fue muy tardía, a pesar de que ETA ha matado sobre todo en democracia. ¿En el caso de la extorsión, ocurrió igual?

También muy tardíamente. La extorsión era una cosa que se llevaba en la intimidad, tanto si el extorsionado decidía pagar, como si decidía lo contrario. En las entrevistas que hemos hecho en el estudio se ve que muchos de ellos ocultan a su familia que han recibido la carta. No tenía trascendencia pública. Solo mucho después comienza la movilización desde las organizaciones empresariales.

¿Cuándo se produce ese cambio? En el caso de la movilización social contra ETA el nacimiento de Gesto fue un factor importante para activar esa reacción.

En el caso de la extorsión había un hándicap para arropar a los extorsionados que era la existencia de una mentalidad poco solidaria con los patronos que decía aquello de “son empresarios, serán ricos y además son unos explotadores”. En los años 90 en el Goierri hay algunas plataformas que se mueven y activan y hacen declaraciones públicas en contra de la extorsión. Pero estamos hablando de la década de los 90.

¿Qué parte del presupuesto de ETA, que llegó a ser de hasta seis millones de euros en los 80, llegaba de la extorsión y de los secuestros?

A valor actual, de los secuestros realizados entre 1973 y 1997 ETA recaudó entre 101 y 104 millones de euros. Pero hacer una estimación de lo que ha supuesto la extorsión es imposible.

Usted ha afirmado que cuando ETA dispuso de menos dinero su capacidad terrorista quedaba mermada. ¿Qué tipo de reproche, moral, político, penal…, se les puede hacer a los que cedieron al chantaje?

Es complejo. No todas las situaciones fueron las mismas: no es lo mismo un empresario que puede irse, que uno que tiene un pequeño negocio y no se lo puede llevar y vive en un ambiente social muy presionado por el mundo del terrorismo; no es lo mismo tener un negocio en el Goierri que en Bilbao. Probablemente la mayoría de los extorsionados no ha pagado, aunque es verdad que han pagado los suficientes para que se mantuviera y financiara el aparato terrorista. En similares condiciones ha habido muchos que no han cedido. ¿No tenían más remedio que pagar? Algunos habrán pensado que pagando se quitaban el problema.

Algunas organizaciones como el Grupo Mondragón no cedieron al chantaje, ¿por qué le parece destacable?

Porque es un grupo simbólico en la economía y sociedad vascas. Tiene un valor ejemplar que no dudaran. Muchas veces se le ha criticado por su afinidad con el nacionalismo, incluso con la izquierda abertzale, y ha sido objeto de campañas. Cuando les llega la extorsión no dudan, en el minuto uno la rechazan sin vacilar.

Dibuja usted a una organización muy metódica con el dinero, que obligaba a los terroristas a apuntar el gasto de un bocadillo.

No les pasaban una. Si había un desfase de dinero, la dirección pedía explicaciones. Los gastos eran al euro. Si comían un bocadillo, si fumaban, cada uno lo tenía que registrar. La obsesión burocratizadora con Soledad Iparragirre, ‘Amboto’, llegar a ser tremenda: hace unas tablas para controlar los gastos día a día por conceptos como comida, casa, material, ropa, transporte…

En lo que sí han tenido éxito fue en el tema del lenguaje: por ejemplo al colocar el concepto del ‘impuesto revolucionario’.

Sí, es evidente. Lo del impuesto revolucionario viene de la influencia de los Tupamaros, que desarrollaron las ideas de un Estado paralelo: ellos tienen prisiones, nosotros ‘cárceles del pueblo’, ellos cobran el IRPF con su Hacienda, nosotros cobramos el ‘impuesto revolucionario’. El término con el que han tenido más éxito es el de zulo, incorporado por la Real Academia.

¿Dónde estamos ahora en este proceso unilateral de fin del terror que inició ETA en octubre de 2011?

No hay que olvidar que ETA ha sido llevada del ronzal hasta esa decisión. Pero su objetivo sigue siendo tratar de negociar el desarme con los gobiernos. Diferencia dos escenarios: el sellado de las armas y el desarme. Para el sellado está dispuesta a hacer cosas, con acompañamiento y teatro internacional. Pero manteniendo el control de las armas, sin un control exterior. Pero el desarme, la destrucción de las armas los siguen condicionando a la negociación con los gobiernos; a esa parte no han renunciado. Están haciendo tiempo a que acabe la legislatura de Rajoy.

¿Cree que ETA ha podido vender parte de su arsenal?

La guerrilla salvadoreña ocultó parte de sus arsenales a las brigadas de desarme de la ONU, y se descubrieron en 1993 cuando se produjo una explosión en Managua en un taller en Santa Rosa que precisamente estaba gestionada por ETA, en concreto por Eusebio Arzallus, ‘Paticorto’. Cuando el IRA negocia sus acuerdos de paz, una parte de sus armas las vende. Y lo sabemos porque una parte se la vende a ETA. Después de firmados los acuerdos, vende material. Es una práctica que se ha producido, luego no se puede descartar -porque ETA necesita dinero- que, al final, recurra al mismo sistema.

Hay una frase que repite el ministro del Interior: “ETA son sus presos y poco más”. ¿Habría que flexibilizar la política penitenciaria?

La ilegalización de Batasuna acabó convirtiéndose en un instrumento para que Batasuna presionara a ETA para que lo dejara. Tardaron seis años. Probablemente lo que hay en el trasfondo de la negativa a modificar la política penitenciaria es que puede conseguir a medio plazo que los presos presionen a ETA para que se disuelva. El mundo de ETA ha analizado que el acercamiento de presos sería el primer éxito político para luego plantear las demandas políticas. Hay un liderazgo ortodoxo dentro de las cárceles y el colectivo sabe que tiene que estar a lo que decidan éstos, que además han sido jefes de ETA. Y solo cuando ellos ven bien en una entrevista las peticiones de traslado a las cárceles vascas. Es una estructura de control de sus presos organizada por ETA en 2012 y de momento le funciona el mecanismo de control.

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