El fantasma de la reapertura planea de nuevo sobre Garoña
La posibilidad de que la central nuclear de Garoña vuelva a la actividad hasta 2031 parece estar más cerca. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) comenzará este miércoles a estudiar el informe técnico sobre la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña hasta los 60 años de su vida útil. Garoña está parada desde diciembre de 2012 por decisión de sus propietarios Iberdrola y Endesa, que tienen el 50% cada uno de Nuclenor, y hace ahora justo un año el consejo ya pospuso también su informe sobre la continuidad de la planta.
Aunque la decisión se va a prolongar en el tiempo dada la cantidad de documentación que deben analizar los cinco miembros del citado consejo, varias fuentes apunta que la decisión que se sopesa es favorable a la reapertura, aunque obligando a la empresa propietaria Nuclenor a adoptar medidas técnicas e inversiones importantes para asegurar que la central opera con total seguridad.
El CSN, máximo responsable en materia de seguridad nuclear y órgano controlado por el PP -que ha nombrado a tres de los cinco consejeros por dos el PSOE-, debe elaborar un informe preceptivo y vinculante con los requisitos necesarios para la reanudación de la planta, en el caso de que finalmente dé su visto bueno. En el caso que fuera negativo, Garoña se mantendría cerrada, pero si la opción que parece ganar terreno, la de la reapertura, se confirma, la decisión final correspondería al Gobierno del PP.
Dada la cantidad de condicionantes -sobre todo a nivel técnico, que vendrían acompañados de importantes cantidades de inversiones para cumplirlos-, serán las dos empresas eléctricas las que finalmente determinen si volver a poner en funcionamiento la planta nuclear, situada en Burgos, merece la pena.
Oposición ecologista
Los ecologistas, que han vuelto a exigir el cierre definitivo de la planta nuclear próximo al País Vasco, han apuntado que entre otros aspectos Nuclenor debería cambiar cientos de kilómetros de cables o la torre de enfriamiento que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone para la reapertura de Garoña.
Se da la circunstancia de que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comunicó en abril de 2016 a los sindicatos que la central nuclear de Santa María de Garoña se cerraría “por motivos económicos”. Así quedó recogido en un correo electrónico remitido por la central mayoritaria en Euskadi, ELA, a la plantilla de la primera eléctrica española.
Galán habría realizado dicho anuncio en un encuentro con los sindicatos y los máximos representantes de Recursos Humanos de la eléctrica, en la víspera de la Junta General de Accionistas de Iberdrola del pasado año, celebrada en abril. En la citada reunión también estuvieron el director de Finanzas y de Recursos de Iberdrola, José Sáinz Armada, y el director de Recursos Humanos, Ramón Castresana.
Oposición vasca, Castilla León a favor
El Gobierno vasco, a través de su portavoz Josu Erkoreka, ha vuelto a reiterar la postura “claramente contraria” de las instituciones vascas -tanto del Ejecutivo, como del Parlamento- a la reapertura de la central nuclear. El propio diputado general de Álava, el peneuvista Ramiro González, en una entrevista en este periódico, mostró sus dudas sobre el futuro de Garoña y dijo textualmente: “cuando vea que se empieza a desmantelar Garoña me fiaré y estaré tranquilo”.
Este martes, el diputado general alavés ha apuntado que la reapertura de Garoña sería un hecho “gravísimo, inaceptable y un ataque a Álava”, territorio al que “no se tiene en cuenta para nada” a pesar de la “responsabilidad e influencia en el PP nacional” de Javier Maroto y Alfonso Alonso. “El PP alavés es responsable de esta decisión y tendrá que dar explicaciones para las que no valen posicionamientos personales”, ha advertido, en alusión a la oposición pública de Maroto a la continuidad de Garoña.
Frente a esas posiciones -mayoritarias en Euskadi-. el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cree que la citada central nuclear es “necesaria para la producción energética” y ha explicado que si el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) decide renovar la licencia de explotación sería una buena noticia. En todo caso, ha insistido en que hay que asegurar las condiciones de las instalaciones y ve “imprescindible” el visto bueno del consejo de seguridad. Y ha cifrado en 500 empleos directos y unos mil indirectos la repercusión de la reapertura en el empleo en el entorno de Miranda de Ebro.
