“Una relación laboral simulada” para cobrar 300.000 euros sin trabajar
“Ha quedado acreditado el carácter simulado de la relación laboral” y que, pese al “carácter fraudulento constatado”, dos destacados miembros del PNV han cobrado salarios por casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo. Son algunas de las conclusiones del acta de Inspección de Trabajo del llamado 'caso Nieves', el exalto cargo del PNV que cobró durante tres años de una empresa pública cerca de 200.000 euros sin ir a trabajar. En realidad, sí trabajaba pero no para quien le pagaba, sino para el PNV como asesor del entonces presidente del partido en Bizkaia, Andoni Ortuzar.
Un caso destapado por eldiarionorte.es que ya es investigado por un juzgado de Barakaldo y que ha imputado a los dos cualificados miembros del PNV (Juan Cruz Nieves e Iñigo Camino, exasesor del actual presidente del PNV, Iñigo Camino) de los delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación.
El acta, que figura en las diligencias de la investigación del juzgado de instrucción número 2 de Barakaldo, señala que “pese a la ausencia de actividad laboral” tanto Camino como Nieves cobraron además incentivos por casi 22.000 euros (7.800 y 14.000 respectivamente). Se trata de dos personas con gran influencia en el PNV: Camino, además de asesor del actual presidente del PNV el periodo en el que cobraba de la sociedad pública Ibarzaharra, fue director de Radio Euskadi y del diario Deia, afín a los peneuvistas, y ahora es asesor de este partido en las Juntas Generales de Bizkaia. Nieves fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao,
El informe analiza en 13 folios la supuesta actividad laboral de ambos, que figuraban como adjuntos a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra, dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao. Sobre Iñigo Camino certifica que “pese a la falta de prestación de servicios” cobró 89.580,74 euros (incluidos los incentivos) entre abril de 2008 y septiembre de 2009 (cuando se dio de baja para ocupar el cargo de director de Deia), en lo que califica de “carácter simulado de la relación laboral”. El informe concluye que “ha quedado acreditado” que no existía “ninguna relación con el cargo al que teóricamente debería auxiliar”, en alusión al gerente. Destaca que Camino no aporta “ninguna documentación que pueda sustentar ni siquiera mínimamente la actividad laboral que haya podido desempeñar”.
Tenía, además, un contrato de exclusividad pero, en ese periodo, entre abril de 2008 a septiembre de 2009, Camino ejerció el cargo de asesor del entonces presidente del PNV de Bizkaia y ahora de Euskadi, Andoni Ortuzar. De hecho, en ese año y medio fue el coordinador del foro de reflexión del PNV Think Gaur Euskadi 2020, que diseñó la ideología de los peneuvistas para esta década.
En el acta se refiere a la declaración de Camino, quien asegura que entró en la sociedad para “desarrollar labores de comunicación”, que no tenía relación con el gerente y que “con quien estaba en contacto era con Izaskun Artetxe”, entonces diputada foral de Vizcaya de Innovación y Promoción Económica y actualmente directora general de Innovación y Promoción Económica de la Diputación vizcaína.
En el caso de Juan Cruz Nieves, quien figura como adjunto a la gerencia durante tres años (desde marzo de 2011 a febrero de 2014, ya que se dio de baja semanas después de que este caso fuera desveleado por el diarionorte.es), el acta de la Inspección señala que percibió igualmente un total de 162.714,93 hasta octubre de 2013, “pese a la falta de prestación de servicios”. Ahí no se incluyen las nóminas de los últimos meses hasta febrero de 2014 ni el finiquito de su baja, con lo que la cantidad total rondaría los 200.000 euros.
Sin correo electrónico
El acta de la Inspección concluye que “ha quedado acreditado, de nuevo, el carácter simulado de la relación laboral toda vez que en un periodo de 35 meses tan solo se puede acreditar documentalmente la participación del afiliado en cinco reuniones de la empresa” y sin que Nieves, al igual que “su predecesor Iñigo Camino haya acudido al centro de trabajo o haya mantenido relación significativa con el gerente de la empresa”. De hecho señala que carecía de correo electrónico de la sociedad, a diferencia de los otros dos empleados que sí acudían a su puesto (el gerente y la secretaria). El informe se refiere a que Nieves aportó correos electrónicos enviados a la empresa para justificar su relación laboral “pero ninguno de ellos aparece remitido por el propio Nieves sino que tan solo figura como destinatario”.
Juan Cruz Nieves cumplió 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo.
Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de este diario se difundió su irregular situación laboral. A finales de enero, diez días después de conocerse los hechos, el consejo de administración acordó su despido y todas las funciones de dirección han pasado a otra empresa pública, Abra Industrial, que gestiona una polígono industrial en Ortuella. Nieves presentó el 12 de febrero una carta para causar su baja voluntaria de la empresa, una fórmula pactada con la entidad, que se hizo efectiva el 15 de febrero. Pero no ha devuelto los cerca de 200.000 euros.
La Inspección de Trabajo se refiere a este asunto y señala que, pese a tener derecho a jubilación desde 2010, el exalto cargo pidió la suspensión en febrero de 2011 para seguir cobrando de la sociedad pública. “Como consecuencia de su alta fraudulenta” en Ibarzaharra, el cobro de su pensión se ha elevado de 2.395 euros brutos a 2.803, señala.
La investigación de la Inspección de Trabajo incluye un escrito fechado en julio de 2011 del Departamento de Industria del Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, en el que, como uno de los cuatro propietarios de Ibarzaharra, manifiesta su preocupación por el hecho de que Nieves no acudiera a su puesto de trabajo. “No creemos que debamos mantener un puesto que no se necesita y que no se ejerce. En ese caso, pediría a los representantes de Sprilur (la sociedad pública del Gobierno presente en el accionariado) que solicitaran la amortización del puesto. No creo que sea bueno en tiempos de crisis utilizar dinero público para mantener puestos de trabajo fantasma”. Esta petición no fue atendida por las otras instituciones de Ibarzaharra, el Gobierno central, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.
El acta de Inspección impone la sanción contra Caminos y Nieves “por simulación de la relación laboral” así como contra la empresa y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social de los dos afectados. Tras este informe, el caso pasó a la Fiscalía, que, tras estudiarlo y ver indicios de delito penal, lo ha enviado al juzgado de Barakaldo encargado ahora de la instrucción judicial.
