El periodista multado por la 'Ley Mordaza' no pagará la multa
El equipo de la revista Argia, publicación en euskera, no pagará la multa impuesta por el Gobierno central al periodista de su redacción Axier López, quien ha sido sancionado con 601 euros de multa por publicar una foto de una operación policial “sin autorización”. Se trata de la primera multa a un periodista en el ejercicio de su profesión en aplicación de la Ley de Protección Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza'. A López se le acusa de difundir a través de su cuenta de Twitter fotografías hechas durante una operación policial. Las imágenes en cuestión reflejan el momento en el que Naroa Ariznabarreta es detenida en la localidad de Eibar (Gipuzkoa) el 3 de marzo. Un juzgado de San Sebastián había ordenado la detención e ingreso en prisión de Ariznabarreta por no presentarse en el juicio por “la acción de bloqueo mediante encadenamiento de la autopista A-8” protagonizada por ella y otros jóvenes en 2007 para denunciar la ilegalización de Segi.
Argia, que tacha a la 'Ley Mordaza' de “injusta y contraria al derecho de informar”, anuncia que presentará un recurso a la medida adoptada por el Gobierno. “Consideramos que esta sanción por publicar en Twitter un suceso que estaba ocurriendo es un ataque contra Argia y contra todos los que sustentan el proyecto”, han afirmado desde la revista en un comunicado titulado No pagamos la multa, lucharemos contra la Ley Mordaza, tras celebrar una asamblea en su sede de Lasarte-Oria. Para el colectivo, la 'Ley Mordaza' “convierte en delito el hacer periodismo y la libertad de expresión”.
Mientras, la Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea (AVP-EKE) y el Colegio Vasco de Periodistas también han condenado la sanción. Para la AVP y el CVP, esta ley es un “ ataque directo al derecho de información y, por lo tanto, a la labor que desarrollan los profesionales de los medios de comunicación”.
La Asociación recuerda que los profesionales de la información ya cuentan con medidas de autorregulación, a través de normas y códigos deontológicos, por lo que exige la retirada inmediata de la 'Ley Mordaza'.