Los vascos toleran el acceso a la sanidad y educación de los inmigrantes, pero recelan sobre la RGI
La tolerancia de los vascos hacia los inmigrantes ha crecido en el último año, hasta situarse en el 59% los que no ven ningún inconveniente en la inmigración, el punto más alto desde 2007. Es en aspectos como el acceso a la sanidad, la educación o la concesión de asilo donde la aceptación es mayor, pero cuando se pregunta por la concesión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), las cosas cambian y aumentan los recelos. Un 48,5% de los ciudadanos apoya que todas las personas, autóctonas e inmigrantes, puedan acceder a la RGI si lo necesitan “según los requisitos actuales” de la normativa. El resto ya pone más trabas. Esta es una de las cuestiones más delicadas cuando se pulsa la opinión de la ciudadanía sobre las ayudas sociales y la posible sobrerrepresentación de los extranjeros.
El Observatorio Vasco de la Inmigración-Ikuspegi ha presentado su informe 'Percepciones y actitudes hacia la inmigración extranjera 2016', que, en términos generales, dibuja una mejoría de los ciudadanos respecto a esta parte de la población. Los datos de Ikuspegi reflejan que un 43,5% delos encuestados entraría en la categoría de 'tolerantes', mientras que un 38,3% es catalogado como 'ambivalente' y un 18,2% como 'reacio' hacia la inmigración extranjera.
Para Ikuspegi, el “deterioro” de las actitudes hacia este sector de la población ha estado muy ligado a la crisis económica, a pesar de que siempre han aportado más a las arcas públicas de lo que han recibido.
El trabajo analiza algunos de los principales estereotipos relacionados con las personas que llegan de otros países, entre ellos los que afectan a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una prestación económica para personas sin recursos económicos o en riesgo de exclusión social. La concesión de esta ayuda está ligada a una serie de requisitos, como la inexistencia o escasez de ingresos y de patrimonio. Además, para poder acceder a esta prestación, tanto las personas autóctonas como las extranjeras, han de tener una antigüedad mínima de tres años de empadronamiento en Euskadi.
Para el 48,5% ciento de los ciudadanos todas las personas puedan acceder a la RGI si lo necesitan, mientras que solo un 3,3% piensa que ningún inmigrante debería acceder a la RGI.
Apoyo a los refugiados
Las posiciones más favorables hacia las personas refugiadas han aumentado en el último año: el 29,8% estima que hay que acogerlas sin restricciones frente al 22,1% de 2015. Si se suman los porcentajes de aquellas personas que afirman que tienen que tener acceso sin restricciones o una vez que demuestren su condición de perseguidas, la cifra asciende hasta un 71%.En todos estos casos es cuando sale a relucir la vertiente más solidaria de la sociedad vasca.
En cambio, mantiene reservas sobre el modelo de integración. Por ejemplo, el 85,4% piensa que son las personas inmigrantes las que tienen que esforzarse en adoptar las costumbres y tradiciones de las autóctonas, y un 70,7% está de acuerdo en que la plena aceptación exige la renuncia de aquellos aspectos de la religión o de la cultura que entran en conflicto con la legislación local (en 2015, un 63,9%). En 2016, las posiciones asimilacionistas se han reforzado, siendo éste uno de los pocos temas en los que no se nota un cambio de ciclo en las actitudes hacia la inmigración.
