Una jueza complica la vida a Urkullu al reconocer los días de antigüedad a miles de funcionarios
El Gobierno del lehendakari Urkullu tiene un nuevo problema que puede tener incidencia en los futuros Presupuestos o en los servicios públicos. Una sentencia firme ha reconocido los días de antigüedad a los empleados públicos vascos que les habían sido arrebatados por el Real Decreto aprobado por la vía de urgencia por el Ejecutivo de Rajoy el 13 de julio de 2012 en sus primeras medidas de recortes para garantizar “la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. La resolución judicial, de marzo de este año, pero que es firme ahora tras la negativa del del Tribunal Supremo a admitir a trámite el recurso, se refiere a los dos días de antigüedad de 2013 que tienen reconocidos los ertzainas a partir de los 18 años de ejercicio, pero al ser firme en principio es extensible a todos los empleados públicos. En el caso de Euskadi, 41.046.
A los 50 millones de euros que ya va a tener que desembolsar en diciembre por el 25% de la paga extraordinaria de 2012 que fue suprimida por orden de Rajoy, ahora se puede unir otro volumen importante de gasto o, en el caso de que se den los días, puede suponer que algunos servicios públicos (sanidad, educación o seguridad) se resienta por el volumen de horas que implica esta decisión judicial.
En Euskadi hay cerca de 70.000 empleados públicos, de los que tienen 18 o más años de antigüedad, que según la resolución judicial “son vacaciones” a todos los efectos y como tales “vacaciones retribuidas” forman parte del Derecho Social de la UE y del catálogo de “derechos fundamentales de la Carta de la UE”. Y precisamente ese rango es el que le lleva a la magistrada a afirmar que “el derecho a las vacaciones no puede ser interpretado de manera restrictiva”. La resolución judicial consolida los días de antigúedad que los empleados tengan reconocidos a fecha de 15 de julio de 2012.
De unos 42.000 empleados publicos -sin contar Osakidetza, que es un ente público de derecho privado- el número total de funcionarios que pueden beneficiarse de esta resolución judicial son 23.757. Por sectores dependientes de la Función Pública del Ejecutivo vasco, los empleados públicos se reparten de esta manera: Educación (13.139 trabajadores), Administración general (4.344 trabajadores), Seguridad (6.202), Justicia (72). En total, 23.757 empleados públicos, según datos oficiales facilitados por Función Pública. A este número hay que sumar los trabajadores de Osakidetza -que cuenta con una plantilla estructural de 25.807- que tienen más de 18 años de antiguedad: en total 17.289. Es decir, que el cómputo total es de 41.046 empleados
¿Hay automatismo a la hora de beneficiarse de la sentencia? No, salvo que la Administración decida por ejemplo incorporarlo en la negociación de la Mesa General de la Función Pública. Pero, abierto el reconocimiento en los tribunales, serán los empleados públicos -aquí, pero también en el resto de España- los que tendrán que instar al reconocimiento para beneficiarse de esos días de vacaciones. El caso llegó a los tribunales de la mano de Erne, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza. La sentencia que ha permitido revocar la medida de Rajoy fue dictada por la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao, Ana María Martínez Navas, el pasado 24 de marzo y afectaría a un total de 1.200 ertzainas representados por este sindicato. Otros dos sindicatos tienen en cartera los casos de otros 200 agentes. De hecho, un total de 20 agentes ya han disfrutado de los días correspondientes a 2013. El próximo 7 de noviembre se celebrarán las vistas que afectan a los 1.200 ertzainas que lleva Erne en los tribunales y las resoluciones -que serán idénticas a la primera- se esperan para antes de que termine el año.
Reunión de los letrados del Gobierno
La sentencia, de 13 folios, la jueza considera que la modificación efectuada vía Real Decreto en julio de 2012 por el Gobierno de Rajoy “no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo cumplid los 15 años de servicio o más o 18 o más en la Ertzaintza, hubieren causado derecho a disfrutar de los días adicionales de vacaciones que le correspondieren”. Por tanto, el paquete de recortes de Rajoy vía ese Real Decreto “no impide que el personal funcionario, estatutario, laboral disfrute los días correspondientes al año 2012, conforme a la normativa vigente hasta la entrada en vigor” de ese decreto.
Los letrados del Ejecutivo vasco intentaron sin éxito suspender el proceso mientras se tramitan los recursos de inconstitucionalidad. La juez lo desestimó. Pese a que la sentencia era firme, recurrieron en interés de ley en casacion al Tribunal Supremo. Pero fue inadmitido por un defecto de forma. Esta situación motivo una reunión del equipo de letrados de los servicios jurídicos del Ejecutivo, liderados por el director de lo Contencioso, Alberto Saiz Garitaonaindia, -dependientes del Departamento de Justicia que dirige Josu Erkoreka- ante las implicaciones de la sentencia. La preocupación inicial fue para el Departamento de Seguridad, que es el primero que se enfrenta a la aplicación de una resolución que afecta a todos los sectores.
Ahora, ya hay 20 ertzainas a los que el Departamento de Seguridad les ha dado los días de vacaciones, pero el próximo 7 de noviembre se celebrarán las vistas que afectan a un total de 1.200 agentes para el reconocimiento de los días de antigüedad. Lo que traducido en horas de servicio supone una estimación de 36.000 horas. En dinero, supondría unos 900.000 euros, según cálculos de la central. Estos son los casos que lleva el servicio jurídico de Erne. Luego habría que sumar el resto de causas abiertas y las que puedan venir. El sindicato SATSE ya ha anunciado que tiene otros 1.500 casos en cartera y así con todos los sectores de la Administración -incluidos empleados públicos del resto de España cuyos representantes sindicales se han interesado por la sentencia, según fuentes jurídicas.
