Condena simbólica por vulnerar los derechos de las mujeres
María Teresa (El Salvador) sufrió un aborto espontáneo, fue al hospital y en menos de veinticuatro horas pasó de la camilla a la celda. Fue condenada a 40 años de prisión por un delito de homicidio, dado que la Constitución de este país, que penaliza el aborto en todos los casos, establece que la vida empieza desde la concepción. En el proceso judicial, que careció de toda garantía procesal, no se respetó su presunción de inocencia. Es uno de los ocho casos que se presentaron en el Tribunal de Derechos de las Mujeres, organizado por la ONG Mugarik Gabe este fin de semana en Bilbao, con el apoyo de 23 colectivos feministas y a favor de los derechos humanos.
María, de Navarra, embarazada con sólo 18 años, tuvo que desplazarse a San Sebastián y pagar 300 euros para interrumpir su embarazo, derecho que se le negaba en su comunidad autónoma. Inés, de Gipuzkoa, denunció a su compañero sentimental por violencia de género y, como se había defendido físicamente, terminó acusada de haberle maltratado ella también. Oihana sufrió torturas con componentes sexistas y sexuales durante su detención en régimen de incomunicación en Madrid. María fue perseguida, violada, amenazada, y desplazada forzosamente por un grupo paramilitar en Colombia. Hermelinda, lideresa maya de Guatemala, también se vio obligada a dejar su comunidad, por luchar contra la empresa hidroeléctrica que explotaba los recursos naturales de la región. Sobre ella pesa una orden de captura, acusada de delitos -narcotráfico, terrorismo...- que no ha cometido. A Miren, en Bizkaia, se le negó el derecho a elegir horario a la hora de reducir jornada para poder compatibilizar su empleo en un supermercado con la maternidad. A Alejandra, de nacionalidad paraguaya, los hijos del anciano al que cuida en régimen de interna le exigen una disponibilidad permanente, un abuso que no denuncia ante la justicia, porque teme perder su trabajo y se encuentra sin papeles.
Estos ocho testimonios, que las propias afectadas contaron por escrito, en vídeo o en el propio Tribunal, se presentaron no como anécdotas, sino como exponentes de la vulneración sistemática de derechos que sufren las mujeres -trabajadoras, inmigrantes, indígenas, activistas, presas- en el contexto español y en el latinoamericano. El tribunal simbólico, explicaron sus promotoras, se propone como una “herramienta de la sociedad civil para hacer incidencia política ante situaciones en las que la propia legislación vulnera los derechos de las mujeres”. Son juicios simbólicos contra la impunidad con la que las instituciones “niegan derechos básicos de las mujeres como el derecho a la salud, a la libertad, a la justicia o a decidir sobre la sexualidad y la maternidad”. Se trata también de espacios de empoderamiento, en los que las mujeres no quedan reducidas a víctimas tuteladas por terceros, sino que tienen la oportunidad de contar su historia, hablar de su realidad, denunciar las agresiones sufridas y reclamar justicia.
La jornada se articuló en torno a tres bloques: derecho al aborto, a una vida libre de violencia y a un nivel de vida digno. En cada uno, una experta en la materia expuso cuál es la situación de negación de ese derecho tanto en el País Vasco y España como en países de América Latina. A continuación, integrantes de asociaciones y sindicatos fueron introduciendo los testimonios de las mujeres afectadas, y finalmente una abogada especializada en cada materia hizo las veces de fiscala, argumentando qué derechos y normas había vulnerado cada institución competente. Con esa información, el jurado -formado por personalidades del ámbito académico, judicial y de la defensa de los derechos humanos- emitió al final de la jornada una declaración que fue avalada por la observación internacional, integrada por representantes de las instituciones vascas y organismos internacionales.
El jurado empezó por expresar su oposición a “un sistema capitalista, militarista y patriarcal que sostiene y reproduce la violencia contra las mujeres de manera específica y estructural, anteponiendo el objetivo de maximizar beneficios y lograr el crecimiento económico a la sostenibilidad de la vida”. Denunció que las mujeres que defienden sus derechos se exponen a la criminalización y la impunidad de forma sistemática. “Nos solidarizamos con sus demandas de verdad y justicia, lo que puede constituir una reparación simbólica para todas las mujeres que han sufrido violencias similares”, destacaron.
“Violencia de Estado contra las mujeres”
A continuación, enumeraron sus resoluciones simbólicas de condena contra los Estados y empresas implicados en los casos expuestos. Condenaron al Estado español por vulnerar el derecho al aborto y pretender restringirlo aún más “en complicidad con la jerarquía de la Iglesia católica”; por mantener una Ley de Extranjería que aboca a las mujeres inmigrantes a la precariedad y la explotación laboral; por regular “de forma discriminatoria e indebida” el trabajo doméstico; por desoír las recomendaciones internacionales contra la tortura sexista y la práctica de la incomunicación durante las detenciones, y por no garantizar la justicia para las víctimas de la violencia machista. Al Estado colombiano, por no garantizar los derechos y la reparación de las sobrevivientes de persecución y violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Al Gobierno de El Salvador, por “ejercitar violencia de Estado” contra las mujeres que ejercen el derecho a interrumpir su embarazo y violar el derecho a la presunción de inocencia de aquellas acusadas de haber abortado. Y, por último, al Gobierno guatemalteco por “prestar colaboración militar, policial y judicial” a las empresas empresas transnacionales que explotan los recursos naturales de las comunidades indígenas y agreden a sus líderes y lideresas.
El jurado instó a los Estados y organismos internacionales a cumplir con las normativas en materia de derechos humanos, “más allá de las meras declaraciones de intenciones”. Durante los próximos meses, las organizaciones y personas implicadas en el Tribunal de Derechos de las Mujeres celebrarán reuniones para estudiar cómo hacer llegar sus demandas a las instituciones implicadas, a los organismos internacionales y a la opinión pública.
