Los socialistas llegarán hasta la Justicia europea para impedir la reapertura de Garoña
- “Se trata de una central obsoleta que no aporta nada y que supone un verdadero riesgo para los municipios y ciudadanos”, advierte el PSE
Los socialistas alaveses agotarán todas las vías posibles para que no pueda reabrirse la Central Nuclear de Santa María de Garoña. Así lo han recalcado, anunciando que llevarán esta cuestión hasta los tribunales europeos ya que la central presenta “problemas de seguridad carece de evaluación de impacto ambiental”. Todos los partidos, salvo el PP, están de acuerdo en cerrar la central, que vive una extraña situación de atasco, ya que lleva parada desde diciembre de 2012 por decisión de las eléctricas propietarias que deben afrontar costosas obras para seguir operando
Tras conocerse el informe que avala la reapertura de la central nuclear a cambio de nuevas mejoras de seguridad y antes de que se pronuncie Nuclenor en última instancia, el PSE de Álava ha indicado que va a trabajar “para impedir que Garoña vuelva a funcionar”.
La primera medida será llevar esta cuestión a los tribunales europeos para que dictaminen la obligatoriedad del informe de impacto ambiental a la hora de proceder a la reapertura, “ya que el PP, por decreto, se ha saltado este importante y necesario trámite”.
En caso de que sea “obligatorio”, el Gobierno del PP deberá cumplir con este mandato“. ”El PP nada contra corriente en materia energética cuando el resto de países de la UE apuestan por un nuevo modelo energético“. Es el caso de Alemania, donde apuestan por el apagón nuclear o Francia, que acaba de aprobar su ley de transición energética, que reducirá del 75 al 50% la producción de electricidad proveniente de centrales nucleares en el horizonte 2025.
Mientras tanto, “en España el PP apuesta por la energía nuclear y por la reapertura de Garoña, una central ”más que amortizada y obsoleta que no aporta nada al sobredimensionado sistema eléctrico estatal y que supone un verdadero riesgo para los municipios y ciudadanos“.
La central de Garoña produce energía gracias a una concesión de aprovechamiento del agua del río Ebro otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1971 y, en este sentido, el artículo 66 de la Ley de Aguas señala que “el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos”. Teniendo en cuenta que el cierre oficial de la central se produjo el 6 de julio de 2013, la caducidad “se produjo hace ya más de medio año”.
